Soñé y pelee para que mi sobrino y sus amigos puedan jugar tranquilos y confiados en cualquier barrio de Guayaquil.

También pensé en los hijos de los otros como el del policía Marcelo Guachinga tengan la oportunidad de ser generales si lo desean y no sean discriminados por ninguna causa.

Pensé también en mí, por que al igual que miles de pobladores de los sectores populares, quiero que en mi barrio hayan servicios básicos, y que por lo tanto los servicios básicos, como el agua sean un derecho humano. Pensé en mi familia, como en mi prima Elizabeth que vende sandías en el Mercado Central de Guayaquil sea considerada una trabajadora y no una delincuente.

Hemos defendido con orgullo un proyecto histórico, reinvindicado por las organizaciones sociales, que han venido escribiendo desde hace mucho tiempo esta Constitución algunos sin saberlo.

Por que reconocemos como trabajadores y no como delincuentes a los trabajadores ambulantes, por el reconocimiento del kichwa y las demás lenguas ancestrales. Por el derecho a la vida con dignidad. Por las mujeres que exigimos el derecho a decidir. Por los que son perseguidos por ser diferentes como la comunidad GLBTT, que lucha para que sean considerados personas en igualdad de derechos.

Esta, Señor Presidente es la unidad de los dolores, es la unidad de los marginados, es la unidad de los excluidos, y es la unidad la que se vuelve solidaridad.

Por eso, Si Señor presidente. SÍ MIL VECES SÍ, a la Constitución de la solidaridad, de la justicia, de la igualdad.

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Fuente:  EL TELÉGRAFO

Escrito por:  Hernán reyes Aguinaga

El domingo estuve en una misa de aniversario fúnebre. Al final de la ceremonia, el sacerdote oficiante pidió a los feligreses presentes adquirir una revista llamada “Cristo Hoy”. Pagué los 25 centavos y la leí. Quisiera compartir con los lectores mi asombro por la “religiosidad” y “espiritualidad” de sus contenidos. En la página de portada tres titulares rezaban” “Por qué hace 40 años cambió el mundo” (en referencia a los eventos de mayo del 68), “Campamento sexual” y “Por una buena Constitución” (alrededor de las mayores fijaciones del Opus Dei, la sexualidad y el satanismo).

“¿En qué país vivo? ¿En uno donde se “pastorea” e ideologiza a los muchos incautos…?”

Me dije “¡vaya, qué interesante… todos son temas políticos…! Comparto con los lectores algunas “perlas” que encontré en el opúsculo. Sobre mayo del ’68, un feroz ataque contra la consigna de “prohibido prohibir”. Textualmente el panfleto recogía las opiniones de dos españolas que afirman “que todos somos iguales es una verdad a medias (…) los del ‘68 proponían el igualitarismo y la uniformidad (sic), que se les dejara libres a los niños para aprender, ya que sus opiniones eran tan válidas como las del profesor. Es absurdo pensar que un niño o un adolescente que no sabe nada, pueda opinar como un profesor (y por ello) aquella generación tiene, salvo excepciones, graves faltas de voluntad y responsabilidad (…) al mismo tiempo que se ha desarrollado el fenómeno de la homosexualidad”. Los otros dos artículos sobre la nueva Constitución se esforzaban en descalificarla por “abortista” (una falsedad total) y porque “los asambleístas están dando la espalda al pueblo”. Se recogía la opinión de un monseñor italiano, arzobispo de Portoviejo, feroz paladín contra el aborto y la unión entre homosexuales y al parecer experto en “inteligencia” al saber “que los asambleístas están obedeciendo a principios y consignas que vienen de fuera”. Reflexiono. ¿Desde cuando los extranjeros y más aún si son sacerdotes, pueden intervenir activamente en política interna? ¿Por qué la “amnesia” de ciertos católicos de que la lucha “pro-vida” surgió y se financia desde fuera? En un Estado laico ¿qué facultad tiene la iglesia para manipular el voto de sus fieles? El mensaje era más que subliminal: “Entreviendo un NO”.

Salía de la iglesia y vi un enorme 4×4 modelo del año y con placas diplomáticas con un steaker: “No se puede ser católico y pro-abortista a la vez”. En la noche en un noticiero, un ex ministro mahuadista de apellido Álvarez Grau pontificaba en contra de la participación en política de los jóvenes de 16 y 17 años, pues no saben ni “gobernarse a ellos mismos” y escuchaba críticas a la presencia de asesores españoles en Montecristi. Y me decía ¿En qué país vivo? ¿En el de la “igualdad a medias”? ¿En el de los terrores y las fobias al cambio a pesar de la pederastia y la homosexualidad “casa adentro”, o sea el de la “doble moral”? ¿En uno donde se “pastorea” e ideologiza brutalmente a los incautos? Respiro.

