Jul
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A PROPÓSITO DEL MANDATO AGRICOLA
Julio 22, 2008 | Por: Alberto Acosta |
A PROPÓSITO DEL MANDATO AGRICOLA
Alberto Acosta
Compañeras y compañeros:
La presentación ante la Asamblea Constituyente del Mandato Agrícola, por parte del gobierno, abre la puerta a un debate necesario en las circunstancias actuales. No sólo se trata de resolver los problemas del presente, sino que hay que plantear soluciones a futuro para asegurar una alimentación permanente, sana y adecuada (en el marco de la soberanía alimentaria), así como para propiciar un desarrollo rural incluyente.
El país se encuentra inmerso en un problema global, definido por organismos especializados, como la FAO, de “crisis alimentaria mundial”. Esta se manifiesta por la escasez (?) de ciertos alimentos básicos y particularmente por su alto precio. Este es el caso del trigo, “pan de cada día”, que es el producto principal, en sus varias formas de consumo, de la dieta nacional.
Estos precios altos afectan más a los consumidores que a los productores. Cabe reconocer que entre los consumidores hay también campesinos, ¿quién no tiene incorporada a su dieta el pan y/o fideo? Por otro lado, algunos productores, por ejemplo de papa, estarán satisfechos con los precios altos. El reto, entonces, es enfrentar esos precios elevados para los consumidores en el corto plazo, mejorando sustantivamente las condiciones de producción. Sin embargo, no se trata sólo de aumentar cualquier producción, sino que hay que aumentar una producción de alimentos menos dependiente del exterior.
En estas condiciones, está bien aprovechar la oportunidad para promover la agricultura. Hay que asumir, sin embargo, que se trata de algo más complejo que los elevados precios de la actualidad, y que lo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo a través de los programas de desarrollo rural, no ha dado los resultados esperados.
Las razones de esta crisis de precios y abastecimiento son diversas. Conviene conocerlas y abordarlas con profundidad, reconociendo el origen y contenido global, con profundos efectos locales. Sólo así será posible entender lo que sucede y, por ende, buscar respuestas tanto coyunturales como estructurales.
Consideremos las siguientes causas:
a.La redefinición del patrón de acumulación a escala planetaria. Esto se fundamenta en el hecho de que si bien el aumento de los consumidores a nivel mundial es real, no es fundamental, porque -según datos de Grain- mientras el número de consumidores se duplicó la oferta de productos se triplicó. Por lo tanto no habría una real escasez de alimentos a nivel global.
b.De acuerdo con información de la FAO, existe niveles históricamente bajos de reservas mundiales de muchos productos básicos: se espera que las reservas mundiales de cereales al cierre de las temporadas que terminan en 2008, desciendan en unos 420 millones de toneladas, cerca del 2 por ciento por debajo de su nivel ya inicialmente bajo de apertura, y el más bajo desde 1983.
c.Incremento de nuevos consumidores masivos de Asia Central e Indochina, con un aumento sostenido de la demanda de alimentos, particularmente de China e India.
d.Aumento del costo de los insumos derivados de hidrocarburos y otros minerales, fundamentales para la producción de agroquímicos, como efecto de la escalada del precio del petróleo,
e.Reducción de cosechas derivadas de los efectos del cambio climático: inundaciones severas y sequías prolongadas,
f.La creciente producción de alimentos exportables, orientados a satisfacer la demanda del mercado mundial, en detrimento de la producción de alimentos para el mercado local,
g.Dedicación de tierras y productos destinados a la elaboración de biocombustibles, con la consiguiente reducción de la oferta de alimentos.
Ecuador tiene, además, baja productividad en sus actividades agropecuarias gracias al desmantelamiento de las políticas agrícolas nacionales (investigación, zonificación agrícola, transferencia de tecnología, contro en frontera, entre otras) y padece de una casi total dependencia de la importación de productos agroquímicos y fertilizantes, controlados por un reducido grupo de empresas transnacionales.
Para afrontar en el corto plazo la crisis de abastecimiento y de precios de alimentos básicos, sobre todo de aquellos cuyos precios son fijados desde el exterior, que afectan de manera sustancial a los sectores de menores ingresos, debe adoptarse un abanico de medidas de diferente naturaleza, como fijación de precios y la aplicación de mecanismos de subvención y control, algunos de los cuales ya están siendo utilizados por el gobierno.
Estas medidas, complementadas con otras favorables al incremento productivo, al mejoramiento de las capacidades tecnológicas campesinas y rurales, así como también a la estructuración de mercados transparentes y eficientes, así como la facilitación del acceso a los mismos, coadyuvarían a resolver la angustia actual y a construir respuestas adecuadas para el futuro. Medidas que NO exigen necesariamente una respuesta vía Mandato Constituyente, ya que pueden ser aplicadas directamente por el Ejecutivo desde la instrumentación de la política pública, muestra de ello es la estrategia utilizada para fijar el precio del pan.
