La propuesta recogida desde las bases del sector campesino cobijadas por la organizaciones agrupadas en la UCAE, consiente que la actual crisis generalizada que soporta la sociedad ecuatoriana, de la cual son los culpables el sistema capitalista y que ademas se agudiza por la dependencia del imperialismo en la que han sometido a los pueblos del Ecuador y Latinoamerica, expresa lo siguiente:

El campesinado es uno de los sectores más golpeados por la política neoliberal, por los altos precios de los insumos agrícolas y de la importación de los países vecinos a precios mas bajos, sumado a la insuficiencia de agua para riego, de caminos para el traslado de la producción; consecuencias que nos llevan a depender de especuladores y chulqueros, por esta razón con la ilusión de mejorar la condición de vida del campesino y del pescador artesanal. proponemos que el mandato agrícola debe contener dos tipos de medidas una de carácter inmediato que permita combatir los problemas urgentes, y otro a largo plazo que constituya una aplicación de la soberanía alimentaria consagrada en la constitución que se esta aprobando.

Con estos antecedentes proponemos lo siguiente.

1.- Que el Estado esta en la obligación de implementar el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA EMERGENTE (PRAE). Con una linea a largo plazo y bajo crédito con garantía de la producción.

2.- CONDONACIÓN de las deudas incluido capital intereses de los y las productores Agropecuarios con el Banco Nacional de Fomento con un monto hasta USD 10.000,oo.

3.- Que en el Art. 12, EL ESTADO SE SUME A LA IMPORTACIÓN DIRECTA DE INSUMOS fertilizantes agroquimicos, maquinaria para la producción agropecuaria y venta a los pequeños y medianos productores, esto con el objetivo de garantizar la regulación de este mercado a través de la importación directa. También se podrá hacer a través de las organizaciones campesinas legalmente constituidas.

4.- COMERCIALIZACIÓN.- El Estado asuma la comercialización de los productos agropecuarios de la canasta familiar básica, para lo cual se dispondrá de los recursos económicos necesarios para la implementación de ferias libres y silos para el almacenamiento, con el objetivo de disminuir la incidencia de la intermediación.

5.- ASISTENCIA TÉCNICA.- El Estado, a través del MAGAP creará programas permanentes de capacitación y asistencia técnica para los productores agropecuarios pequeños y medianos y firmando convenios con universidades e institutos superiores agropecuarios.

6.- EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DE TIERRAS AGRÍCOLAS .- Extíngase el derecho de dominio de las tierras aptas para la producción agropecuarias que se encuentren inexplotadas o sin ser trabajadas de manera directa por sus propietarios en un lapso de 5 años, cuya extención sobrepasen 100 ha. En la costa, 30 ha. en la sierra, y 200 ha. en la amazonia. Cumpliendo el fin social que debe tener la propiedad que se ha aprobado.

Para este propósito, el INDA en el periodo de 18 meses, elaborara el censo agropecuario para sustentar el cumplimiento de esta disposición.

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La elaboración de esta Constitución es la cristalización de un arduo proceso de lucha que por años han protagonizado los pueblos del Ecuador que confluyen como en un solo puño, cuyos dedos se aprietan cual tenazas ardientes de sangre obrera que recorre intensa por las venas proletarias; obreros, campesinos, artesanos, maestros, estudiantes, pequeños comerciantes, amas de casa, y por su puesto los valerosos hombres y porque no decirlo las valerosas mujeres pescadores y pescadoras, recolectores de concha, camarón, almejas y mil tesoros que subyacen nuestros mares, no nos hemos olvidado de ustedes en esta Constituyente, creemos que de nadie, pero como seres humanos sabemos que todo es perfectible por eso les invitamos a mantenerse unidos, a seguir luchando; ahora que viene la etapa de alerta, cuando la oligarquía herida puede ser instintivamente más feroz porque no querrán perder sus privilegios, entonces, el llamado es claro: ¡a defender este proyecto que ahora es suyo, nuestro, de tod@s!

Porque ahora todas las modalidades de trabajo, sea en relación de dependencia o autónomo, incluidas las labores de autosostenimiento y cuidado humano, gozan de reconocimiento y protección por parte del Estado, que les garantiza igualdad de derechos y condiciones para su desenvolvimiento. Art. 2 de Derechos laborales.

Además el siguiente inciso de este articulado, reconoce como sectores sociales productivos a todas/os los trabajadores/as, esto es: a quienes laboran por cuenta propia o autónoma, entre otros sectores como los comerciantes informales o las amas de casa que hasta ahora no eran reconocidos.

Otra buena noticia para nuestros hermanos pescadores artesanales es que se los ha ratificado a ellos y a sus familias, como beneficiarios del Seguro Social Campesino, el cual es parte del IESS y financiará con aportes estatales, aportes solidarios de los afiliados en relación de dependencia y aportes de los jefes de familia protegida.

Así mismo, hemos declarado soberanía sobre nuestros recursos naturales, incluida su biodiversidad. Es así que en el numeral cuarto del Artículo referido a las obligaciones del Estado en el tema de Soberanía Alimentaria, éste se compromete textualmente a:

“Garantizar preferentemente a la pequeña y mediana agricultura, a la pesca artesanal y recolectores el acceso equitativo a los recursos productivos necesarios para la producción de alimentos sanos”.

