La propuesta recogida desde las bases del sector campesino cobijadas por la organizaciones agrupadas en la UCAE, consiente que la actual crisis generalizada que soporta la sociedad ecuatoriana, de la cual son los culpables el sistema capitalista y que ademas se agudiza por la dependencia del imperialismo en la que han sometido a los pueblos del Ecuador y Latinoamerica, expresa lo siguiente:

El campesinado es uno de los sectores más golpeados por la política neoliberal, por los altos precios de los insumos agrícolas y de la importación de los países vecinos a precios mas bajos, sumado a la insuficiencia de agua para riego, de caminos para el traslado de la producción; consecuencias que nos llevan a depender de especuladores y chulqueros, por esta razón con la ilusión de mejorar la condición de vida del campesino y del pescador artesanal. proponemos que el mandato agrícola debe contener dos tipos de medidas una de carácter inmediato que permita combatir los problemas urgentes, y otro a largo plazo que constituya una aplicación de la soberanía alimentaria consagrada en la constitución que se esta aprobando.

Con estos antecedentes proponemos lo siguiente.

1.- Que el Estado esta en la obligación de implementar el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA EMERGENTE (PRAE). Con una linea a largo plazo y bajo crédito con garantía de la producción.

2.- CONDONACIÓN de las deudas incluido capital intereses de los y las productores Agropecuarios con el Banco Nacional de Fomento con un monto hasta USD 10.000,oo.

3.- Que en el Art. 12, EL ESTADO SE SUME A LA IMPORTACIÓN DIRECTA DE INSUMOS fertilizantes agroquimicos, maquinaria para la producción agropecuaria y venta a los pequeños y medianos productores, esto con el objetivo de garantizar la regulación de este mercado a través de la importación directa. También se podrá hacer a través de las organizaciones campesinas legalmente constituidas.

4.- COMERCIALIZACIÓN.- El Estado asuma la comercialización de los productos agropecuarios de la canasta familiar básica, para lo cual se dispondrá de los recursos económicos necesarios para la implementación de ferias libres y silos para el almacenamiento, con el objetivo de disminuir la incidencia de la intermediación.

5.- ASISTENCIA TÉCNICA.- El Estado, a través del MAGAP creará programas permanentes de capacitación y asistencia técnica para los productores agropecuarios pequeños y medianos y firmando convenios con universidades e institutos superiores agropecuarios.

6.- EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DE TIERRAS AGRÍCOLAS .- Extíngase el derecho de dominio de las tierras aptas para la producción agropecuarias que se encuentren inexplotadas o sin ser trabajadas de manera directa por sus propietarios en un lapso de 5 años, cuya extención sobrepasen 100 ha. En la costa, 30 ha. en la sierra, y 200 ha. en la amazonia. Cumpliendo el fin social que debe tener la propiedad que se ha aprobado.

Para este propósito, el INDA en el periodo de 18 meses, elaborara el censo agropecuario para sustentar el cumplimiento de esta disposición.

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Porque ahora todas las modalidades de trabajo, sea en relación de dependencia o autónomo, incluidas las labores de autosostenimiento y cuidado humano, gozan de reconocimiento y protección por parte del Estado, que les garantiza igualdad de derechos y condiciones para su desenvolvimiento. Art. 2 de Derechos laborales.

Además el siguiente inciso de este articulado, reconoce como sectores sociales productivos a todas/os los trabajadores/as, esto es: a quienes laboran por cuenta propia o autónoma, entre otros sectores como los comerciantes informales o las amas de casa que hasta ahora no eran reconocidos.

Otra buena noticia para nuestros hermanos pescadores artesanales es que se los ha ratificado a ellos y a sus familias, como beneficiarios del Seguro Social Campesino, el cual es parte del IESS y financiará con aportes estatales, aportes solidarios de los afiliados en relación de dependencia y aportes de los jefes de familia protegida.

