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Defensores de la vida presentan propuesta a asambleísta Marisol Peñafiel
Enero 16, 2008 | Por: Marisol Peñafiel |
Defensores de la vida presentan propuesta a asambleísta Marisol Peñafiel
Sixto León, miembro del directorio de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, envió la propuesta tratada y debatida entre todos los actores y organizaciones a nivel naciobal de quienes defienden el derecho a la vida y aman la naturaleza.
Hoy, una delegación del la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, visitarán Montecristi con la finalidad de presentar ante algunas Mesas Constituyentes los sus propuestas e inquietudes.
La asambleísta por Imbabura, Marisol Peñafiel, se encuentra coordinando la llegada de la delegación y el encuentro de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía con los asambleístas. La Asambleísta dijo que no por estar en este cargo público ha defendido la conservación y protección de los recursos naturales, sino desde su adolescencia, “soy hija de una mujer que ha hecho de la riqueza de la tierra y la naturaleza su razón de vivir”, puntualizó.
Sostuvo que junto a otros asambleístas han propuesto que la Asamblea Constituyente declare al Ecuador país libre de minería a gran escala y cielo abierto; además de que se adopten medidas que garanticen la protección y cuidado de los ecosistemas y del patrimonio cultural de todos nuestras comunidades y pueblos ecuatorianos.
Asimsimo que se declare como áreas intangibles y de protección, las zonas de nacimiento, reservas naturales de agua y de la biodiversidad, pues considera que las cuencas y subcuencas hídricas son necesarias para que los seres humanos y animales podamos vivir.
CONCLUSIONES GENERALES DE LA
PRIMERA ETAPA DEL DIALOGO POR LA VIDA
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FRENTE A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Partimos de que: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad que ejerce a través de los órganos de poder público y de los medios democráticos previstos en la Constitución. Luego, tenemos claro que la lucha contra las transnacionales mineras no comienza ni termina en la Asamblea Constituyente, por ello, reiteramos en primer lugar, que nuestra demanda fundamental es la salida de las transnacionales mineras del país y no cejaremos en nuestra lucha hasta conseguir que los invasores extranjeros abandonen nuestra nación. La Asamblea Constituyente es sin embargo un importante espacio en el que debemos presentar nuestras propuestas y reclamos recogidos en el documento realizado en el Congreso Nacional de La Asunción y los demás que resulten del proceso del DIALOGO POR LA VIDA, y exigir su cumplimiento.
NUESTRAS PRINCIPALES DEMANDAS A LA ASAMBLEA CONTITUYENTE SON:
Que reconozca, aplicando el Art. 2721 de la vigente Constitución Política del Estado, que las concesiones entregadas a transnacionales mineras no tienen valor por haber violado los Art. 862 y 883 de la Carta Magna; y una vez que haya este reconocimiento, proceda a declarar en la Nueva Constitución a ECUADOR LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA.
ADEMÁS LA ASAMBLEA CONTITUYENTE DEBE:
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Derogar totalmente la Ley de Minería que fue hecha para favorecer los intereses de las transnacionales mineras.
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Investigar y sancionar a los testaferros y vendepatria que se han enriquecido entregado nuestro territorio nacional a las mineras transnacionales violando la Constitución vigente.
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Evitar la represión de las protestas populares, los excesos del Ejecutivo y uso de la violencia por parte de la fuerza pública.
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Investigar y sancionar los casos de violación de Derechos Humanos cometidos por las empresas transnacionales, grupos armados y la fuerza pública en los distintos puntos del conflicto minero en el país.
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Redefinir el rol del ejército y la policía, que no pueden ser concesionarios mineros ni convertirse en fuerzas de ocupación al servicio de las transnacionales extranjeras.
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Poner fin a la persecución a compañeras y compañeros defensores de la vida y a la criminalización de nuestra lucha.
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Revocar las concesiones de agua entregadas a empresas transnacionales, sus socios, filiales o subsidiarias y a grandes empresas privadas (agroexportadoras, florícolas, camaroneras, hidroeléctricas, de turismo, etc.), en aplicación del Art. 272 de la actual Constitución, y en todos aquellos casos de concentración o perjuicio a las comunidades.
