Jun
16
SOBRE REGIONALIZACIÓN
Junio 16, 2008 | Por: Abel Ávila |
Debo iniciar mi criterio, dejando clara una posición totalmente cierta: la regionalización, no logra resolver los serios problemas de explotación, exclusión, miseria y contaminación ambiental a que se ve envuelta la clase trabajadora bajo el sistema capitalista, la única garantía de cambio real para los pueblos entonces, tiene que ver con la instauración de un sistema de producción y desarrollo distinto, el cual solo es el socialismo, que se edificará bajo las ruinas del actual sistema que se derrumba por su propia lógica consistente en enriquecer unos pocos bolsillos, para lo cual no escatiman en maniobras que llegan incluso a mercantilizar todos los derechos fundamentales del pueblo como la salud, educación, agua, y discriminar el beneficio de otros servicios básicos, a través del privativo factor monetario, mecanismo que lo han impuesto desde los albores del degradante sistema de las burguesía.
Un claro ejemplo ocurre con el municipio de Guayaquil, conejillo de indias del modelo autonómico de la oligarquía, quien a pretexto de haber luchado por asumir las competencias que el “obeso e ineficiente Estado central no las podía asumir”, lo que ha hecho es privatizar el derecho a la salud, al agua y alcantarillado, y servicios como el ornato, el comercio, la cultura, la cedulación, el turismo, entre otros. Factores que no han resuelto los problemas fundamentales de los pobres de esa ciudad, solo los han escondido y mal, pues no pueden ocultar el abandono y miseria de barrios suburbanos como La prosperina, Mapasingue o los Guasmos, de los que solamente les preocupa la seguridad, como medida de solución a su desigual modelo de tratamiento social.
Lo mismo a ocurrido con los ciertos municipios manejados por la derecha o el populismo que agrandan sus ansias por las autonomías y echan loas a todos estos proyectos, cuyo trasfondo sin darse cuenta es la Secesión, maquinada desde las inefables mentes del imperialismo; y es que algunas cifras dan cuenta que apenas el 6% de los sectores rurales pueden acceder al alcantarillado en el Ecuador y un 35% a electrificación, mientras reclaman más competencias, pero no dicen nada respecto a que el año pasado la Contraloría, a través de sus informes de auditoría, encontró irregularidades en el manejo presupuestario de más del 70% de las municipalidades, ¿así queremos ir a las autonomías?
Claro, tras el promocionado modelo de competencias, lo que se esconde es una estrategia neoliberal de debilitar al Estado Central y evitar de este, tanto el control y regulación de servicios que deben ser sin fines de lucro, como la obligación de garantizar los derechos fundamentales para todo el pueblo.
El modelo neoliberal, no mira eficiencia, servicio, ni acercamiento a las demandas poblacionales, al contrario, a través de sus mecanismos de concesión, trasladan todos los servicios al sector privado, pero como dice nuestro pueblo: “la carne para el empresaurio y el hueso para el pueblo”. Me remito a lo que pasa en la provincia de Manabí con la concesión vial de la avenida metropolitana Eloy Alfaro, en donde se está garantizado un negocio redondo para la empresa privada, ya que ellos no asumirían ningún riesgo económico, transfiriéndole toda potencial perdida al Consejo Provincial, ¿para eso quieren mayor competencias?.
Lo más preocupante es que con esta forma de administrar al Estado a través de la abierta delegación de competencias, se pone en riesgo el innegable e irrenunciable Derechos a la Educación para los pueblos, cuya intensión, para la Derecha es mercantilizarlo, aunque aparentemente hoy no sea visto como “rentable”; por lo que la carga para los pobres, se iniciaría por delegar a los padres de familia, responsabilidades como el pago de profesores a contrato, material didáctico, levantamiento de aulas escolares, etc., hasta que llegue la “prodigiosa mano del capital” que lo resuelva todo, y con esto, se da inicio a la peor de las desgracias para un pueblo, el sometimiento a las oscuras tinieblas de la ignorancia, ¡NO LO VAMOS A PERMITIR!
Por el contrario, creemos firmemente que un verdadero cambio para democratizar los diferentes niveles de gobierno esta en potenciar la organización y participación popular, como los Cabildos Ampliados, Consejos Populares, y mecanismos parlamentarios que permitan estructurar la planificación y los presupuestos, de una forma técnica y participativa, acogiendo los proyectos de las legitimas organizaciones populares de base.
Es por eso que consideramos indelegables las competencias que en el sector salud y educación debe asumir el gobierno nacional en el articulo 4.3. “no a medias tintas señores de la mesa cuatro: CERREMOS, Y BIEN CERRADAS, LAS PUERTAS A LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD”.
Por otro lado, para garantizar una adecuada desconcentración y desentralización considero deben ser fortalecidos los niveles intermedios de gobiernos que ya existen, los cuales son los Consejos Provinciales, no nos aventuremos en un modelo de regionalización apresurado, supuestamente novedoso y diferente, me pregunto. ¿Qué ganamos con la novedad y la novelería, desconociendo los factores culturales, antropológicos e históricos que dieron lugar al nacimiento de las 24 provincias?, no nos olvidemos que le costo mucho al pueblo de Santo Domingo y Santa Elena conseguir la provincialización, y ahora no podemos desconocer eso.
Con la propuesta se le asigna una mayor cantidad de competencias a las municipalidades, argumentando equivocadamente que el único y verdadero gobierno autónomo sub-nacional es el municipio y que solo el cantón constituye un territorio, asumiendo que los gobiernos parroquial, provincial, “regional”, nacional son carentes de territorio.
Por otro lado la forma de designación de las autoridades provinciales como lo establece el articulo 3.3., para mi criterio es incorrecta, debido a que no resulta ser democrática la constitución de un Consejo Provincial impuesta de esa forma. Entonces, bajo ese criterio, sería supuestamente válido plantear que ya no debe haber elecciones a legisladores, diputados, asambleístas o como se les llame, sino que los prefectos se harán cargo del poder legislativo; ¿no les parece absurdo?, pero no solo eso, sino que no existiría una representación real en los Consejos Provinciales de los cantones más poblados, por ejemplo, un cantón como Jujan, en la provincia del Guayas, con menos de la décima parte de pobladores que el cantón Guayaquil, tendría la misma representación en el Consejo Provincial. Con esto queda claro que los Consejos Provinciales no tendrían derecho a constituir su gobierno, sería impuesto.
Además, no queda clara la forma en que sería fiscalizado el consejero provincial, que cumple funciones distintas que las de alcalde; si se lo destituye, quién lo reemplaza, si como alcalde queda intacto, y según la propuesta son los alcaldes quienes cumplen esa doble función, inconstitucional por cierto. Si este articulado establece las competencias que deben asumir los consejos municipales, las cuales considero son muy amplias, el Consejo provincial así propuesto, distraería la labor de los alcaldes.
Finalmente, preguntémonos ¿cómo quedaría la labor de un Consejo Provincial, si cada integrante quiere “llevar toda el agua a su molino”? Tal vez con esto se pretende prescindir, a un futuro no muy lejano, de los gobiernos provinciales y llegar sutilmente a la “regionalización a la carta”. Por eso creo que la forma de elección debe ser revisada de la propuesta, universalizándola, y a través de mecanismos técnicos y legales, ampliar la participación del sector rural.