Así mismo, hemos declarado soberanía sobre nuestros recursos naturales, incluida su biodiversidad. Es así que en el numeral cuarto del Artículo referido a las obligaciones del Estado en el tema de Soberanía Alimentaria, éste se compromete textualmente a:

“Garantizar preferentemente a la pequeña y mediana agricultura, a la pesca artesanal y recolectores el acceso equitativo a los recursos productivos necesarios para la producción de alimentos sanos”.

“Establecer políticas ecológicas en la actividad agroalimentaria y pesquera, para conservar, mantener y recuperar la biodiversidad, la fertilidad de los suelos y las fuentes de agua”.

Además en el capítulo de biodiversidad y recursos naturales, el Estado regulará la conservación, manejo, recuperación, USO SUSTENTABLE y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles, entre ellos el ecosistema manglar, esto con el objetivo de generar una política de conservación que involucre a los/as pescadores/as que realizan pequeñas actividades extractivas, es decir artesanalmente, debido a que ellos no son los responsables de su depredación sino las grandes camaroneras a quienes se las pretende regular para que adquieran un mayor compromiso con la protección de la naturaleza.

Con estos y otros preceptos constitucionales, se configura un ambiente propicio para la elaboración de una Ley especial que regule la actividad pesquera, privilegiando a la pesca artesanal exclusiva en aguas que encuentran en las proximidades costaneras, como estrategia de protección ambiental y laboral al mismo tiempo.

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Hoy, que de a poco vamos recuperándonos de la pesadilla que representó la aplicación del modelo neoliberal, sabemos que todo era parte de una crisis de valores generalizada y despiadadamente dirigida, especialmente a las instituciones públicas, pues la consiga era derrotar cualquier indicio de modelo planificador para instaurar el caos del libre mercado con su recetario “chicago boys” incluido, que como hemos visto tiene pocos beneficiarios y defensores; casos de corrupción en la cúpula de la iglesia católica (cura flores) y las fuerzas armadas (notario Cabrera) no eran para nada aislados, todo era parte de un plan para posicionar en el imaginario de la gente que el aparato estatal y sus instituciones per se son corruptas e ineficientes.

Tras este panorama, la crisis de las instituciones públicas llegaría también a la Policía Nacional y a sus instituciones que regulan el tránsito, para nadie es nuevo que nuestro país es el campeón de las muertes en accidentes de tránsito, choferes en cualquier modalidad: transporte de personas, transporte pesado, o liviano, o simples ciudadanos nos hemos acostumbrado todos a escuchar y ver en las noticias un promedio fijo de accidentes que ha cobrado la vida de seres humanos que apenas estaban empezando a forjar sus sueños, pero algo peor, nos acostumbramos a vivir y tolerar la corrupción del sucio negocio de las infracciones de tránsito, en un modelo que nos avergüenza a todos. No podemos continuar con esto, regular el tránsito en serio, se ha constituido hoy en día en una de las mayores prioridades para los actores que participan en la toma de decisiones en nuestro país, de ahí una primera tarea y la urgencia con la que exhortamos al gobierno y la Asamblea Constituyente para la aprobación de la nueva Ley de Tránsito.

Entendamos al tránsito, entendamos que no solo se trata de carritos que infraccionan las normas impuestas y que hay que sancionar o multar a sus conductores, se trata también de un problema social. En pleno siglo XXI para nadie es discutible la necesidad de la movilización rápida para cumplir con nuestras funciones como ciudadanos, integrantes de una familia, trabajadores, estudiantes y más, que a veces tenemos que cumplir en su conjunto. Para ello se han creado algunas alternativas, que también son utilizadas como fuentes de trabajo, hablo de todas las formas de transportación que existen, buses, taxis, transporte ejecutivo o comercial, mototaxis, tricimotos y triciclos, todos merecen y se han ganado un espacio en la participación de la tarea del tránsito.