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Declarar como áreas intangibles y de protección, las zonas de nacimiento y reservas naturales de agua (las cuencas y subcuencas hídricas hasta su desembocadura), y de la biodiversidad, prohibiendo toda actividad extractivista en dichas áreas.
LA NUEVA CONTITUCIÓN DEBERÁ:
1. Garantizar en forma efectiva los derechos humanos, un ambiente sano y una vida digna para todos y todas las ecuatorianas y los ecuatorianos.
2. Reconocer y garantizar nuestro derecho legítimo a la protesta por ser fundamental para la defensa de todos los demás derechos.
3. Garantizar la consulta previa e informada para toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, al patrimonio natural y cultural de la nación. El Estado debe consultar a la totalidad de la población del área afectada directa e indirectamente por cualquier proyecto, pero antes informarla de una manera veraz, a través de un proceso que permita conocer y comprender todos los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto generará. Las consultas se deben hacer en varias asambleas ampliadas, y sobre todo se debe reconocer el derecho a veto de proyectos que atentan contra los ecosistemas, agua, cuencas y subcuencas hídricas, bosques nativos, bosques protectores, áreas protegidas, páramos, humedales, biodiversidad, la vida de las comunidades, el patrimonio cultural y la soberanía del país.
4. Considerar los daños a los ecosistemas como delitos penales imprescriptibles.
5. Reconocer el agua como un Derecho Humano fundamental, bien social, público y ambiental que pertenece a la Pachamama (Madre Tierra) y a todos los seres humanos, por tanto no puede ser privatizada ni convertida en mercancía.
6. Prohibir que se otorgue agua para la minería, porque es imposible evitar la contaminación del líquido vital que además es irreversible.
7. Normar el uso del agua con la siguiente jerarquía: 1) consumo humano, 2) para riego y actividades agropecuarias que garanticen la soberanía alimentaria, 3) Uso industrial, turismo y otros.
8. Establecer que la contaminación de las aguas será considerada delito imprescriptible a ser castigado con todo el rigor pues significa atentar contra la vida, y que se regule el reciclaje y tratamiento residual. Crear la legislación pertinente.
9. Establecer la obligatoriedad del Estado de garantizar la salud integral de todos sus habitantes y de la Pachamama (Madre Tierra), por tanto, prohibir cualquier actividad productiva o extractiva que la afecte en algún sentido.
10. Reconocer la Soberanía Alimentaria como Derecho Humano y por tanto prioridad del Estado.
11. Sentar el marco jurídico para que el Ministerio del Ambiente cumpla realmente su función, sea democrático, participativo, con autoridad ambiental nacional superior, con potestad para ejercer la rectoría en la política ambiental y control en todos los ministerios y áreas, y con representación comunitaria.
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Permitir que las instituciones del Estado que tienen que ver con el patrimonio natural como la tierra, el agua, biodiversidad, se reestructuren tomando en cuenta los principios de reciprocidad, complementariedad y participación social.
13. Garantizar en la nueva Constitución la revocatoria del mandato para todos aquellas autoridades y funcionarios de elección popular, cuyo accionar vaya en contra de los intereses de las comunidades, de la defensa de la vida, el agua, la soberanía, y que pongan en riesgo el medio ambiente y el bienestar de la población. Esta revocatoria del mandato debe ir acompañada de las correspondientes sanciones.
2. CON RESPECTO A LA LUCHA CONTRA LAS MINERAS
1. En el conflicto minero, el pueblo y solo el pueblo tendrá la última palabra.
2. Ratificamos nuestra exigencia de la salida inmediata de las transnacionales mineras de nuestras comunidades y del país, y nos declaramos en Asamblea permanente hasta conseguirlo.
3. Desconocemos las concesiones mineras entregadas a las transnacionales por no tener valor al haber violentado nuestros derechos constitucionales, humanos, sociales y ambientales.
4. No negociaremos, ni permitiremos que se lo haga, con transnacionales mineras, porque “nuestra vida y nuestra soberanía no son negociables”.
5. Expulsaremos a las compañías transnacionales y aquellas ONGs u organismos que afectan a la cultura y desarrollo nacional, fomentando el paternalismo, asistencialismo, desarrollismo, divisionismo, alienación y consumismo.
6. No permitiremos que las compañías regresen de donde ya fueron expulsadas.
7. Declararemos a nuestra agua, a nuestras tierras y territorios libres de minería y adoptaremos nuestras propias medidas precautelatorias y de protección.
