Desde que en la Asamblea Constituyente se iniciaron las discusiones sobre la justicia he mantenido una posición firme y diáfana:  no podemos meter mano en la Función Judicial, porque hacerlo sería reeditar las viejas prácticas de la partidocracia.  A lo largo de nuestra Historia, el poder judicial ha sido uno de los más contundentes instrumentos de abuso de las élites, de los partidos políticos, de los grupos económicos más adinerados.  Con ese poder se ha perseguido a los enemigos de turno y se ha premiado a los corruptos.

En nuestra mesa hemos recibido icontables denuncias sobre abusos, inmoralidades e ineficiencias de jueces y magistrados.  Desde el interior de la misma Función Judicial han surgido denuncias sobre irregularidades en los procesos de selección de jueces, en la emisión de sentencias y en los trámites administrativos.  Existe un clamor nacional para limpiar la administración de justicia e iniciar un proceso de renovación que realmente alcance los objetivos de transparencia, eficacia y probidad que tanto hemos pregonado desde la campaña.

Por ello me he opuesto a que se deje una parte de ese viejo sistema politizado y corrupto.  Por ello he discrepado con la propuesta de mantener a 10 magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia durante algunos años, porque constituye una burla para los anhelos de la gente común y corriente, sobre todo para aquella gente que a diario ha padecido las deficiencias de la administración de justicia.  Constituye una afrenta contra aquellos que durante décadas han peleado a brazo partido para cambiar esta situación vegonzosa.

Si queremos que la nueva Constitución nazca sin mácula, sin huella de sospecha, sin indicios de irregularidad, no podemos dejar abierta las puertas a la sospecha general.  Dejar a 10 magistrados antiguos se presta para la suspicacia justificada de todos los ecuatorianos, quienes desde siempre hemos contemplado impotentes cómo se ha traficado con los poderes de turno, cómo se ha negociado con los nombramientos, cómo se han intercambiado favores desde las altas funciones del Estado.  Si queremos que la nueva Constitución nazca sin una herida mortal, debemos sanear los viejos poderes desde su raíz, de manera integral.  Si queremos una Función Judicial transparente, debemos renovar a todos los jueces de acuerdo con las nuevas condiciones establecidas en la nueva Carta Magna.

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Es posible que en los textos aprobados por la Mesa 8 se encuentren algunos errores técnicos y gramaticales, todos susceptibles de ser corregidos.  Eso se vuelve secundario frente a los objetivos más sobresalientes del trabajo de estos ocho meses.  Porque el auténtico valor de lo producido en estas agotadoras jornadas, es la indeclinable voluntad de cambio que ha guiado nuestros pasos.  Las propuestas en el tema de justicia, de principio a fin, propenden a provocar transformaciones profundas a un sistema caracterizado por la exclusión y las desigualdad.

 El afán de cambio ha sido nuestra principal motivación.  Buscar la probidad como condición impostergable en la composición de la Función Judicial; para ello, hemos decidido que la designación de jueces salga del ámbito de los partidos políticos y cuente con una importante presencia de la ciudadanía,  tanto a través de veedurías como de evaluaciones permanente.  Más que el nombre de la Corte, que tanta alharaca genera en nuestros detractores, hemos cambiado aspectos de fondo.

La independencia también ha ocupado nuestras preocupaciones.  Solo una Función Judicial ajena a las injerencias externas y libre de los condicionamiento internos podrá administrar justicia como total imparcialidad.  Por eso hemos separado a la Corte Nacional de Justicia del Consejo de la Judicatura, a fin de que los jueces se concentren en sus tareas judiciales y dejen a otros los asuntos administrativos. 

Y también hemos abogado por la celeridad tantas veces demandada por nuestro pueblo.  Justicia que tarda no es justicia, sentencia la voz popular.  Y así es, sobre todo con los más pobres y marginados.  Para ellos, la justicia se convirtió en fuente de frustraciones y abusos, en un eterno peregrinaje por las agrestes sendas de la humillación y la corrupción.  Hoy, al instaurar el sistema oral, queremos eliminar las innumerables trabas de que adolecía la administración de justica, y que hacía de la coima el único recurso para agilitar los trámites.  Eso es una verdadero cambio, no cosmético sino profundo.

La gratuidad, y la creación de la Defensoría Pública, completan esta noble decisión de superar las reales deficiencias de este servicio, que dejó de ser público para convertirse en botín de funcionarios y abogados venales.  Ya no más extorsión a los pobres; ya no más sangría a los necesitados.  He ahí los resultados de un trabajo que hizo del compromiso social y de la sensibilidad con los más desfavorecidos la brújula de sus decisiones.  Esos son los cambios que hoy le ofrecemos al país.

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Hoy hemos concluido con la revisión de los textos aprobados en segundo debate sobre el segundo bloque de artículos presentados por la mesa 8.  Se refieren a jueces de paz, justicia indígena, métodos alternativos de solución de conflictos, sistema de protección de víctimas, entre otros.  Para ello, la subcomisión designada por la Mesa Directiva de la Asamblea, integrada por la compañera Gina Godoy y por el abogado León Roldós, logró un ágil proceso de discusión y acuerdo que permitió avanzar rápidamente en el afinamiento de los textos.  La voluntad de caminar, la madurez y el profundo sentido de responsabilidad con el país hizo que alcanzáramos un positivo consenso respecto de la propuesta final, para ser devuelta al pleno de la Asamblea.

Esta breve experiencia pone en evidencia el deseo de cambio que subyace en el fondo de aquellos asambleístas que, por encima de posibles diferencias ideológicas, están dispuestos a apostarle por mejores días para el Ecuador.  Esas coincidencias responsables, serias y comprometidas con la patria viabilizan los grandes acuerdos nacionales, sin los cuales sería imposible creer en el futuro.  Confío en que ese sea el espíritu que anime a la mayoría de mis compañeros de Asamblea, de modo que la opción de elaborar una Constitución para todos deje de ser un enunciado y se convierta en realidad.

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