Téngase presente que la exoneración del impuesto a la renta y los subsidios a las importadoras o productores de agroquímicos y fertilizantes (287 millones de los 415 millones estimados como costo en el mandato) no tienen sentido salvo que se acuerde con las mismas empresas el establecimiento de precios fijos, caso contrario quedaría en manos de estas importadoras el beneficio. Hay que tomar en consideración que al limitarse su actividad a la importación y comercialización no necesariamente se traspasa a los precios de los insumos a los productores si no se acuerda con claridad precios más bajos, de igual forma pasa con la cadena de productores y el precio al consumidor final (recordemos el 0% de arancel para varios fertilizantes y fitosanitarios, vigente desde 1993, que lo han capturado los importadores de los mismos, nunca se transfirió a los productores). La medida esta dirigida al sector importador-comercial que es el que tiene altos niveles de rentabilidad y por lo tanto, mayores obligaciones de pago de impuesto a la renta.
Se debe desincentivar el uso de agroquímicos, para lo cual se debe exonerar del pago de aranceles a las importaciones de abonos orgánicos. Este tipo de abonos, de producción nacional, merecen ser, por otro lado, alentados.
No se puede dejar las estructuras oligopólicas existentes alrededor de la importación de agroquímicos y fertilizantes tal cual, es necesario adoptar políticas con cambios radicales que permitan romper el poder de mercado que ejerce este oligopolio, como por ejemplo la importación directa por parte del gobierno de una canasta de insumos, como se hizo en el caso de la urea. Una decisióna que provocó una reducción significativa del precio. Además, hay que promover la participación de nuevos sistemas de importación de insumos agrícolas para aumentar la competencia en este sector.
Al momento no tendrá efecto la no aplicación del impuesto a las tierras rurales para aquellas propiedades que inicien en el desarrollo de actividades agrícolas y productivas desde la aprobación del Mandato hasta el 31 de diciembre de 2009, ya que todavía no se tienen los catastros listos. Por otro lado, dado que el 80% de las unidades de producción agrícola de productos transitorios (arroz, arveja seca, fréjol seco, maíz duro seco, maíz suave seco, papa, soya, maíz duro choclo, maíz suave choclo), según el III Censo Nacional Agropecuario, no superan las 20 hectáreas, la eliminación del impuesto no tiene sentido práctico, ya que éste se aplica a unidades productivas con superifices mayor a 25 hectáreas. Además, el objetivo fundamental de este impuesto es generar un proceso de redistribución de la tierra y no seguir sustentando un modelo concentrador de la producción y de la tierra. Asimismo, la suspensión de la aplicación del impuesto no tiene ninguna relación directa con la productividad o con la generación de alimentos.
Propuestas alternativas para una política agropecuaria integral:
Con el fin de alentar el debate propuesto y concretar opciones diferentes se pueden plantear algunas alternativas, sin pretender ser exhaustivos en este ejercicio.
1. Medidas para garantizar el acceso a alimentos básicos
Entre otras se podría plantear las siguientes medidas:
a) Establecimiento de una cesta de los cinco alimentos básicos más importantes de la dieta nacional y fijación de precios máximos a los mismos. El Gobierno mediante el sistema de compras públicas adquirirá los alimentos y los pondrá a la venta al precio establecido, absorbiendo el costo de la diferencia (costo de la medida, pendiente de cálculo). En el caso de que estos sean de producción local, los adquirirá preferentemente de las organizaciones campesinas, en todo caso evitando intermediarios. Para su producción se podrán abrir líneas de crédito preferencial.
b) El Gobierno podría establecer un cupón mensual por valor de USD.10 no canjeable por efectivo, exclusivamente para la adquisición de alimentos en establecimientos que tengan acuerdos con el gobierno o en dependencias y bodegas oficiales. Los destinatarios de dicho bono serán las mismas personas que tienen derecho al bono solidario (costo de la medida: 1.200.000 de destinatarios x USD.10 mensuales x 6 meses: US$ 72 millones). La medida tendría alcance para 5.000.000 de ecuatorianos y ecuatorianas.
c) Igualmente se debería considerar la posibilidad de subsidiar el transporte interno de alimentos, desde los lugares de producción a los principales mercados. En esta línea haría que considerar la rehabilitación de los centros de acopio, silos, nuevos mercados, etc.
d) En esta acción de carácter nacional hay que activar todas las potencialidades institucionales existentes. Así, el gobierno nacional debe convocar a los gobiernos seccionales y también a aquellas organizaciones de la sociedad civil que tengan capacidad de movilizar respuestas inmediatas y participativas, por ejemplo para mejorar los sistemas de distribución de alimentos, garantizar un mejor control de fronteras, o lograr un esfuerzo serio de zonificación y planificación agropecuaria.
e) Romper los oligopolios de importadores de insumos para la agricultura y promover la participación de nuevos importadores para aumentar la competencia en este sector. Fijar precios para una canasta de insumos claves para la producción nacional.
f) Impulsar las distintas formas de asociatividad campesina y de los productores (hombres y mujeres del campo) para garantizar un mejor nivel de acceso a los diferentes servicios demandados y mejorar su poder de negociación y acceso a los mercados.