8. Exigiremos a los gobiernos locales que declaren a los territorios de su jurisdicción libres de minería, bajo la figura de regiones, provincias, cantones, parroquias ecológicas, turísticas, reservas naturales y/o culturales intangibles, áreas de producción agropecuaria, u otras.
9. Declaramos a la Amazonía Ecuatoriana: Reserva Ecológica y Cultural intangible.
10. Haremos igual declaración en las demás zonas de conflicto de las mineras con las comunidades.
11. Mantendremos bajo vigilancia y control permanente nuestros territorios, realizando acciones para impedir el ingreso de las mineras, de sus trabajadores y funcionarios, exhortando a otras comunidades y organizaciones a hacer lo mismo.
12. Nos opondremos, rechazaremos y desconoceremos las actividades de difusión que hacen las empresas mineras, pretendiendo enmascarar la violación cometida a los Art. 86 y 88 de la Constitución vigente, tratando de legalizar su presencia.
13. Rechazaremos y nos opondremos a todo proyecto y obras que esté ligada a los megaproyectos mineros: hidroeléctricas, tendidos y redes de transmisión, puertos, ferrocarriles, infraestructura vial, y demás.
14. Utilizaremos todos los medios y mecanismos legales para la defensa de nuestros derechos.
15. Denunciaremos y rechazaremos permanentemente la política de “papá Noel” que están implementando las compañías, con la complicidad de gobiernos locales, centros educativos, sectores o actores religiosos, medios de comunicación, etc., con el fin de comprar conciencias y dividir a las comunidades, en busca de la licencia social para operar, en especial, las dirigidas a la niñez y a la juventud.
16. Alertaremos sobre las artimañas de las empresas transnacionales que en su empeño de limpiar su imagen o vestirla de verde, auspician económicamente eventos académicos, sociales y culturales, sobre la defensa del medio ambiente.
17. Convocaremos sobre todo a las instituciones públicas, universidades, gobiernos locales, a establecer como parte de su código de ética, el no recibir dinero manchado de sangre, sudor y lágrimas de las poblaciones afectadas por la minería en todo el mundo.
18. De la misma manera rechazaremos y denunciaremos permanentemente la complicidad de organismos de desarrollo, educativos u otros para promover los intereses de las transnacionales mineras. En este sentido hay que investigar la vinculación de las transnacionales mineras con ciertas ONGs “ambientalistas”, a fin de determinar los intereses a los cuales responden.
19. Denunciaremos a falsos líderes asalariados de las mineras que se incrustan en las organizaciones o crean membretes que las transnacionales utilizan para dividir a las comunidades, y publicitar la supuesta aceptación de los proyectos y su tan cacareada “responsabilidad social”.
20. Nos mantenemos alertas para movilizarnos en cualquier momento.
21. Propenderemos a que se incluya en las agendas de las organizaciones ya existentes, la problemática minera y de defensa de la naturaleza.
22. Elaboraremos propuestas en torno a la minería de no metálicos y artesanal.
23. Estaremos alertas y no caeremos en la provocación de las mineras que buscan pretextos para criminalizar nuestra lucha.
24. Rechazaremos y denunciaremos permanentemente la violencia social y el ambiente de inseguridad que provocan las mineras.
25. Continuaremos exigiendo el cese de la persecución y enjuiciamientos penales en contra de defensoras y defensores de la vida.
26. Continuaremos exigiendo que se investigue y sancione la violación a los derechos humanos cometidos por las transnacionales mineras, grupos armados y fuerza pública en contra de las comunidades en resistencia.
27. La acción de batallones del ejército ecuatoriano que -sobre todo en la Amazonía- resguardan a las empresas transnacionales la declaramos como traición a la patria; en concordancia con aquello, convocamos a:
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no enviar a nuestros hijos a la Conscripción Militar con el derecho que nos asiste de ser objetores de conciencia, frente al papel que juegan las fuerzas armadas en contra de nuestros pueblos.
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Promover que los hijos de nuestra patria que forman parte del personal de tropa del ejército, depongan sus armas en un acto de consecuencia con la lucha de sus padres y madres.
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28. Fortaleceremos nuestras organizaciones, practicaremos la solidaridad entre los pueblos y comunidades para enfrentar a las transnacionales.