Tengo fe en que ese país irá quedando en la historia en pocas semanas más. Sigo soñando con un país donde esté “prohibido prohibir”.

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Escrito por : Amelia Ribadeneira (aribadeneira @ telegrafo . com . ec)

La oposición política que tiene la Asamblea existe a costilla de los medios de comunicación. Es verdad que el periodismo debe ser pluralista, debe buscar todas las versiones posibles de un hecho, debe dar la voz a los que no tienen voz como decía el maestro Ryszard Kapuscinski. Lo lamentable es que la cobertura esté resignada a dos cosas: a conjugar el verbo decir en presente, pasado y futuro y, por tanto, a recoger declaraciones en contra de todo lo que haga Acuerdo País (AP). La presunta oposición llegó para llevar la contraria con o sin razón. Sí, la contraria, no con propuestas, sino con quejas y amenazas.

Y lo segundo, los medios cubren el show mediático del grito, el llanto y la pataleta. El costurero, las damas de negro y los cargadores de tumbas evidencian “la originalidad” con la que ese grupo de asambleístas procura con sus actos, así dice, luchar por la democracia. Eso sí parece el viejo Congreso, ese Congreso que solo debe estar vivo en la memoria para impedir que vuelva con sus trampas y sus farsas.

Varios medios de comunicación, en especial la televisión, siguen ese juego y no comprenden que no le hacen ningún favor a la ciudadanía. Se meten en nuestra casa con información inútil, superflua, que no contribuye a que tengamos una versión real de lo que ocurre en Ciudad Alfaro.

“La oposición política que tiene la Asamblea existe a costilla de los medios de comunicación”

¿Cuánto ha contribuido al debate nacional que el doctor Estévez se parche y se cosa la boca? ¿Cuánto ha aportado al debate nacional que un grupo de mujeres asambleístas se vista de negro? ¿Cuánto ha contribuido al debate nacional que se carguen ataúdes simbolizando la muerte de la democracia? Lo que han logrado estos asambleístas es tener cobertura mediática, pero deben ser ingenuos si aspiran a que esos actos les sean útiles para ganar credibilidad y confianza ciudadana.

Esa forma de hacer política evidencia, entre otras cosas, que esos políticos no conocen el país en el que viven. No saben que existe una ciudadanía que habla de derechos y también de deberes. Que no es una ciudadanía que se come los cuentos que transmite la televisión y publican algunos diarios. El Ecuador, con todos los problemas ocasionados por la pobreza, tiene una ciudadanía más consciente, más desconfiada, más crítica. Dejen de despreciarnos.

Pruebas: los últimos presidentes elegidos, a excepción de Mahuad, ganaron las elecciones a pesar de que en los medios se publicaron las encuestas de sus derrotas. El referéndum para convocar a la actual Asamblea supuestamente tendría un margen mínimo de aprobación frente al No y obtuvo el 82% de apoyo. No debieron ser elegidos más de 60 asambleístas de AP y, sin embargo, llegaron 80. Entonces, la conclusión es simple: por donde van los medios, no va la ciudadanía.

Jugarse la credibilidad política en los medios de comunicación es un error. El Gobierno, con su millonaria propaganda, también debería preocuparse. Hay una ciudadanía que piensa y que debate, que no necesariamente está sentada en la academia, está en la calle luchando por este país y, por tanto, se está llenando de argumentos para responder políticamente a los que ejercen el poder sin excepción.

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Las FF.AA. ya no serán las garantes de la democracia

El bloque oficialista de Acuerdo País está decidido a evitar que las FF.AA. diriman las futuras crisis políticas.

El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate del articulado sobre la organización del poder, en el que se modifica la tarea principal de los militares.

En el articulado planteado por la Mesa 3 se señal: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional son obedientes y no deliberantes; cumplen su misión bajo la sujeción del poder civil democráticamente constituido y la Constitución”.

En ese punto, los textos constitucionales redactados por los miembros de Acuerdo País especifican que la misión de las FF.AA. será “la conservación de la paz, la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial”.

Durante el debate en el Plenario, la asambleísta oficialista Amanda Arboleda justificó el articulado propuesto por la Mesa 3. Argumentó que el articulado planteado impedirá que las Fuerzas Armadas sigan siendo garantes de la democracia en el Ecuador, como lo señala la Constitución vigente.