Es inadmisible la contradicción que nos podríamos estar generando, si mientras por un lado declaramos en la constitución el derecho al trabajo en todas sus modalidades, por otro se está apresando a decenas de ecuatorianos por el simple “delito” de trabajar sin la venia de muchos caciques del taxismo, en lo que parece haberse convertido cierta dirigencia de las cooperativas de taxis, que controlan casi monopólicamente este sistema, pues ingresar al mismo a veces cuesta más que la propia unidad con la que se presta el servicio. Son más de ocho mil familias que viven del transporte ejecutivo o comercial , por ello reclaman, que se les reconozca su trabajo, que se lo dignifique y alejarlo de la categoría que al parecer se los ha querido ubicar al penalizarlos en una forma inaceptable, esta es otra tarea urgente por eso respaldamos la propuesta de la Unión Nacional de Transporte Ejecutivo y Comercial “UNATEC”, de introducir en el texto constitucional una Transitoria o amnistía de trabajo, hasta cuando se apruebe la nueva Ley de Tránsito en la Asamblea legislativa, con el objetivo de que los operativos de control no se reactiven y así se pueda cumplir con el derecho universal al trabajo.

La última urgencia está en entender que nuestra geografía, nuestra economía y nuestra infraestructura vial no son homogéneas; por lo tanto desentenderse del transporte de mototaxis, tricimotos y triciclos en zonas alejadas, playas, sectores rurales o urbano marginales significa que no queremos dar avances reales a la solución de una problemática de la que lo víal, apenas es una arista.

Por eso hacemos un llamado de atención a todos quienes conformamos parte del proceso de toma de decisiones, para que se termine de elaborar la nueva Ley de Tránsito que contempla todos estos aspectos como una forma de ir cambiando el caos que por años nos ha generado este tema.

Lic. Gustavo Reyes

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El agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable para todos los habitantes del Ecuador; el agua es declarada patrimonio nacional, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para el desarrollo de la vida, para que se de cumplimiento el Estado garantiza la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos, regulando todas las actividades que puedan afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial las fuentes de recarga de agua.

La aprobación en la Asamblea Constituyente de la parte correspondiente al Régimen de Desarrollo en el Capitulo de Biodiversidad y Recursos Naturales es un paso fundamental para la gestión del patrimonio natural y protección del Sistema Nacional de áreas protegidas del Estado, con esto se asignará recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera con la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas, democratizando la gestión, protección y conservación de áreas sensibles ecológicamente.

Cumpliendo ese objetivo el Estado regulará, el manejo, recuperación, uso sustentable, conservación y limitación del dominio sobre los paramos, humedales, manglares, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y otros ecosistemas sistemas frágiles. Adicionalmente, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas, inclusive la explotación forestal.

La conservación de la Biodiversidad es declarada de interés público particularmente la biodiversidad agrícola y silvestre, declarando asimismo al Ecuador como un país libre de cultivos y semillas transgénicas, en un compromiso por la vida. El Estado no realizará convenios o acuerdos de cooperación que menoscaben la conservación, el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos de la naturaleza.

Los Recursos Naturales no renovables son propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado y participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos que no serán inferiores a los de la empresa que los explota. El Estado repetirá el cobro contra la empresa que produjere daño para la reparación integral a más de establecer la sanción correspondiente; con esto el Estado asegura la prevención y la reparación integral de daños ambientales para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas sin perjuicio para los fondos públicos.

En lo parte correspondiente al suelo es prioridad nacional la conservación del mismo en especial la capa fértil para ello el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación de forma preferente con especies nativas y evitará el monocultivo. Para cumplir con con estos objetivos el Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y la restauración de los suelos, desarrollando practicas agrícolas para proteger los suelos y promover la soberanía alimentaria.

Estamos en el camino correcto, los hombres y mujeres democráticos, patriotas que estamos en la tendencia de la izquierda por el cambio revolucionario vamos a decir SI al agua como un derecho humano fundamental, SI al derecho de la Naturaleza, SI a la vida, SI a la Patria Nueva, SI a la Patria Socialista.

