DIARIO EL COMERIO   02 – 01 -2008

OPINION

EL PAÍS QUE SOÑAMOS

Por Fernando Tinajero  

En días pasados, la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura fue el escenario de un acto de enorme interés: la Coordinadora de Organizaciones Culturales (que agrupa a numerosos jóvenes comprometidos con la música, el teatro, la poesía y otras artes) entregó un proyecto constitucional relativo a la cultura a dos asambleístas de Nuevo País, que asistieron acompañados por el doctor Augusto Barrera, quien tiene a su cargo el enlace entre el Ejecutivo y la Asamblea.

Muchas y valiosas fueron las ideas que entonces se expresaron; de entre ellas, junto a la declaración del asambleísta Virgilio Hernández en el sentido de que su tienda política no cree en la cultura oficial, me gustaría destacar una frase pronunciada por la asambleísta Pilar Núñez: “antes de plantear la reivindicación de nuestros derechos, debemos discutir sobre el país que soñamos”.

Me parece que en esa sola frase está como encapsulada la concepción fundamental que debe guiar el trabajo de la Asamblea y el de todos los grupos, instituciones o gremios que han presentado y aspiran a seguir presentando sus propuestas para la Constitución. Tal como dijo también el doctor Barrera, es preciso entender que estamos ante la oportunidad, acaso única, de llevar a cabo el cambio del que hemos hablado durante mucho tiempo sin llegar a plasmarlo. La ocasión, en otras palabras, de provocar el nacimiento de ese país en el que hemos estado soñando como si fuese un ideal imposible.

La frase pronunciada por la asambleísta Núñez representa, en este sentido, un giro radical en la actitud que debemos tener ante la política: hasta ahora, la abrumadora mayoría de quienes se han acercado a ella lo han hecho en nombre de intereses que, sin ser ilegítimos, han tenido la marca de la particularidad. Cada sector de la sociedad ha pretendido imponer a los demás su propia visión del país, de modo que en su esfuerzo estaba siempre implícito el deseo, a veces inconsciente, de lograr que los demás se sometieran a ella. Al hablar del país que soñamos, Pilar Núñez ha propuesto mirar en primer término el conjunto para después atender las particularidades.

Detrás de este planteamiento se encuentra una idea de gran hondura, cuya presencia en el pensamiento se ha hecho sentir de manera creciente en todos los ámbitos de la filosofía, la ciencia y el arte a lo largo de todo el siglo XX: la totalidad no es, como creían los  discípulos de Comte, el resultado de la suma de las partes; la totalidad agrega algo a esa suma, y eso es el sentido. Una suma de palabras, por ejemplo, no es suficiente para expresar una idea: hace falta una estructura gramatical determinada, y ella es la que dota de sentido a la expresión.

A quienes reclaman por no haber visto todavía una sola disposición constitucional, hay que pedirles que cambien su demanda a la Asamblea: lo que hay que pedir no es una, 10 ó 100 disposiciones, sino una idea de país, un proyecto de país, una visión de futuro, y no un simple eslogan de campaña. El resto, por supuesto, vendrá después, a su tiempo,  como añadidura.

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Hay dos modelos de Estado que se colocan en los extremos: el Estado liberal, aparentemente neutral que garantiza el derecho de propiedad de los grandes empresarios, permite el libre funcionamiento del mercado que somete a la sociedad a una irracionalidad cuyos resultados se encuentran a la vista: desigualdad social, pobreza y exclusión. En el otro extremo se encuentra el Estado totalitario, absorbente, que somete al conjunto de la sociedad a sus designios. En uno y otro caso, el funcionamiento de la democracia es limitado, por no decir nulo. Ambos coinciden en la exclusión de la ciudadanía en los asuntos que atañen al bien público: en el primero la participación se reduce al sufragio, en el segundo está controlada por el Estado.

Con la Función de Transparencia y Control Social se trata precisamente de recuperar el protagonismo ciudadano. El Estado tiene como funciones planificar la economía, regular el mercado, garantizar los derechos humanos, proteger la naturaleza, funciones que no pueden quedar libradas a su arbitrio. El Estado, por su propia forma de ser, tiende a expandirse y a controlar a la sociedad civil. Es necesario que ésta, a su vez, controle al Estado mediante la participación. De allí se desprende la necesidad de crear organismos que ejerzan la función de contraloría social sobre la administración pública, a fin de asegurar la transparencia  en el manejo de los fondos públicos, el buen uso de los recursos pertenecientes a la sociedad y, en general, la presencia deliberante de los ciudadanos en todas las decisiones del Estado.