29. Retomaremos el Levantamiento Nacional iniciado el 5 de Junio si la Asamblea Constituyente no acoge nuestras demandas.
30. Construiremos nuestro propio Proyecto de Vida y Soberanía.
3. SOBRE EL GOBIERNO NACIONAL
Rechazamos la posición pro-minera del gobierno que pretende impulsar la minería a gran escala en el país, desoyendo a las comunidades, poniéndose de lado de los invasores extranjeros, criminalizando la lucha por la defensa de la vida, y pretendiendo acallar las protestas con el terrorismo de Estado.
Demandamos que el Gobierno Nacional escuche a su pueblo, que haga prevalecer los intereses de la nación y no los de las grandes transnacionales.
Exigimos a las autoridades que ayuden proteger nuestros derechos y a hacer cumplir las leyes porque de lo contrario el pueblo tendrá que hacerlo por su cuenta.
Si el Gobierno Nacional nos está planteando un cambio, el inicio de un “nuevo país”, entonces está en la obligación de buscar alternativas al modelo extractivista.
4. GOBIERNOS LOCALES
Resaltamos la participación de aquellas Juntas Parroquiales y Municipios que están luchando del lado del pueblo.
Rechazamos y condenamos la actitud de aquellas Juntas Parroquiales y Municipios que están sirviendo a las transnacionales, al tiempo que les hacemos un llamado a cambiar su actitud.
Realizaremos veedurías a las acciones de las instituciones y autoridades.
Los gobiernos locales deben emitir ordenanzas y resoluciones que garanticen un racional manejo de los ecosistemas y declarar a los territorios de su jurisdicción libres de minería a gran escala.
Desconoceremos y destituiremos a las autoridades que traicionan los intereses comunitarios y que atenten a la salud integral de los ecosistemas.
Los gobiernos locales deben promover nuevas alternativas de vida diferentes a la minería. Deben también crear y ejecutar presupuestos participativos en las parroquias rurales.
5. SOBRE LA DEFENSA DE NUESTRAS
FORMAS DE VIDA ANTISISTEMA
Partimos del hecho de que:
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No aceptamos bajo ningún aspecto, ni punto de vista, que somos “subdesarrollados”,
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No estamos dispuestos a seguir el camino del “desarrollo” que nos quiere imponer el imperialismo,
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La minería no es alternativa ni garantía de nada, y no es una actividad sustentable,
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Somos comunidades que hemos sobrevivido sin hacer minería; y, donde todavía se mantiene una cultura de solidaridad, reciprocidad y respeto a la Pacha Mama (Madre Tierra).
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Ya estamos construyendo verdaderas alternativas sustentables: agrícolas, ganaderas, artesanales, de turismo comunitario, y otras.
Debe ser el pueblo soberano el que decida cómo quiere vivir, en base a su realidad, necesidades, aspiraciones e intereses colectivos.
Debemos defender, ir creando, recatando y ampliando formas de vida social, económica, cultural y ecológicamente acordes a nuestra realidad y a nuestras necesidades y no las necesidades de las transnacionales.
Tenemos que construir nuestro propio PROYECTO DE VIDA Y SOBERANÍA.
NUESTRAS FORMAS DE VIDA ANTISISTEMA NO PODRÁN SER EFECTIVA SIN:
a) REORGANIZACION DE LA PRODUCCIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Reafirmamos que podemos y debemos seguir cultivando la tierra para proteger nuestra soberanía alimentaria.
El Estado y el Gobierno deberían fomentar la actividad agropecuaria porque la minería no es sustentable y atenta contra los ecosistemas y la soberanía alimentaria.
La agroecología debe ser una política de Estado para garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria. Hay que propender a reorganizar la producción con productos orgánicos. Primero para dar seguridad alimentaria a nuestro pueblo y luego para vender al mundo.
Es necesaria una Reforma Agraria como política de Estado, que garantice la vida en beneficio de los campesinos pobres, orientada a detener el abandono del campo y que genere una producción agroecológica y sustentable.
Para garantizar a los pequeños y medianos productores del campo se debería cerrar las fronteras y priorizar el consumo de la producción nacional.
La Soberanía Alimentaria como Derecho Humano y por tanto prioridad del Estado, se refiere a:
- El derecho de toda la población a alimentación saludable y en la cantidad requerida para su desarrollo normal.