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A través de un Mandato y haciendo uso de los plenos poderes que le otorgara el pueblo ecuatoriano desde abril del año anterior cuando el SÍ a la Constituyente triunfara con más del 80%, la Asamblea Constituyente se pronunció a favor de respaldar la acción emprendida por el Gobierno del Presidente Rafael Correa, quien a través de la resolución AGD-UIO-GG-2008 de la Agencia de Garantía de Depósitos dispuso la inmediata incautación de 195 empresas en manos de la familia Isaías que con un puñado de banqueros, politiqueros corruptos y hasta la propia cúpula de la iglesia católica del Ecuador, quien ha osado defender a los Isaias “divinos profetas de la corrupción”, tuvieran carta abierta para saquear el país en una cifra superior a los 8.000 millones de dólares.

Queda atrás esa larga noche neoliberal que con la aplicación de la cuadragésima segunda disposición transitoria de la constitución del 98 legalizara el mayor atraco financiero de la historia ecuatoriana, que luego con la creación de la AGD en manos de los gobiernos derechistas nos llenaría de una profunda indignación, porque esta institución se convertiría en una fuente de negociados y actos plagados de corrupción; todo el pueblo veía con mucho malestar cómo a través de leguleyadas jurídicas retrasaron casi todos los procesos de recuperación de activos a los ex dueños de las instituciones financieras que entraron en saneamiento, mientras unos cuantos funcionarios percibían increíbles prebendas de la bancocracia dorada, que de forma descarada seguía gozando de aquellos bienes lujosos y unos tantos medios de comunicación ahora incautados, en los que constan canales de televisión como TC y Gamavisión que por años han pretendido invisibilizar todo este pestilente robo a los bolsillos de miles de ciudadanos que perdieron los ahorros de su vida, ¡jamás lo podremos olvidar!

La acción de la AGD, debe seguir sin intimidaciones recuperando los bienes de aquellos banqueros corruptos que aún le adeudan cerca de 3500 millones de dólares al Estado ecuatoriano, por eso saludamos el Mandato aprobado por la Asamblea Constituyente el 9 de julio que, en su Artículo 3 dispone que en apego a lo señalado en el Art. 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, la AGD deberá continuar con su proceso de recuperación de activos a los grandes banqueros, sin excepción y sin posibilidad de reparo legal o constitucional alguno. Funcionario jurídico que pretenda tramitrar un recurso de amparo en favor de la bancocracia corrupta debería ir a la cárcel por traición a la Patria. SÍ, seguiremos adelante con este proceso de recuperar el sendero de lucha que nos marcara Alfaro y tantos otros luchadores populares, SÍ, porque SÍ es posible cambiar al Ecuador.

Relaciones Públicas

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En este sentido, consideramos que el nuevo modelo de desarrollo, implica una forma distinta de concebir a la naturaleza como una fuerza viva, no una simple fuente de energía aprovechable, declarándola incluso como sujeta de derechos, lo cual constituye un avance importantísimo en la legislación ambiental a nivel mundial, pero no es menos cierto que este modelo también se sustenta y trae implícito una preocupación constante hacia el progreso social, por tal razón, es fundamental que en el Artículo 9 se defina que el aprovechamiento de los recursos naturales debe obedecer a dos grandes objetivos: el progreso social y la conservación racional de la naturaleza.

Adicionalmente, hablar de que el Estado es el propietario de los recursos naturales existentes en su territorio, mar y subsuelo para esta nueva legión de luchadores ávidos de cambio y comprometidos con la recuperación de la Patria como es la fértil cantera de la juventud y los pueblos actuales, significa en la práctica, declararnos oficialmente desobedientes y no dependientes del imperialismo, lo cual implica ejercer el derecho a la autodeterminación y más explícitamente a la soberanía energética de la que se a hablado poco, por eso consideramos fundamental declarar que en el inciso segundo del Artículo 9 lo siguiente: el Estado, los ciudadanos, pueblos y nacionalidades del Ecuador son los únicos facultados a beneficiarse del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables existentes en el territorio nacional.

Otra observación que hemos propuesto el bloque del MPD es que luego del Art. 11, se incluya el siguiente Artículo.