2. Medidas para limitar los impactos del cambio climático y la proliferación de biocombustibles
En el nuevo texto constitucional ya se han aprobado medidas importantes en esta dirección:
a) La limitación de la producción de biocombustibles en función de la garantía de la soberanía alimentaria;
b) En el sistema de áreas protegidas no podrá haber actividades extractivas, incluyendo las forestales;
c) Se promoverán las energías alternativas, descentralizadas y de bajo impacto ambiental;
d) Se establece que el Estado deberá promover medidas de prevención y adaptación al cambio climático.
Por otra parte, el fomento de la agricultura ecológica podrá ser conveniente para impulsar una forma de producción limpia y amigable con la naturaleza. En esta línea de acción podría incluirse el establecimiento de sistemas de producción y distribución de semillas y abonos orgánicos a campesinos con hasta 20 ha en la costa y la Amazonía, y hasta 5 ha en la Sierra con criterio de diversidad ecológica y productiva. En cuanto a las semilla, hay que fortalecer y ampliar el aporte del INIAP para disminuir e incluso superar la dependencia de las semillas de los agro negocios.
Para ello, es pertinente la creación de incentivos productivos, a los pequeños agricultores, para la generación de insumos biológicos propios (semillas, abonos, biocontraladores), a condición de que comercialicen la producción en ferias libres.
3. Medidas para el fortalecimiento de la agricultura campesina
Entre muchas otras se podría pensar en las siguientes:
a) Creación de un subsidio a la agricultura campesina, que se entregará a través del Seguro Social campesino, y que estará destinado a la producción campesina, particularmente agroecológica.
b) Establecimiento de un sistema comercialización y financiamiento estatal de la producción campesina.
c) Utilización en los programas de alimentación escolar, comedores populares, programas dirigidos a grupos vulnerables y hospitales públicos, de los alimentos producidos en el territorio en que funcionan tales servicios.
d) Establecimiento de un seguro a la producción en casos en que los campesinos pierdan su cosecha debido a desastres naturales o como consecuencia del cambio climático.
e) Tomando como ejemplo programas exitosos, como el del gobierno brasileño “hambre cero”, ejecutar iniciativas para mejorar el acceso a la alimentación, se sugiere entre otras:
- Fortalecer y ampliar programas de alimentación escolar;
- Instrumentación de programas de alimentación a grupos específicos e instalación de restaurantes populares, así como de bancos de alimentos; y,
- Promoción de huertos urbanos y rurales.
f) Estimular, vía programas de educación y motivación, el consumo de productos de procedencia y tradición nacional, desestimulando aquellos de alto contenido y origen importando.
g) Creación de un centro de servicios financieros y no financieros para la economía campesina cuyo papel sea la identificación de la demanda de servicios, la calificación de los mismos y la facilitación del acceso a los mismos, con un enfoque territorial.
4. Otras opciones de largo aliento
En este ámbito las opciones son por igual múltiples:
a) Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a conocimientos, capacitación, información, energía, tecnologías, infraestructuras, tierra, financiamiento y demás factores necesarios para la producción.
b) Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción.
c) Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados hacia los diversos procesos de producción, almacenamiento y mercadeo.
d) Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria, generar empleo y valor agregado.
f) Promover los servicios financieros públicos, así como la democratización del crédito, asegurando su acceso a todas las formas de hacer economía, para lo cual se establecerán los mecanismos legales e institucionales más idóneos.
g) Se precisa por igual el fortalecimiento y el fomento de las cooperativas de ahorro y crédito rural para el fomento de la agricultura y ganadería campesina, mediante la canalización de créditos con tasas adecuadas.
h) Políticas de protección de suelos y cuencas hidrográficas.
Las propuestas enunciadas, como podrá notarse, suponen acciones de gobierno y políticas públicas, coherentes con las necesidades y requerimientos de la demanda actual, y sus respuestas coyunturales, como con la construcción de una oferta y demanda, que deberían enmarcarse en lo que, con visión de futuro y de cara al presente se establece en la nueva Constitución, fruto del trabajo de esta Asamblea Constituyente 2007-2008.
Es evidente que un mismo proyecto político no podría enunciar normas y conceptos, sin su correlato y aplicación en los actos y políticas de gobierno. El BUEN VIVIR, que se fundamenta en la capacidad de creación para proveernos de una vida digna, solidaria y respetuosa, con nosotros, entre nosotros y la Naturaleza, ha orientado las reflexiones y textos constitucionales relativos a la propiedad, producción, trabajo, derechos fundamentales, de los recursos naturales, que implícita o explícitamente tocan con la propuesta del Mandato Agrícola planteado por el gobierno.
Recordemos que como asambleístas nos debemos a nuestras resoluciones expresadas en los textos constitucionales.
Reforcemos la acción del gobierno, fortalezcamos sus aciertos y su voluntad de actuar oportuna y adecuadamente, sin trastrocar lo ganado, para el presente y futuro, en la actual Constitución.-
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Autor
ALBERTO ACOSTA ESPINOSA, nació en Quito el 21 de julio de 1948. Realizó estudios de Economía (especialización en Economía de la Energía) en la Universidad de Colonia (1977-79), República Federal de Alemania (RFA), en donde también estudió..
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