- Garantizar que los derechos de acceso y gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y biodiversidad estén en manos de quienes producimos los alimentos.
- Comercio transparente, que garantice ingresos dignos a todos los pueblos, y el derecho de los consumidores de controlar su propia alimentación y nutrición.
- Nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdad entre hombres y mujeres, pueblos y generaciones.
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El Estado debe otorgar prioridad a políticas agrarias orientadas a garantizar la soberanía alimentaria, con el apoyo a los pequeños productores y a las comunidades.
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Rescatar, preservar y desarrollar nuestras especies, prácticas y tecnologías para la producción de alimentos, conformando bancos de germoplasma en cada comunidad.
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Oposición a la implementación de empresas y cultivos para agrocombustibles, pues significará fomentar el monocultivo para consumo de los vehículos y las empresas en detrimento de la producción de alimentos, encareciéndolos y escaseándolos, además de esclavizar la mano de obra y promover la contaminación en diversos órdenes (agrotóxicos, trasngénicos, etc. como parte del paquete tecnológico que venden las transnacionales).
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Concientizar a la población sobre los hábitos alimentarios y eliminar los patrones de consumo impuestos por el sistema, valorando nuestra propia cultura nutricional.
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Rechazar la minería pues es una actividad que afecta a la producción agropecuaria para el sustento de las familias ecuatorianas y destruye los ecosistemas de manera irreversible.
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Incentivar y promover desde el Estado los cultivos orgánicos, agroecológicos, concientizando a la población para su consumo.
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Rechazo a las patentización con fines mercantilistas de uso privado, lucro y aprovechamiento monopólico de nuestras especies animales y vegetales, de conocimientos y de alimentos, por parte de transnacionales, empresas privadas o personas, extranjeras o nacionales.
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Promover la organización comunitaria para la producción y comercialización, así como para velar por los derechos ligados a la soberanía alimentaria y al cuidado de nuestro patrimonio natural.
b) RESCATE DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL
De manera urgente y permanente debemos contraponer nuestra riqueza cultural y espiritual a la cultura capitalista decadente, individualista, consumista, depredadora y contaminadora.
Es necesario promover en forma adecuada y profesional grupos culturales bajo la tutela de un organismo comunitario.
6. EN CUANTO A LOS DERECHOS HUMANOS
Continuaremos fortaleciendo la organización para defender todo lo que nos corresponde como derecho: agua, salud, alimentación, educación para todos, trabajo, vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libertad de pensamiento y expresión, información (veraz, integral, clara, oportuna), organización y todos los demás reconocidos por las leyes, la Constitución, y los convenios y tratados internacionales.
Exigiremos al Estado que garantice una efectiva aplicación de los Derechos Humanos en el Ecuador comenzando por la difusión, conocimiento y conciencia de la población sobre sus derechos.
Denunciaremos en forma permanente todos los atropellos cometidos contra las comunidades y nos solidarizaremos con todas las compañeras y compañeros enjuiciados, perseguidos y que están siendo atacados en su dignidad de palabra y obra por las transnacionales y sus lacayos.
Continuaremos exigiendo la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades, cometidos por la fuerza pública y grupos armados a favor de las empresas mineras.
Exhortaremos a los medios de comunicación para que cumplan con su deber de difundir programas para educar sobre derechos humanos.
Exigiremos al Estado la protección de los lugares naturales de esparcimiento: ríos, lagunas, montañas, bosques, etc., como forma de garantizar el acceso a la recreación que es un derecho humano fundamental (deporte, cultura), en especial para la población infantil, para los jóvenes y personas de la tercera edad.
A través de la organización nos capacitaremos en nuestros derechos, los ejerceremos y exigiremos por su efectivo cumplimiento.
7. EL AGUA
Para nosotros el agua es patrimonio de interés superior y derecho humano fundamental; un bien nacional de dominio público, que pertenece a la Pachamama (Madre Tierra), por lo tanto no puede ser privatizada, concesionada, ni comercializada; ni a las empresas transnacionales o grandes empresas privadas nacionales; ni a las concesiones mineras, ni hidroeléctricas.
