INTERVENCIÓN EN EL SEGUNDO DEBATE SOBRE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.

El Ecuador, desde el plano formal, la mayor parte de su vida republicana ha ensayado mecanismos de otros regímenes políticos. Por ejemplo, ha tenido un congreso bicameral y en muchas de las instituciones se definía las elecciones en el Congreso, sin que ello haya implicado la construcción de mecanismos cooperativos y de compromisos entre los principales poderes del Estado.

Sin duda, una Constitución se condensa en un tiempo y espacio específicos, pero es el resultado de un proceso social precedente. Es imposible entender la actúal Constitución de 1998, sin contextualizarla en el proceso de neoliberalización de la economía y la sociedad , asi como las multiples resistencias que se construyeron.

Por ello, los resultados de la Asamblea Constitucional (así se autodenominó) de 1997-1998 fueron ambiguos: por un lado, la constitucionalización de los mecanismos de mercado en el manejo del sistema económico, la consolidación de un sistema presidencialista; y al mismo tiempo, la consagración de importantantes derechos individuales y colectivos, precisamente cuando se debilita la capacidad del Estado para poder materializarlos.

Estas reformas contribuyeron a minimizar los roles que las instancias de representación cumplían con la democracia ecuatoriana. Pero al mismo tiempo, la Asamblea Constitucional mantuvo y fortaleció el papel preponderante del Congreso Nacional en la elección y conformación del Tribunal Constitucional, Tribunales Electorales, organismos de control, Fiscalía General de la Nación, Defensor del Pueblo, con lo cual se configuró plenamente una lógica oligárquica de un parlamento irresponsable, frente a las tareas de gobierno, pero con una inmensa capacidad de chantaje, que sumado a la fragilidad institucional característico del sistema político, han convertido en botín de disputa el control del Congreso Nacional y como objeto de permanente transacción la Constitución en el Ecuador. (Tomado de presidencialismo en el Ecuador de Virgilio Hernández)

Con este panorama hemos considerado configurar un modelo de corresponsabilidad Ejecutivo-Legislativo, a través de figuras como:

a.- Revocatoria Institucional.

b.- Consejo de Estado.

Creímos importante recoger los aportes de algunos sectores que plantearon eliminar los requisitos de edad de la Constitución. Primero por que en los cargos de elección popular hay que dejar la mínima cantidad de requisitos, ya que hay que confiar en la voluntad del soberano y es el pueblo el que decidirá si desea presidentes o parlamentarios jóvenes o no.

Segundo, porque poner límites de edad conlleva a considerar que ser joven es ser incapaz, contribuye a la construcción de un estado adultocéntrico. rente a esto se ha bajado el requisito de edad para el Presidente de la República a 35 años (a pesar de que yo hubiera preferido no poner ningún límite de edad). Y en el caso de los ministros, solamente hemos considerado requisitos de años de experiencia profesional.

Otra aportación interesante es la del asambleísta Alberto Acosta que plantea que no podrán ser ministros o ministras, los que, como personas naturales, propietarios, miembros del directorio, representantes o apoderados de personas jurídicas naturales o extranjeras, tengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

Además, los ministros o ministras de Estado y funcionarios públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez que hayan cesado en su cargo no podrán durante los siguientes dos años formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o apoderados de personas jurídicas nacionales o extranjeras que celebren contratos con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales o ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.

Con estas disposición señor presidente nunca más, ministros de Finanzas con conexiones o que a la vez se desempeñan como consultores de el Fondo Monetario Internacional, como fue el caso de Mauricio Pozo, ministro de Finanzas del Gobierno de Lucio Gutiérrez, en cuyo período se firmó una carta de intención que fue fatal para el Estado ecuatoriano, disminuyendo el gasto social y acelerando la privatización del patrimonio público.

Nunca más ocurrirá lo que en el gobierno de Lucio Gutiérrez en el que el Estado que se perjudicó con un contrato leonino con la empresa constructora brasileña ODEBRECTH para la construcción del multi-proyecto hidroeléctrico de BABA, ya que el gobierno de Gutiérrez acepto no solo que construyan el proyecto sino que además lo financien con un perjuicio al Estado de hasta 20 a 1 (cuando hablo del perjuicio al estado de 20 a 1 me refiero a lo que le tocaba pagar al estado en intereses por el financiamiento proporcionado a la obra).


Comentarios

2 Comentarios hasta el momento

  1. Juan Carlos Figueroa en Junio 28, 2008 20:47

    Estuve en la Casona universitaria en la última reunión en la que usted, el Ingeniero Monge, la Sra. Aminta Buenaño y varios más nos apoyan a nosotros los vendedores informales. Sigan luchando. todos nosotros le agradecemos por su fuerza en la asamblea. También al Sr. Toledo me queda solamente decirles muchas gracias a todos los asambleístas del movimiento PAIS, finalmente al pueblo y mis compañeros les pido que apoyen para que se apruebe la nueva constitución.

  2. Nicolás Brito Grandes en Julio 1, 2008 12:53

    A continuación transcribo el informe tomado del portal de la CCCC, en base al informe la denuncia la presentó la Dra. Alejandra Cantos. Siguiendo el pensamiento de los asambleístas del Siglo XXI ahora resulta que la ex Gerente de la AGD y el pleno de la CCCC son lacayos de la derecha de la partidocracia corrupta y persiguieron injustamente a un ex Gerente de la AGD. Mucha razón tenía Don Presley Norton.

    Los asambleísta nos piden que nos olvidemos de los casos de corrupción que se dieron en la AGD y les pregunto ¿Y de la plata qué?

    Nicolás Brito Grandes
    www.miecuador.ec
    www.elnico1962.spaces.live.com

    Contratación irregular de Abogado
    Delito: peculado
    Implicado: Crnel. Carlos Arboleda Heredia, ex Gerente General de la AGD.
    El 11 de mayo de 2005 se hizo público el informe de investigación que determinó que el ex Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos favoreció al Dr. Jorge Arturo Sotomayor Unda, al suscribir un contrato de honorarios profesionales en contra de expresas disposiciones legales por un total de 3’266.634 dólares.
    De acuerdo con la investigación de la Comisión, el dinero utilizado para el pago de los honorarios del Dr. Jorge Arturo Sotomayor Unda provenía de los aportes de las instituciones financieras a la AGD, recursos que deben destinarse exclusivamente al pago de los depositantes garantizados.
    De la investigación se evidencian indicios de que el Dr. Jorge Sotomayor Unda a través de sus empleados Sres. Carlos Enrique Rodríguez Marcillo y Pedro Rubén Argudo Villacreses, depositó 165.000 dólares en la cuenta corriente del Sr. Gilberto Anacleto Palma Herrera, cuñado del Administrador Temporal de los bancos compactados de la Costa, Sr. Jaime Francisco Suárez Herrera.
    Situación del caso
    El Ministro Fiscal del Guayas emitió dictamen acusatorio en contra de todos los imputados. Sr. Lincoln Mora, Dr. Jorge Sotomayor Unda y el CPA. Carlos Arboleda Heredia interpusieron recurso de apelación y de nulidad del auto de llamamiento a juicio. El expediente subió a la Tercera Sala de lo Penal, para que se resuelvan los recursos interpuestos.
    www.comisionanticorrupcion.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=97

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