Otro de los cambios fundamentales que involucran a las Fuerzas Armadas es el servicio militar obligatorio. En su propuesta de articulado, el bloque de País planteó que la conscripción ya no sea un deber obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años.

La alternativa es el servicio cívico militar voluntario. Se propone que las personas que participan en el servicio militar no sean destinadas a áreas de conflicto militar o tareas de riesgo. Esta propuesta fue criticada por Vladimir Vargas (Prian), quien dijo que el objetivo de instrucción militar civil es servir en posibles conflictos.

La Mesa 3 deberá recoger las observaciones y presentar el articulado para segundo debate.

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Escrito por : Héctor Chiriboga
hchiribogalban @ yahoo . com

El manejo del espacio público demuestra el fracaso del municipio a la hora de promover la ciudadanía en democracia, pues necesita del pequeño ejército de guardias metropolitanos y privados para mantener el orden que tanto anhela.

La cuestión de la metropolitana ha saltado nuevamente. Conocíamos sus continuas arbitrariedades. La prensa de la ciudad reseñaba ocasionalmente sus acciones. El informe del Comité de Derechos Humanos del año 2003 las sistematiza en el marco del Plan Más Seguridad y la implementación de la regeneración urbana. La lista es larga: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza, allanamientos y la existencia de centros de detención por fuera del sistema nacional de prisiones. Pocos han escapado a su accionar: jubilados, comerciantes, estudiantes, ciudadanos comunes y hasta periodistas. Pocas veces han sido sometidos a la justicia y por lo regular son reintegrados a filas, salvo cuando por disposición del alcalde se separa a uno o dos y esto solo cuando el abuso involucra a medios y no está en juego, como ahora, el poder político. Funciona ahí la concepción de las manzanas podridas, se separa a una, la política queda.

El 10 de junio a través de la metropolitana y de funcionarios municipales armados de bates y correas, se volvió a atropellar el derecho ciudadano a protestar. El resultado, a más de los/as informales golpeados e insultados, fue la detención de Miguel Salazar, ciudadano con 60% de discapacidad mental.

Conducido al Palacio Municipal, golpeado y trasladado al cuartel de la metropolitana, su padre logró encontrarlo pero no sacarlo. Luego de peregrinar entre el Palacio Municipal y el Cuartel de la Metropolitana, los funcionarios negaron la existencia del detenido. El señor Salazar fue sacado del cuartel, mientras su padre indagaba su paradero, abandonado cerca de la penitenciaría y amenazado de muerte si denunciaba el hecho.

Lo anterior suena a secuestro y detención-desaparición, aunque para algunos medios sea la “actuación de las fuerzas de seguridad de la alcaldía”. Seguro que algunos más audaces dirán que es por el bien de la ciudad. A mí, en cambio, me parece que una parte de la urbe puede empezar a cantarle a la alcaldía, junto con Illya Kuryaki and the Valderramas, “…el pueblo exige una sana protección y no a tu sádico batallón…” .

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Le invitamos a leer y analizar la intervención de Amanda Arboleda, durante el Pleno del lunes 30 de junio. Entre las principales propuestas y observaciones están: protección pública, eliminación del fuero militar y policial, transformación de los papeles y responsabilidades de las FFAA y de la Policía Nacional, el servicio cívico militar voluntario, Estado excepción, nuevos requisitos de ingreso a las fuerzas armadas, entre otros.

PROTECCIÓN PÚBLICA
Consideramos que debemos diseñar un esquema de Seguridad Humana que priorice la protección de las personas por encima del patrimonio, del Estado como una entelequia o responda a las políticas de los organismos internacionales, un esquema que combata las distintas aristas que causan la violencia en todos sus niveles y que tenga como objetivo primordial el derecho de las personas a convivir en paz. Y es por ello que hemos cambiado la concepción de Fuerza Pública por Protección Pública.

FF.AA. YA NO SON GARANTES DE LA DEMOCRACIA NI DEL ORDEN JURÍDICO
Nunca más las Fuerzas Armadas se podrán constituir en garantes de la democracia en el Ecuador. Los conflictos de la democracia, como se ha dicho en repetidas ocasiones, en esta Asamblea se deben resolver con más democracia.

SERVICIO CÍVICO MILITAR VOLUNTARIO
El servicio cívico militar será voluntario y el tipo de entrenamiento sobre el riesgo también está enmarcado en el articulado propuesto por las Fuerzas Armadas, ya que las personas que realicen este servicio no serán asignadas a áreas de conflicto militar o tareas de riesgo militar.