Creemos que:
La gestión del agua debe estar a cargo de organismos locales conjuntamente con organizaciones de la comunidad, las cuales podrán exigir rendición de cuentas a las autoridades y a los usuarios sobre el buen uso y manejo del agua. El Estado debe garantizar la construcción y mantenimiento de infraestructura de agua potable y de riego y la población su cuidado y protección.
La gestión cuidado y manejo del agua, debe ser por cuencas hidrográficas, de manera integral, participativa y con todos sus componentes económicos, ecológicos, sociales, culturales.
Es responsabilidad del Estado la forestación y reforestación con especies nativas como una forma de proteger nuestro derecho al agua.
El Estado debe garantizar agua potable para todos los habitantes, determinando un consumo básico gratuito para satisfacer este derecho humano. Cualquier uso por encima de ese valor deberá ser cobrado incrementándolo proporcional y gradualmente de acuerdo a la actividad.
El Estado debe otorgar a las comunidades y campesinos, incentivos tributarios (ej. exoneración de impuestos) y revertir fondos para el cuidado de los ecosistemas asociados al ciclo hidrológico.
El Estado debe promover a través de la educación formal (en todos los niveles) y de campañas específicas, la concientización sobre el cuidado del agua y del patrimonio natural.
8. CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN
Para nosotros la educación es un derecho humano fundamental y debe ser fiscal, laica, gratuita y obligatoria en todos los niveles.
El sistema educativo nacional debe responder a una educación de calidad, integral y que nos eduque para el desarrollo del pensamiento crítico y la convivencia armónica con la naturaleza; actualizando el pensum de estudios de acuerdo a los requerimientos para el bienestar de nuestros pueblos, incorporando las materias de cívica y medioambiente como ejes transversales de todos los cursos.
Debe ser política del Estado: el desarrollo de tecnologías acordes con nuestra realidad; la investigación científica e innovación propia, donde se tome en cuenta nuestra cultura y nuestras necesidades.
Para garantizar una educación para la liberación se tiene que incorporar la Ciencia Política desde el nivel primario.
9. LA SALUD
Concebimos la salud como un derecho humano primordial, entendido como el bienestar físico, mental, social, ambiental, debiendo por tanto priorizarse la atención primaria (promoción y prevención); los servicios de salud deben brindar las prestaciones de manera gratuita, con calidad y calidez, y obligatoria para la curación y rehabilitación.
Creemos que:
El Estado debe garantizar la salud integral de todos sus habitantes y de la Pachamama (Madre Tierra), por tanto debe prohibir cualquier actividad productiva o extractiva que la afecte en algún sentido.
La salud integral se debe garantizar también con servicios básicos de agua potable, alcantarillado, disposición adecuada de los desechos sólidos.
Otra forma de garantizar la salud de la población es prohibiendo totalmente la importación y uso de agrotóxicos, transgénicos, germoplasma y clones de diversas especies; y, declarando al país libre de minería por ser una actividad altamente contaminante y nociva para la salud humana, ambiental y social.
El Estado debería recuperar la medicina tradicional, alternativa, originaria y reconocer su práctica en igualdad de condiciones que la medicina occidental.
10. SOLO EL PODER POPULAR ES LA GARANTÍA DEL CAMBIO
Construiremos espacios de poder popular. Los parlamentos o asambleas populares, como instrumentos e instancias de participación, con capacidad de decisión y revocatoria del mandato a todos los que incumplan con sus funciones y representaciones.
Diseñaremos propuestas sobre economía nacional, soberanía y participación popular.
Dejaremos de depender en todos los ámbitos, para salir de la cultura alienante de esclavismo, de peonazgo, y comenzar a tomar las riendas de nuestro destino, para ser nosotros, mujeres y hombres del pueblo los que decidamos nuestro futuro.
El cambio sólo se dará con el poder popular.
¡POR UN ECUADOR LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA!
COORDINADORA NACIONAL POR LA DEFENSA
DE LA VIDA Y LA SOBERANÍA
1 Art. 272: “La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones…” (Constitución Política del Ecuador, 1998).
2 Art. 86: “El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza…” (Constitución Política del Ecuador, 1998).
3 Art. 88: “Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual esta será debidamente informada. La ley garantizará su participación.” (Constitución Política del Ecuador, 1998).
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Autor
MARISOL PEÑAFIEL, ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE IMBABURA, MOVIMIENTO PATRIA ALTIVA Y SOBERANA - PARTIDO SOCIALISTA
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