“Establecer políticas ecológicas en la actividad agroalimentaria y pesquera, para conservar, mantener y recuperar la biodiversidad, la fertilidad de los suelos y las fuentes de agua”.

Además en el capítulo de biodiversidad y recursos naturales, el Estado regulará la conservación, manejo, recuperación, USO SUSTENTABLE y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles, entre ellos el ecosistema manglar, esto con el objetivo de generar una política de conservación que involucre a los/as pescadores/as que realizan pequeñas actividades extractivas, es decir artesanalmente, debido a que ellos no son los responsables de su depredación sino las grandes camaroneras a quienes se las pretende regular para que adquieran un mayor compromiso con la protección de la naturaleza.

Con estos y otros preceptos constitucionales, se configura un ambiente propicio para la elaboración de una Ley especial que regule la actividad pesquera, privilegiando a la pesca artesanal exclusiva en aguas que encuentran en las proximidades costaneras, como estrategia de protección ambiental y laboral al mismo tiempo.

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Hoy, que de a poco vamos recuperándonos de la pesadilla que representó la aplicación del modelo neoliberal, sabemos que todo era parte de una crisis de valores generalizada y despiadadamente dirigida, especialmente a las instituciones públicas, pues la consiga era derrotar cualquier indicio de modelo planificador para instaurar el caos del libre mercado con su recetario “chicago boys” incluido, que como hemos visto tiene pocos beneficiarios y defensores; casos de corrupción en la cúpula de la iglesia católica (cura flores) y las fuerzas armadas (notario Cabrera) no eran para nada aislados, todo era parte de un plan para posicionar en el imaginario de la gente que el aparato estatal y sus instituciones per se son corruptas e ineficientes.

Tras este panorama, la crisis de las instituciones públicas llegaría también a la Policía Nacional y a sus instituciones que regulan el tránsito, para nadie es nuevo que nuestro país es el campeón de las muertes en accidentes de tránsito, choferes en cualquier modalidad: transporte de personas, transporte pesado, o liviano, o simples ciudadanos nos hemos acostumbrado todos a escuchar y ver en las noticias un promedio fijo de accidentes que ha cobrado la vida de seres humanos que apenas estaban empezando a forjar sus sueños, pero algo peor, nos acostumbramos a vivir y tolerar la corrupción del sucio negocio de las infracciones de tránsito, en un modelo que nos avergüenza a todos. No podemos continuar con esto, regular el tránsito en serio, se ha constituido hoy en día en una de las mayores prioridades para los actores que participan en la toma de decisiones en nuestro país, de ahí una primera tarea y la urgencia con la que exhortamos al gobierno y la Asamblea Constituyente para la aprobación de la nueva Ley de Tránsito.

Entendamos al tránsito, entendamos que no solo se trata de carritos que infraccionan las normas impuestas y que hay que sancionar o multar a sus conductores, se trata también de un problema social. En pleno siglo XXI para nadie es discutible la necesidad de la movilización rápida para cumplir con nuestras funciones como ciudadanos, integrantes de una familia, trabajadores, estudiantes y más, que a veces tenemos que cumplir en su conjunto. Para ello se han creado algunas alternativas, que también son utilizadas como fuentes de trabajo, hablo de todas las formas de transportación que existen, buses, taxis, transporte ejecutivo o comercial, mototaxis, tricimotos y triciclos, todos merecen y se han ganado un espacio en la participación de la tarea del tránsito.

Es inadmisible la contradicción que nos podríamos estar generando, si mientras por un lado declaramos en la constitución el derecho al trabajo en todas sus modalidades, por otro se está apresando a decenas de ecuatorianos por el simple “delito” de trabajar sin la venia de muchos caciques del taxismo, en lo que parece haberse convertido cierta dirigencia de las cooperativas de taxis, que controlan casi monopólicamente este sistema, pues ingresar al mismo a veces cuesta más que la propia unidad con la que se presta el servicio. Son más de ocho mil familias que viven del transporte ejecutivo o comercial , por ello reclaman, que se les reconozca su trabajo, que se lo dignifique y alejarlo de la categoría que al parecer se los ha querido ubicar al penalizarlos en una forma inaceptable, esta es otra tarea urgente por eso respaldamos la propuesta de la Unión Nacional de Transporte Ejecutivo y Comercial “UNATEC”, de introducir en el texto constitucional una Transitoria o amnistía de trabajo, hasta cuando se apruebe la nueva Ley de Tránsito en la Asamblea legislativa, con el objetivo de que los operativos de control no se reactiven y así se pueda cumplir con el derecho universal al trabajo.

La última urgencia está en entender que nuestra geografía, nuestra economía y nuestra infraestructura vial no son homogéneas; por lo tanto desentenderse del transporte de mototaxis, tricimotos y triciclos en zonas alejadas, playas, sectores rurales o urbano marginales significa que no queremos dar avances reales a la solución de una problemática de la que lo víal, apenas es una arista.

Por eso hacemos un llamado de atención a todos quienes conformamos parte del proceso de toma de decisiones, para que se termine de elaborar la nueva Ley de Tránsito que contempla todos estos aspectos como una forma de ir cambiando el caos que por años nos ha generado este tema.

Lic. Gustavo Reyes

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