Art… Por consideraciones ambientales se establecerán regímenes especiales para Galápagos, la Amazonía y las Zonas Marino Costeras, en los términos que determinen esta constitución y la ley.

Los residentes de los regímenes especiales afectados por la limitación de los derechos constitucionales, serán compensados mediante el acceso preferente a actividades de turismo de naturaleza y beneficio de los recursos naturales disponibles.

En el nuevo proceso de reordenamiento territorial, no debemos pasar por alto la necesidad de otorgar un tratamiento especial a zonas de mucha sensibilidad ambiental, por lo tanto esta constitución debe garantizar el respeto y aseguramiento a la riquísima diversidad biológica, como un regalo del Ecuador hacia el mundo.

El Ecuador es uno de los 17 países más biodiversos del planeta; sin dudarlo esta es su mayor riqueza. Asimismo el mar ecuatoriano es un escenario de movimiento, donde millones de especies confluyen al desplazase miles de kilómetros, constituyéndose en un verdadero laboratorio natural, donde se desarrolla y evoluciona la vida. En las aguas que unen las costas del Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, suceden múltiples migraciones que evidencian la conectividad de estos lugares, y que albergan una inmensa diversidad producto de la confluencia de varias corrientes marinas.

Si la palabra clave para describir los procesos marinos es “conectividad”, el término clave para alcanzar el uso sustentable de los recursos es “cooperación”, con un claro reconocimiento a la soberanía de cada país, en este sentido es necesaria la cooperación ecuatoriana para la conservación de especies únicas y el fortalecimiento de las áreas marinas protegidas.

Por todas estas consideraciones ambientales, es necesario que en este capítulo se incorpore un Artículo que considere el establecimiento de regímenes especiales, como Galápagos, la Amazonía y el régimen Marino Costero, mismos que deben ser beneficiarios de atención prioritaria.

Finalmente, una última observación que como bloque MPD, hemos propuesto es que luego del Art. 13, se incluya el siguiente:

Art… El derecho al agua se fundamenta en los principios de solidaridad, equidad, responsabilidad, sustentabilidad y respeto a la naturaleza. Para su ejercicio es necesaria una disponibilidad continua y suficiente, en condiciones de salubridad y sin discriminación, garantizando un mínimo vital gratuito y la perdurabilidad para las futuras generaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 80% de todas las enfermedades en el mundo “en vías de desarrollo”, son causadas por la falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo ésta una de las causas principales de enfermedades y muertes sobre todo en los niños.

Las dimensiones de los impactos a la salud, que en nuestras poblaciones supone no ejercer el derecho humano al agua en buenas condiciones de salubridad son ya innegables. A pesar de los aportes del progreso científico y tecnológico, el agua sigue siendo un problema; por esta razón, en el contexto de un futuro que tiende a superar el modelo neoliberal, no podemos más que adoptar una óptica política para organizar los esfuerzos que confluyen en la satisfacción de esta necesidad básica para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país.

De ahí que la necesidad de declarar al agua como un derecho humano, va más allá de un simple reconocimiento, debemos garantizar el marco adecuado para que todos los/as ecuatorianos/as ejerzamos en la práctica este derecho, que implica tener agua de calidad, compartiendo la responsabilidad ecológica de conservarla, pero para ello el Estado también debe asumir su responsabilidad de garantizar que las poblaciones más deprimidas económicamente tengan el derecho a un aprovechamiento mínimo gratuito, que la Ley mediante un estudio técnico lo definirá; para tal estudio deberán analizarse factores como la salubridad y el ingreso económico de las poblaciones pobres, así como la conservación de este imprescindible recurso.

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Los que vivimos el feriado bancario, los miles de padres y madres de familia, a los que nos asaltaron nuestros bolsillos, los que quedamos en la miseria, no olvidamos a los ladrones de corbata, a los banqueros y empresarios corruptos que se llevaron nuestros dineros, hoy vemos con satisfacción que les llegó la hora de pagar sus fechorías.