POLICÍA CIVIL NACIONAL
La visión de seguridad nacional (defensa de la soberanía nacional frente al enemigo externo) como herencia de la Ley de Seguridad Nacional se trasladó a la Seguridad Pública (defensa orden público-estatal que enfrenta al enemigo interno). En base a la cual so pretexto de defender al Estado se ha violentado los derechos de los ciudadanos considerados enemigos del mismo. Está concepción ha traído mucho dolor y muerte en América Latina. (CASO CONSUELO BENAVIDES, CASO RESTREPO)

Por eso se ha planteado enfatizar la naturaleza civil de la Policía, cuya misión fundamental es la protección de las y los ciudadanos para el libre ejercicio de sus derechos, con una formación basada en los derechos humanos, la prevención del delito y el uso de los medio de conciliación como alternativas al uso de la fuerza.

SE ELIMINAN LOS FUEROS MILITARES Y POLICIALES
Consideramos, señor presidente, que no pueden seguir existiendo cortes policiales ni militares. Todas las personas debemos someternos a la jurisdicción ordinaria, situaciones como el caso FYBECA, por citar el más reciente, no se pueden volver a dar. Por este motivo hemos planteado que tanto los miembros de la Policía como los de las FFAA deberán ser juzgados en salas especiales de la justicia ordinaria, a pesar de que en el debate se mencionó que no era necesario crear una sala especializada. El criterio preponderante fue crear la misma con especialización para delitos que tengan relación directa con el cumplimiento del deber, que no constituyan delitos de lesa humanidad, ni sanciones disciplinarias. Es también necesario que a la par de este importante cambio constitucional se reforme la ley de justicia penal militar y policial, ya que en ellos se observan la tipificación de delitos que deberán ser juzgados por salas ordinarias

LIBRE INGRESO NO HABRÁ DISCRIMINACIÓN
Paso a leerles unos cuantos requisitos para ingresar a la escuela de oficiales en el Ecuador:

• 1.65 m para hombres, 1.60 para mujeres.
• Ir acompañado a la entrevista con la ……….Y de la comandancia general en compañía de los padres.
• Poseer antecedentes intachables de honorabilidad y conducta, tanto personal como familiar.

Presentar:

• Certificado de ingresos económicos de los padres debidamente notariados.
• Certificado de trabajo de los padres otorgados por la entidad o empresa donde laboran.
• Croquis y fotografía domiciliaria.

¿Y si el aspirante no tiene casa?
¿No tiene padres?
¿Si es hijo de una persona que ha sido privada de su libertad?
¿Es hijo de un desempleado?
¿Si simplemente quiere ingresar a la escuela de oficiales sin la autorización de sus padres y toma soberanamente la decisión en uso de sus derechos civiles?
Una cosa es que los aspirantes pasen por pruebas rigurosas y otra cosa es este tipo de requisitos discriminatorios.

ESTADOS DE EXCEPCIÓN
En el Ecuador como en el resto de América Latina ha habido abusos con respecto a los estados de excepción por lo cual nosotros consideramos que tenemos que redefinir cuál es su objetivo fundamental. Es necesario restringir y precisar las causales. Establecer cuáles deben ser los principios que la rigen y establecer a los mandatarios la obligatoriedad de dar cuentas de las acciones tomadas durante este período especial.

1.- El objetivo fundamental de regresar a la normalidad al Estado; para garantizar a las personas el pleno goce de los derechos humanos.

2.-Causales por las cuáles se debería decretar el estado de excepción:

• Agresión Externa.
• Conflicto Armado.
• Disturbios Internos.-Como consta en la doctrina de Derecho Internacional Humanitario en lugar de grave conmoción interna como constaba en la constitución del 1998.
• Grave calamidad pública.

Creo que es conveniente aclarar que en casos de agresión y conflictos armados, internos y externos, deben intervenir las Fuerzas Armadas y se aplica el Derecho Internacional Humanitario; y que en casos de graves disturbios debe intervenir la Policía Nacional Civil y aplicar los derechos humanos.

3.- Principios:

• Necesidad
• Conexidad
• Proporcionalidad
• Temporalidad
• Territorialidad
• Razonabilidad
• Intangibilidad
• Controlabilidad

4.- El Presidente de la República tendrá que explicar en el decreto de emergencia las causas para dictar dicho decreto y en consecuencia cuáles son las medidas que adoptará.
La corte Constitucional podrá resolver si el Estado de Excepción tiene vicios de inconstitucionalidad.
El Estado de excepción es una situación extraordinaria, delicada por que se suspende algunos derechos y por eso debe estar claramente detallada en la Constitución para que no se cometan abusos.

