En estos días, en que el debate de la Constitución que hemos puesto a consideración del país se ha intensificado, se ha podido advertir cuán vigentes estás aquellos opuestos a los cambios que esos sectores identifican (con mucha razón), como una grave afectación a los privilegios de los que injustamente han disfrutado en detrimento del bienestar de la gran mayoría de la población. Lo más terrible es escuchar a los que afirman defender la vida señalando que la Constitución de Montecristi es abortista, atea, contraria a la propiedad privada y a los derechos de los padres a escoger el tipo de educación que sus hijos deben recibir (¿?).

Hablemos del derecho a la vida; el aborto en nuestro país (lo he dicho varias veces), no es legal, mas sin embargo, el número de abortos que se practican cada día en todo el país, es pavoroso. la conclusión lógica es que (asumiendo que se promueva el aborto), la criminalización del aborto, no es la medida más adecuada para su desaparición; tenemos que atacar las causas que originan la gran cantidad de abortos en el Ecuador, tales como: la discriminación laboral y social de las mujeres (casadas o no), la imposibilidad de criar niños con algún tipo de discapacidad, la falta de educación sexual bien concebida que evite que los jóvenes inicien su vida sexual de manera irresponsable, etc.

Nada se ha hecho en el Ecuador -hasta ahora- para incidir en las causas que generan el aborto que he anotado, nada han hecho los que se autodefinen como “defensores de la vida”, a pesar de lo cual, llaman a votar en contra de la Constitución que, en su Art. 43 establece una serie de garantías para las mujeres embarazadas, lo que implica enfrentar las razones que impulsan a las mujeres a tomar tan traumática resolución; llamar a votar en contra de una Constitución que en su Art. 47 otorga una serie de garantías para las personas con discapacidad, evitando de esa forma, que su eventual nacimiento sea visto como una carga difícil de sostener.

No ha habido en la historia contemporánea de nuestro país una Constitución más preocupada por la vida que esta que le proponemos al país, pero eso no es lo único que proponemos. Consagramos el derechos a la educación gratuita hasta el tercer nivel de eduación superior (universidad), salud gratuita, seguridad social para toda la población, sin importar que estén o no trabajando, gratuidad en el acceso a la justicia, eliminación de la precarización del trabajo (tercerización, intermediación, trabajo por horas, y cualquier otro modalidad que se les pudiera ocurrir), una muy profunda autonomía que implica la posibilidad de desarrollo equilibrado para todas las regiones del país y no sólo para algunos sectores de algunas ciudades del país.

Por las razones indicadas y por muchas más, no podemos permitir que, mediante el engaño y las interpretaciones malintencionada, se frustre una oportunidad irrepetible para lograr el inicio de la transformación de las caducas estructuras que han ocasionado la enorme diferencia entre los que todo lo tienen y aquellos que no lograr conseguir UN DÓLAR para pasar el día. El próximo 28 de Septiembre, DILE SÍ A LA ESPERANZA!!!, DILE SÍ A LA VIDA!!!

Compartirlo!

El Dr. Lenin Hurtado, miembro de la Subcomisión designada para el estudio de la amnistía al Ing. Carlos Simbaña, manifestó lo siguiente:

En el presente caso es evidente la negligencia de distintos Funcionarios Estatales y Entidades Públicas, como la Empresa de Correos, Procuraduría del Estado y Ministerio de Finanzas, que incumplieron requisitos legales previa la firma del contrato de construcción del “Palacio de Correos”. Luego de 19 años de continuas gestiones judiciales y extrajudiciales con Correos, el Ing. Carlos Simbaña, como representante legal del Consorcio Constructor, suscribió con Correos, el Acta de Mediación y Acuerdo Total en el Centro de Mediación de la Procuraduría del Estado, para dar por terminado el problema. En ella habría renunciado a la mitad de sus derechos económicos por cerca de USD 700.000.

Paralelamente, el Ing. Carlos Simbaña ganó en el año 2001 un Recurso de Amparo Constitucional, en favor de la comuna de Tanda y en contra de un acto ilegítimo del Concejo Metropolitano de Quito que autorizaba rematar un bien público en beneficio de la Urbanización Rancho San Francisco. Pocos días después, la Comisión de Fiscalización presidida por el Diputado Carlos González, de la izquierda democrática impulsó en su contra, una acusación por supuesto peculado cometido en el Acta de Mediación.

En el proceso, la Primera Sala Penal de la Corte Suprema, emitió sentencia condenatoria por peculado, sin tomar en cuenta que la Ministra Fiscal General había solicitado que se lo absueva, por inexistencia de dolo y abuso de fondos públicos. En lugar de ello, irrespetando el debido proceso sustanciado conforme al principio dispositivo o acusatorio (Art. 194 de la Constitución y Arts. 226, 231 y 251 del Código de Procedimiento Penal), sus Magistrados continuaron el proceso y confirmaron la sentencia condenatoria, especificando que no se había cometido perjuicio económico y que no había mediado malicia -es decir sin la intención de causar daño-, sino con culpa. Una vez comprobada la inexistencia de los requisitos indispensables del peculado, condenaron al Ing. Carlos Simbaña a 5 años de prisión por un peculado “culposo”, que no está previsto en la legislación ecuatoriana. Este irrespeto al debido proceso y a normas expresas, está relacionado con la intervención política del Diputado en funciones Carlos González, quien en una carta suscrita en papel membretado del Congreso, dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, solicitó condenar al Ing. Carlos Simbaña, sugiriendo los términos en los que se debía dictar la sentencia.

Por haberse encontrado elementos suficientes que lo ameritan y además por existir motivos humanitarios, al ser una persona de 74 años, que actualmente padece cáncer de próstata terminal que se ha agravado como consecuencia de la sentencia condenatoria, el Dr. Lenin Hurtado consideró positivo otorgar amnistía por persecución política EN FAVOR DEL ING. CARLOS ALBERTO SIMBAÑA ROMERO, conforme a lo estipulado en el Art. 109 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Compartirlo!

Los cambios son posibles y estamos claros que la Justicia debe estar al servicio del pueblo, y no de intereses de particulares o de grupos de poder político o económico, de mafias involucradas en graves casos de corrupción; por esas y otras causas los Magistrados y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia y los Vocales Titulares y Suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura deben irse a su casa, en esos términos se refirió el Dr. Lenín Hurtado Asambleísta del MPD.

El Asambleísta Lenin Hurtado manifiesta que este pedido lo hace, respondiendo a un clamor popular, por cuanto La Corte Suprema de Justicia ha retardado en forma injustificada la administración de Justicia contraviniendo el principio de celeridad y eficiencia.

Además, dijo que para nadie es desconocido el escándalo promovido por varios magistrados, como el sobreseimiento a favor Jamil Mahuad; y en los últimos días con la presunta compra de Conciencia en la Segunda Sala de lo Civil de La Corte Suprema donde se presume pagaron 20 millones de dólares por una sentencia favorable, según informes de la misma prensa.

Por otro lado el Consejo Nacional de la Judicatura ha priorizado la tarea de otorgar nombramientos a dedo, sin concurso y sin selección, dejando pasar asuntos graves de denuncias y descuidando totalmente la administración de justicia.

Finalmente, el Asambleísta Del MPD, sensible a pedido popular que demanda una justicia libre de injerencia de todo tipo y ante la ineptitud evidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura, EXIGE SE DE POR TERMINADO EL ENCARGO DE LOS MAGISTRADOS Y COJUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.

RELACIONES PIBLICAS

BLOQUE DEL MPD

Compartirlo!