LA INCAUTACION DE BIENES DEL GRUPO ISAIAS

La Agencia de Garantía de Depósitos, cumpliendo lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, Tributario, Financiera, procedió a incautar 165 empresas de propiedad del Grupo Isaías, que adeudan al Estado ecuatoriano la cantidad de 660 millones de dólares. Es una medida correcta, viene a ser justicia, por el clamor de miles de perjudicados por los banqueros y empresarios corruptos que se llevaron en peso los dineros de los clientes y del estado, son las primeras medidas y esperamos no sean las últimas. Los gobiernos anteriores no pudieron incautar sus bienes por los compromisos políticos y económicos principalmente con el Grupo económico Isaías.

Nuestro partido el MPD apoya y respalda esta medida, esta decisión política del gobierno de Rafael Correa que evidencia una actitud patriótica y antioligárquica. Adicionalmente planteamos que los banqueros corruptos vayan a la cárcel y paguen sus deudas; que la Corte Suprema de Justicia tramite la extradición de todos los banqueros que nos robaron la plata y que no quede en la impunidad estos delitos.
Es una medida que debemos entenderla, no atenta a la libertad de expresión, en el caso de los medios de comunicación incautados (TC Televisión, Gamavisión, CN3, y algunas radios), van a continuar funcionando; no está afectando a los derechos laborales de los trabajadores de las empresas propiedad de los Isaías, la AGD garantiza la estabilidad laboral; tampoco es una afectación a la propiedad privada pues lo que está haciendo la AGD es cobrar las deudas que tiene ese grupo económico con el Estado, esto es la plata que le dio el Banco Central del Ecuador al Filanbanco para su reestructuración.
Hoy más que nunca insistimos en nuestra propuesta: que la Asamblea Constituyente, incluya en la nueva Constitución, un artículo que haga referencia a la confiscación de los bienes mal habidos por el delito de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito, todo esto para que se sancione a los banqueros ladrones y empresarios corruptos, para que no quede en la impunidad el robo de los dineros del pueblo ecuatoriano.
Son razones mas que suficientes para que los trabajadores y los pueblos apoyemos a la propuestas democrática de izquierda y que digamos SI al cambio, SI a la cárcel los banqueros y empresarios corruptos que se enriquecieron con los dineros del pueblo, SI a la confiscación de los bienes mal habidos, SI a la vida, Si a la Nueva Constitución, Si a la Patria Nueva.

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CONSIDERANDO

QUE el Artículo 1 del Reglamento de la Asamblea Constituyente, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 236 de 20 de diciembre de 2007, dispone “La Asamblea Constituyente representa a la soberanía popular que radica en el pueblo ecuatoriano, y por su propia naturaleza está dotada de plenos poderes”;

QUE el Artículo 2, Numeral 2 del Reglamento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente dispone: que en ejercicio de sus poderes, la misma aprobará Acuerdos que constituyen pronunciamientos de la Asamblea sobre asuntos políticos, administrativos, cívicos, solidarios, sociales, etc

QUE la Junta Bancaria mediante resolución JB-2008-01084, con fecha 26 de febrero de 2008, autoriza a la Superintendenta de Bancos y Seguros aprobar el informe presentado por la firma auditora Deloitte & Touche, a través del cual se determinan las pérdidas de Filanbanco S.A. al 2 de diciembre de 1998, por un valor de seiscientos sesenta y uno punto cinco “661.5” millones de dólares americanos.

QUE según lo referido en la resolución de la Junta Bancaria JB-2008-01084, se infiere que la constitución del Fideicomiso AGD del 31 de diciembre de 1998, dispuesto por el programa de reestructuración de la deuda de Filanbanco S.A. presenta irregularidades por no haber observado los términos del Programa de Reestructuración a que se sometió a Filanbanco S.A.

