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ÉTICA Y VALORES PARA UNA CULTURA DE LA HONESTIDAD (2)
Febrero 13, 2008 | Por: Fernando Vega |
2.- La Corrupción en el Ecuador
La corrupción en el Ecuador, y en el mundo, es fruto de un acumulado histórico. Sostengo que todos los males que vive el mundo actual son fruto de los procesos coloniales del pasado y de las nuevas aventuras neocoloniales de las potencias reinantes. La corrupción y la injusticia imperante en el Ecuador, tiene una larga trayectoria que coincide con su propia historia desde los orígenes de la conquista y la colonización de las Américas. Alguien ha dicho que “la corrupción en Latinoamérica es una herencia de la conquista”. La irrupción de las potencias colonizadoras en el nuevo mundo puso las bases de la corrupción y la injusticia mediante la usurpación de los territorios y la imposición de un régimen extraño y radicalmente desigual.
Los procesos de independencia, lejos de cambiar aquella situación, la consagraron durante la vida republicana, creando una ficción de estado de derecho y estableciendo un sistema de justicia de clase que obtenía su fuerza y respaldo en los estamentos militares. En los últimos treinta años de seudodemocracia heredera de la historia republicana, ha tenido como protagonistas a los partidos políticos como instrumentos de la clase dominante incrementada por nuevos ricos crecidos al calor de los negocios petroleros, eléctricos y telefónicos, el contrabando, el narcolavado y los grandes contratos con las empresas transnacionales.
Bajo la ficción de la democracia y la institucionalidad del Estado las clases dominantes expresadas en la llamada “partidocracia” han perfeccionado acumulativamente un sistema radicalmente injusto y putrefacto que ha logrado sobrevivir a pesar de todas las luchas sociales y populares, siempre maquillado por intentos reformistas de gobiernos débiles y serviles a los intereses del sistema imperante. La justicia ha servido para perseguir y humillar a los que se han atrevido a cuestionar la corrupción al tiempo que ha levantado cortinas de humo para dejar en la impunidad a los corruptos. Así la ciudadanía ha visto naufragar la justicia y ahogarse en el mar de la corrupción. Se ha perdido la seguridad y la confianza en la justicia que, prostituida, se vende en el mercado a cualquier postor.
Por todo ello la corrupción en el Ecuador, lamentablemente se encuentra enraizada, difícilmente encontramos estamento político que no haya sido contaminado. James Madison precursor constitucionalista de Estados Unidos, expresó “el fin de toda constitución política, debería ser, conseguir primeramente como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial”.
Cuando el poder público es corrompido, la sociedad pierde toda credibilidad sobre el sistema. Pone en peligro el sistema democrático debido al nivel de desconfianza institucional que provoca. Socava el compromiso social y público que el ciudadano debe poseer destruyendo paulatinamente las bases en las que la sociedad se afirma. La corrupción es la mayor amenaza a los gobiernos, la política, los negocios y la democracia y nuestro país, el Ecuador, no ha escapado a este fenómeno.
La experiencia demuestra que la corrupción se acentúa en los regímenes totalitarios (”el poder absoluto corrompe absolutamente”) y no en las democracias, la razón es sencilla, en regímenes de facto existe una ausencia total de controles y las decisiones son verticales. En cambio la alternabilidad de autoridades políticas, la libertad de opinión y de información, la separación de funciones y controles entre éstas, constituyen un marco, al menos teórico, más eficaz para luchar contra la corrupción.
Parecería lo contrario ya que en nuestras actuales democracias la corrupción como flagelo y como tema de debate es permanente, sin embargo, el politólogo Cayetano Llovert nos explica y dice: “Ahora cuando ganamos espacios democráticos es cuando aparecen más corruptos. No es que las dictaduras no hayan sido corruptas lo que pasa es que ahora se ve con toda claridad a los pillos”.
De otra parte, somos capaces de juzgar a los corruptos y, al mismo tiempo, darle apoyo electoral al político bajo el lema: “roba pero hace obra”. Finalmente, los ecuatorianos somos capaces de deponer un gobierno democráticamente elegido bajo el estandarte de la lucha contra la corrupción, y, sin embargo, mesa es de tal hecho el gobierno sucesor es acusado de igual o más corrupción ante la pasividad de la mayoría de la sociedad.
Al igual que en los sistemas políticos, la economía cerrada, monopólica y de controles centralizados estimula la corrupción. En el sector privado la oferta y la competitividad previenen la corrupción, sin embargo, deben existir leyes que generen controles reales que velen por la transparencia y rectitud de la gestión privada. Cuando un Estado tiene una gran cantidad de empresas, muchos reglamentos y una pesada carga de gastos e impuestos, se crea un ambiente propicio para obtener ganancias de la corrupción gubernamental. La corrupción florece donde hay una combinación de monopolio, más discrecionalidad oficial y menos transparencia, según la periodista Vásquez Motta.
La corrupción posterga la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos ya que implica un costo económico sumamente alto generando pobreza y miseria. En el Ecuador, en el año de 1997 se calculó que entre el soborno y la evasión tributaria de todo tipo, esto es, impuesto a la Renta, Consumos especiales, IVA y aduanas hay una fuga de recursos para el país de aproximadamente mil quinientos millones de dólares.
El Secretario General de la OEA, César Gaviria, expresó que “la corrupción es una de las más graves amenazas para la democracia, distorsiona los sistemas económicos y constituye un factor de desintegración social”. En Caracas, Venezuela, con fecha 29 de Marzo de 1996 se suscribe la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION, cuyos propósitos son promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los países, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.