JUSTICIA ORDINARIA Y FUNCION JUDICIAL (1)

Julio 8, 2008 | Por: Fernando Vega |

INTRODUCCIÓN

Instalada la Asamblea en Cuidad Alfaro gastamos un mes en organizarla y constituir las mesas de trabajo. Me tocó el honor de integrar la mesa 8 y servirla desde la presidencia con la ayuda de la asambleísta Gina Godoy.

Las fuentes que nutrieron nuestro trabajo fueron: la propia y abundante sabiduría de los asambleístas con larga experiencia y la frescura innovadora de los más jóvenes; las mesas itinerantes que nos llevaron a varias ciudades y cantones de la patria; las demandas ciudadanas recibidas en esas visitas y recibidas en el seno de la Asamblea; los cientos de denuncias de ciudadanos víctimas de la corrupción y con quienes la justicia está en deuda; las comisiones generales para recibir a las instituciones vinculadas con nuestros temas; finalmente los aportes de especialistas que nutrieron nuestras inquietudes y conocimientos y nos ayudaron a completar los insumos que necesitábamos para nuestro trabajo. Para inicios de marzo habíamos concluido el diagnóstico y habíamos trazado las grandes líneas del proyecto de la nueva constitución.

 

DIAGNÓSTICO

La Historia del Ecuador ha estado marcada por la injusticia y la corrupción desde la época colonial, a merced de la arbitrariedad y el latrocinio de las potencias colonizadoras. Desde su nacimiento como república hasta nuestros días, el Ecuador no ha logrado consolidarse como un Estado de derecho, a pesar de todas las luchas populares y los consiguientes avances realizados. En estos últimos 30 años la esperanza generada por la vuelta a la democracia se ha visto frustrada por un deterioro cada vez mayor de la justicia, un crecimiento alarmante de la corrupción y la impunidad; situaciones que amenazan con dar al traste con la existencia misma del Estado, la débil convivencia democrática, el desarrollo económico, la gobernabilidad y la paz social. No es posible una democracia sin un poder judicial democrático.

Ante esta realidad ha ido creciendo también en estos últimos años la esperanza de un cambio y el anhelo de un país justo y honesto; anhelo frustrado por los distintos gobiernos que ofrecieron y no cumplieron. Esta esperanza largamente represada explica el apoyo mayoritario de la población en las urnas a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que debe sentar las bases de un nuevo Ecuador, de una nueva república en la que se instaure el derecho y la justicia, la transparencia y la equidad, el desarrollo y la paz.

 

Elementos del diagnóstico:

El proceso permitió la construcción colectiva de la mesa, que trabajó en dos comisiones sobre la situación de la justicia y la corrupción. He aquí algunos elementos del diagnóstico.

  1. Una Justicia cautiva de los grupos de poder político y económico que ha servido para perseguir a adversarios políticos, crear cortinas de humo de impunidad y para mantener a los pobres en esas mazmorras inhumanas que se llaman centros de rehabilitación social. Situación que ha llevado a la administración de justicia a la pérdida total de credibilidad y a los más bajos estándares de calidad en el concierto latinoamericano.

  2. Una justicia autista y burocrática, aislada de la realidad y de las necesidades de la gente, enredada en la telaraña de miles de leyes en la que permanentemente se sacrifica la justicia por las formalidades de procesos interminables y engorrosos. Una justicia represada durante siglos y de modo más reciente en estos últimos treinta años, cuyas víctimas han llegado hasta esta Asamblea con sus denuncias.

  3. Un pueblo hambriento y sediento de justicia. Un clamor que a veces no ha tenido otro oído que Dios al que se acude como Juez de última instancia “porque en este mundo no hay justicia”, y que otras veces se traduce en la indignación que da paso a la barbarie de hacer justicia por mano propia, o que cubre con el manto del humor negro y desengañado de los taxistas que en Quito le llaman al edificio de las Cortes “Palacio de la Injusticia”, o en Guayaquil “La Casa de la Moneda”.

En síntesis la Mesa 8 resumió la gravedad del diagnóstico en tres grandes ejes:

  • La falta de independencia y calidad del servicio judicial para garantizar el acceso a la justicia.

  • La falta de mecanismos legales, administrativos e institucionales que garanticen la justiciabilidad de los derechos, y

  • La limitada efectividad de los mecanismos de exigibilidad de los derechos y ausencia de mecanismos para la vigilancia y control ciudadano de los procesos y servicios de acceso a la justicia.

     

 


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