QUE según la Ley Reformatoria a la Ley de reordenamiento en materia económica en el área tributario-financiera Nro. 98-17. en su Artículo 29, inciso cuarto señala: “En aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera, y la Agencia de Garantía de Depósito, podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos y durante este período se dispondrá su prohibición de enajenar”

QUE La Agencia de Garantía de Depósitos, cumpliendo lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, Tributario, Financiera, procedió a incautar ciento noventa y cinco empresas de propiedad del Grupo Isaías.

QUE esta medida tiene especial trascendencia, por el momento político que vive el país, misma que debió ser tomada por los gobiernos anteriores, pero que no lo hicieran por sus compromisos políticos y económicos con la familia Isaías y grandes grupos financieros.

QUE es deber de la Asamblea Constituyente apoyar todas las gestiones de organismos estatales que tiendan a propiciar un ambiente de justicia para las y los ecuatorianos, de manera particular el referido a la deuda que mantienen con el Estado las Instituciones Financieras intervenidas por la Agencia de Garantía de Depósitos, cuyo saneamiento culminó oficialmente el 6 de junio de 2008.

En uso de sus atribuciones,

ACUERDA:

PRIMERO.- Respaldar la acción emprendida por la Agencia de Garantía de Depósitos, al incautar todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco S.A., al 2 de diciembre de 1998, por considerar que ha sido tomada en estricto apego a las normas jurídicas vigentes.

SEGUNDO.- Denunciar el perjuicio que representó para el Estado ecuatoriano la crisis financiera a finales de la pasada década, misma que fue propiciada por los dueños de las instituciones financieras del Ecuador y los partidos políticos que aprobaron la Constitución de 1998, puesto que tal perjuicio se ejecutó desde la aplicación de la cuadragésima segunda transitoria de esta Constitución, y fue continuado con las malas administraciones de la Agencia de Garantía de Depósitos que durante casi diez años no pudieran recuperar el total de la deuda transferida al Estado por las instituciones financieras intervenidas, monto que aún después de la culminación oficial del denominado saneamiento bancario asciende a más de tres mil millones de dólares.

TERCERO.- Exhortar a la Agencia de Garantía de Depósitos, para que continúe en su proceso de recuperación de la deuda que las Instituciones Financieras intervenidas que aún mantienen con el Estado ecuatoriano, utilizando para aquello todos los mecanismos que le confiera la Ley.

CUARTO.- Velar por el bienestar del personal que labora en los diferentes medios de comunicación y empresas incautadas por la Agencia de Garantía de Depósitos, debido a que esta medida no atenta ni puede atentar a la libertad de expresión, ni a los derechos laborales de los trabajadores, ya que la resolución de la AGD garantiza la estabilidad laboral.

Dado a los ocho días del mes de julio de 2008 en el Centro Cívico Ciudad Alfaro del cantón Montecristi.

Aporte del Lic. Gustavo Reyes Encalada.

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En eso estamos claros, por eso nos planteamos un modelo de desarrollo distinto y planificado, sustentable con la naturaleza, que implica el desafío de aprovechar soberanamente nuestros recursos naturales no renovables pero sin olvidar la importancia que tiene para las futuras generaciones conservar el ambiente. Ya no más daño a la naturaleza a través de empresas petroleras que se llevaron más de 50.000 millones de dólares dejando depredada gran parte de nuestra Amazonía; por eso hemos aprobado el principio de Precaución, lo cual significa que el Estado adoptará medidas en caso de dudas sobre consecuencias ambientales negativas, aunque no exista evidencia científica del daño. Ya no más crímenes a la naturaleza, pueblos y nacionalidades indígenas como los de TEXACO, porque ahora hemos declarado que la carga de la prueba recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado, es decir que con esto, son las empresas acusadas de causar daño a la naturaleza las que deben demostrar su inculpabilidad y no las comunidades pobres, amenazadas, desmovilizadas por el poder económico transnacional las que tengan que comprobar daños que muchas veces son más que evidente; pero no solo eso, ahora hemos declarado la imprescriptibilidad para los delitos ambientales.

