El pleno de la Asamblea se encuentra analizando en segundo debate los articulados sobre Regímenes de Producción redactados por la Mesa de Trabajo, Producción Igualdad e Inclusión Social.

Los asambleístas que conforman la subcomisión encargada de recoger las observaciones realizados por los asambleístas durante el pleno son Irina Cabezas y Pedro de la Cruz, a quien se les unirá un asambleísta designado por la Mesa Directiva.

Sección Primera: Formas de organización de la producción y su gestión.

Art.(1).- El Estado reconoce la existencia de diversas formas de organización de la producción en la economía, sean estas: comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas, mixtas y las demás que la ley determine.

El Estado garantizará y promoverá aquellas formas de producción que aseguren el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza.

Art.(2).- En las diversas formas de organización de la producción se estimulará una gestión democrática, participativa, solidaria, equitativa, sustentable, sostenible, transparente y eficiente.

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, valoración del trabajo, eficiencia económica y social, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y del respeto a la vida, las culturas, la dignidad, la estabilidad y la seguridad integral de los trabajadores. Se procurará la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y se promoverá la innovación y el mejoramiento permanente de procesos.

Sección: La democratización de los factores de la producción

Art(3).- El Estado promueve el acceso equitativo a los conocimientos, la capacitación, la información, la energía, las tecnologías, los instrumentos, maquinarias e infraestructuras, así como al financiamiento y demás factores necesarios para la producción. El Estado impulsará la distribución equitativa de la tierra y permitirá, con las excepciones que determine la ley, el acceso y utilización de los recursos productivos, de forma soberana, racional y con responsabilidad intergeneracional.

Para estos fines, corresponde al Estado:

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos.

1. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción.

2. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías, así como su aplicación en los diversos procesos de producción.

3. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para atender la demanda interna.

4. Las organizaciones económicas de carácter comunitario, cooperativo, así como las micro, pequeñas y medianas unidades productivas recibirán apoyo preferente.

5. Promover el desarrollo de infraestructura y servicios financieros públicos, y garantizar la soberanía energética.

Sección: Los intercambios económicos y comercio justo

Art.(4).- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas y sancionará la explotación, especulación, usura, acaparamiento, intermediación especulativa de los bienes y servicios, y toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional y establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privado, o de abuso de posición de dominio en el mercado; y fomentará la lealtad comercial y la competencia en igualdad de condiciones.

Art.(5).- El Estado velará e impulsará el comercio justo como vía de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación, promueva la sustentabilidad e incorpore los costos sociales y ambientales.

Art(6).- El Estado desarrollará infraestructura para el acopio, transformación, transporte y comercialización de productos que garanticen la satisfacción de las necesidades internas.

Sección: Ahorro e Inversión

Art (7).- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión en el país. Asimismo, incentivará el ahorro de las personas y de las diferentes unidades económicas, la repatriación de capitales nacionales y la orientación de las remesas hacia la inversión productiva.

Art.(8).- El Estado promoverá inversiones de diverso origen y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, con prioridad para la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación y recuperación tecnológica, generación de equilibrios regionales y sectoriales.

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos, tanto los humanos como los de la naturaleza, y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en los planes de desarrollo.

La inversión pública se dirigirá a mantener e incrementar el patrimonio público y a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de desarrollo nacional y local, y en los planes de inversión.

Art.(9).- Las relaciones del Estado con las entidades financieras internacionales se regirán por los principios de soberanía e independencia, y se ajustarán al plan nacional de desarrollo. Se fomentará la participación del país en nuevas entidades y líneas de inversión como parte de los procesos de integración de América Latina y el Caribe.

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El asambleísta nacional, Pedro de la Cruz, indicó que la declaración del Ecuador como un “Estado social y constitucional de derechos y justicia” es un avance porque reconoce a la Constitución como eje del orden estatal; y plantea a los derechos y la justicia como objetivos fundamentales de la comunidad política ecuatoriana.

Señaló durante su intervención ante el Pleno de la Asamblea en el debate de los textos sobre Carácter y Elementos del Estado que al mismo tiempo que reafirman la unidad del País reconocen la diversidad, con lo que da un paso más que la Constitución del 98.

Según De la Cruz el reconocer las Interculturalidad como característica del Estado supone no sólo el reconocimiento de nuestra diversidad sino el hecho de que entre los diferentes nos relacionamos, valoramos y aprendemos de los otros.

“Lo ecuatoriano no puede ser la suma de las partes, no es el desarrollo separado de las diferencias; lo ecuatoriano tiene que ser el puente que permita la configuración de unas relaciones más democráticas entre culturas e identidades”, expresó.

A criterio del asambleísta indígena-campesino dichos en dichos articulados no sólo se mantiene la concepción que la soberanía radica en el pueblo, sino que incluye su ejercicio a través de formas de participación directa; es decir enriquece la concepción democrática, tradicional y abstracta, y además se reconoce los recursos naturales como patrimonio del País.

Sin embargo dijo que aunque se mantiene el reconocimiento de los idiomas indígenas y su apuntalamiento, “si lamenta que no se reconozca el quichua, como se reconoce el castellano, como idiomas oficiales del Ecuador, pues la Interculturalidad es una interacción de doble vía, no puede pensarse que sólo los indígenas debemos aprender el castellano y lo occidental. El Estado como representación de lo que es ecuatoriano tiene que evidenciar su matriz indígena”.

Finalmente, concluyó argumentando que en los deberes del Estado se evidencian los avances democráticos, la reconstrucción de lo público y la redefinición del modelo de desarrollo que rebasan esas visiones estrechas de pensar al desarrollo como crecimiento, de confundir progreso con mercado.

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El asambleísta nacional, Pedro de la Cruz, participó en la Concentración organizada por el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales en la Plaza Central de Montecristi, en donde estuvieron cerca de 3.000 representantes de este sector y otros asambleístas de Acuerdo País, quienes recibieron el apoyo por el trabajo realizado en la redacción de articulados.

Durante su intervención De la Cruz saludo a toda la gente que vive en el campo, y que a lo largo de la historia fue excluida de los procesos de desarrollo y que ha sufrido todo tipo de vejaciones, pero que hoy gracias a la Carta Magna que está siendo redactada verán reivindicados sus derechos.

“Por eso es necesario que todos indígenas, campesinos, cholos, montubios, elevemos nuestra autoestima y nos sintamos parte esencial de un todo como es Ecuador”, expresó.

El asambleísta indígena-campesino destacó el trabajo que ha hecho la Asamblea, y la Mesa de Trabajo que preside, como es la aprobación del cuerpo de articulados que incluye el reconocimiento del trabajo autónomo.

“En los textos constitucionales aprobados del capítulo de Propiedad se garantizó el reconocimiento de la propiedad privada , y estableció que debe cumplir la función social, “pero en ninguna parte hemos dicho que vamos a confiscar o incautar los bienes a nuestra voluntad, tal como cierto sectores de derecha lo han pretendido hacer creer”, precisó.

Además resalto la aprobación de los articulados sobre Soberanía Alimentaria con lo que se grantiza el acceso al derecho de la alimentación de todos los ecuatorianos.

“Por ello vamos a decir todos SI al cambio, SI a lo nuevo, SI a una Patria Intercultural, Altiva y Soberana, apoyando la nueva constitución”, concluyó.

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