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El Ecuador, desde el plano formal, la mayor parte de su vida republicana ha ensayado mecanismos de otros regímenes políticos. Por ejemplo, ha tenido un congreso bicameral y en muchas de las instituciones se definía las elecciones en el Congreso, sin que ello haya implicado la construcción de mecanismos cooperativos y de compromisos entre los principales poderes del Estado.

Sin duda, una Constitución se condensa en un tiempo y espacio específicos, pero es el resultado de un proceso social precedente. Es imposible entender la actúal Constitución de 1998, sin contextualizarla en el proceso de neoliberalización de la economía y la sociedad , asi como las multiples resistencias que se construyeron.

Por ello, los resultados de la Asamblea Constitucional (así se autodenominó) de 1997-1998 fueron ambiguos: por un lado, la constitucionalización de los mecanismos de mercado en el manejo del sistema económico, la consolidación de un sistema presidencialista; y al mismo tiempo, la consagración de importantantes derechos individuales y colectivos, precisamente cuando se debilita la capacidad del Estado para poder materializarlos.

Estas reformas contribuyeron a minimizar los roles que las instancias de representación cumplían con la democracia ecuatoriana. Pero al mismo tiempo, la Asamblea Constitucional mantuvo y fortaleció el papel preponderante del Congreso Nacional en la elección y conformación del Tribunal Constitucional, Tribunales Electorales, organismos de control, Fiscalía General de la Nación, Defensor del Pueblo, con lo cual se configuró plenamente una lógica oligárquica de un parlamento irresponsable, frente a las tareas de gobierno, pero con una inmensa capacidad de chantaje, que sumado a la fragilidad institucional característico del sistema político, han convertido en botín de disputa el control del Congreso Nacional y como objeto de permanente transacción la Constitución en el Ecuador. (Tomado de presidencialismo en el Ecuador de Virgilio Hernández)

Con este panorama hemos considerado configurar un modelo de corresponsabilidad Ejecutivo-Legislativo, a través de figuras como:

a.- Revocatoria Institucional.

b.- Consejo de Estado.

Creímos importante recoger los aportes de algunos sectores que plantearon eliminar los requisitos de edad de la Constitución. Primero por que en los cargos de elección popular hay que dejar la mínima cantidad de requisitos, ya que hay que confiar en la voluntad del soberano y es el pueblo el que decidirá si desea presidentes o parlamentarios jóvenes o no.

Segundo, porque poner límites de edad conlleva a considerar que ser joven es ser incapaz, contribuye a la construcción de un estado adultocéntrico. rente a esto se ha bajado el requisito de edad para el Presidente de la República a 35 años (a pesar de que yo hubiera preferido no poner ningún límite de edad). Y en el caso de los ministros, solamente hemos considerado requisitos de años de experiencia profesional.

Otra aportación interesante es la del asambleísta Alberto Acosta que plantea que no podrán ser ministros o ministras, los que, como personas naturales, propietarios, miembros del directorio, representantes o apoderados de personas jurídicas naturales o extranjeras, tengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

Además, los ministros o ministras de Estado y funcionarios públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez que hayan cesado en su cargo no podrán durante los siguientes dos años formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o apoderados de personas jurídicas nacionales o extranjeras que celebren contratos con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales o ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.

Con estas disposición señor presidente nunca más, ministros de Finanzas con conexiones o que a la vez se desempeñan como consultores de el Fondo Monetario Internacional, como fue el caso de Mauricio Pozo, ministro de Finanzas del Gobierno de Lucio Gutiérrez, en cuyo período se firmó una carta de intención que fue fatal para el Estado ecuatoriano, disminuyendo el gasto social y acelerando la privatización del patrimonio público.

Nunca más ocurrirá lo que en el gobierno de Lucio Gutiérrez en el que el Estado que se perjudicó con un contrato leonino con la empresa constructora brasileña ODEBRECTH para la construcción del multi-proyecto hidroeléctrico de BABA, ya que el gobierno de Gutiérrez acepto no solo que construyan el proyecto sino que además lo financien con un perjuicio al Estado de hasta 20 a 1 (cuando hablo del perjuicio al estado de 20 a 1 me refiero a lo que le tocaba pagar al estado en intereses por el financiamiento proporcionado a la obra).

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