Con esta Constitución, para hacer efectivo el cumplimiento de la ley en materia ambiental cualquier persona puede demandar a las grandes empresas sin cumplir requisito alguno y en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, siempre prevalecerá la más favorable a la naturaleza. Además se prohíbe el desarrollo, producción, importación, transporte, almacenamiento y uso de: armas químicas, biológicas y nucleares; contaminantes orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente prohibidos; y, organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana, que atenten contra la soberanía alimentaria y/o los ecosistemas.

No compartimos la actitud absurda de ciertos ambientalistas trasnochados que impulsan la campaña por el no, nos preguntamos ¿que pretenden, más casos como el de Texaco, OXI, el libre ingreso de transgénicos y la depredación de la naturaleza?, ¿a caso seis artículos de la constitución del 98 son mejores que los 21 Artículos (que aún se debaten), 10 principios y 9 garantías constitucionales a favor de la naturaleza que hasta el momento ha generado este nuevo proceso Constituyente?. No señores “radicaloides” votar no significa volver al pasado, hacerle el juego a la derecha, por eso denunciamos públicamente esa actitud farsante y mentirosa para con los pueblos y las bases ambientalistas que las están perdiendo por sus propias contradicciones y actitudes sospechosas.

Porque ahora, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente, porque esa consulta la efectuará el Estado, porque no nos podemos dejar engañar, porque ésta es realmente la constitución de la Naturaleza, la más avanzada del mundo, porque es la única en declararla como sujeto de derechos con carácter de fundamentales, por eso y porque para la clase proletaria ahora, inicia un proceso para aplastar el degradante sistema capitalista e instaurar el Socialismo, hacemos un llamado a seguirnos llenando de razones para votar SI, SI al cambio, SI a la naturaleza, y SI a la Patria Nueva.

Aporte: Lic. Gustavo Reyes.

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En la memoria de los pueblos la lucha de los trabajadores, la sangre de los caídos, de los perseguidos, cientos de miles de niños con hambre no pueden desaparecer de golpe, los que sufrimos de la ambición de unos pocos que al estar al frente del manejo de la cosa pública, fueron autores cómplices o encubridores del latrocinio de los dineros del pueblo.

GUSTAVO NOBOA es uno de esos personajes que perjudicó al país y a su pueblo, con una negociación favorable a los intereses de los acreedores, retomó los bonos BRADY ya viciados, para cambiarlos por bonos global. En el canje de este pequeño negocio, se pagaron valores muy por encima de los precios del mercado, perjudicando al país en 2.375 millones de dólares, tres veces más que todo el presupuesto para educación, seis veces más que lo asignado a la salud, 8 veces más que lo destinado en un año a la vialidad; cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánto crédito para los campesinos, cuántos caminos se dejaron de hacer para beneficiar a la banca chulquera!

AHORA NOS PIDEN AMNISTÍA, QUE LO OLVIDEMOS TODO…

NO!!, NO TIENE NI PERDÓN, NI OLVIDO!!

Qué más realizo Noboa, con los diputados SOCIALCRISTIANOS aprobaron el FEIREP, para obligar a que los recursos del petróleo aseguren el pago de la deuda, privilegiando los intereses de la banca internacional y condenando a nuestros pueblos al atraso, la pobreza y el hambre.

El binomio Mahuad - Noboa, aprobaron las famosas leyes troles que permitieron el saqueo de nuestra riqueza y las privatizaciones.

No podemos olvidar la represión contra el levantamiento indígena del 2001, el encarcelamiento de los dirigentes de la CONAIE, del Frente Popular, de la UNE, el asesinato del estudiante cuencano Damián Peña, como consecuencia de la represión gubernamental.

NO COMPAÑEROS NO PUEDE HABER NI PERDÓN NI OLVIDO A FAVOR DE LOS VERDUGOS DE LOS PUEBLOS.

NO PUEDE HABER PERDÓN NI OLVIDO, PARA QUIENES HAN SERVIDO A LOS INTERESES EXTRANJEROS Y HAN TRAICIONADO CON SUS ACCIONES A LA PATRIA!!

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