Uno de los mayores vicios de la democracia liberal es la corrupción, que tiene una lógica de contenido político más que moral, tal como se desprenden de las premisas filosóficas del propio liberalismo. Como no existe más que la propiedad privada, todos los bienes existentes son susceptibles de apropiación, incluyendo los bienes del Estado, que son bienes públicos, es decir bienes que no pertenecen a nadie. De esta manera, en las concepciones liberales y neoliberales, el Estado no es más que la oportunidad y el mecanismo más eficiente para incrementar la propiedad privada, aumentar la cuantía de los bienes y valores particulares, lo cual justifica plenamente la privatización del Estado.

Es más, esta filosofía legitima la corrupción en sus diversas formas: chantaje, coimas, sobreprecios, falsas promesas, simulaciones.  Convierte a la corrupción en un modus vivendi que beneficia a burócratas y seudo políticos. La corrupción solo puede ser detenida cuando la sociedad civil defienda su derecho a ejercer el dominio sobre lo público, porque solo entonces es posible someter la administración a las reglas éticas y políticas que anteponen el interés social al interés particular. Pero eso exige legalidad a más de legitimidad. Por eso esta Constitución se ha planteado incorporar una normatividad que confiera a la sociedad civil el respectivo poder para desarrollar sus propias capacidades para protegerse cuando tiene la valentía de denunciar actos reñidos con el interés colectivo, para promover la transparencia y lograr que la corrupción salga de los armarios.

Por ello, la nueva Constitución contempla la creación de un Consejo de Participación Ciudadana como el órgano encargado de promover esa participación, un organismo no perteneciente al Estado sino a la sociedad civil y que, junto a la Defensoría del Pueblo que también pertenece a la sociedad civil, intervenga activamente en el control de las funciones públicas.

Y aquí vale hacer una aclaración: no estamos hablando del control del Estado ni del control de los poderes establecidos sobre las acciones ciudadanas o sobre los bienes particulares; no estamos abogando por la intervención del Estado en detrimento de las libertades individuales en cualquiera de sus expresiones; todo lo contrario, estamos hablando de otorgar a la ciudadanía la prerrogativa de intervenir tanto en las decisiones del Estado como en la defensa de los derechos ciudadanos, en defensa de su derecho a expresarse y a denunciar libremente los actos de los funcionarios públicos que vulneran los derechos civiles  . Por ello la Función de Transparencia y Control Social se expresa través de estos dos organismos de la sociedad civil, pero también a través de la Contraloría General del Estado y a través de las Superintendencias. Entre estas dos clases de organismos debe establecerse una relación de equilibrio, respeto mutuo y trabajo mancomunado para precautelar los derechos ciudadanos.

La revolución ciudadana es, ante todo y sobre todo, una revolución democrática, un proceso que se orienta a la construcción de nuevos sujetos sociales, de nuevos liderazgos; una revolución que trata de reivindicar a los verdaderos protagonistas de la historia, aquellos que en los últimos diez años sin el amparo de los poderes establecidos han demostrado quién es la verdadera y única fuente del poder: el pueblo.

Ciudad Alfaro-Montecristi, julio de 2008

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Oficio E-44PNC

Arquitecto

Fernando Cordero

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Presente

Señor Presidente:

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 40 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente envío a usted, y por su intermedio a la Secretaría de la Asamblea, la propuesta de la Asambleísta Pilar Núñez sobre el Sistema de Comunicación, como aporte para que se integre en el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social,  que trabajó la Mesa 7 y que se debatió en el Pleno No. 75, de 03 de julio de 2008.

Atentamente,

MERCEDES PANTA

ASAMBLEISTA

TITULO VI – DEL REGIMEN DE DESARROLLO

CAPITULO 4- DE UNA VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS

SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN ESTE CAPITULO, PRESENTADA EN EL PLENO DE 3 DE JULIO DE 2008

Pilar Núñez C.

-  A través de una distinta concepción acerca de la estructura de la Constitución de la República, vamos a marcar una gran diferencia respecto a la del 98: lograr la integración y coherencia entre aquello que los juristas llaman la parte dogmática y la parte orgánica. 

-  Se ha insistido mucho en la Asamblea, que debemos construir nuevos paradigmas para permitir a la nueva sociedad erigirse con sólidos cimientos que permitan una vida digna a las próximas generaciones. Y lo estamos haciendo.  Es por ello que ésta es la Constitución del Buen Vivir.

-   Las mesas 1 y la 7 han dado lo suyo, por un lado, un conjunto de derechos que hablan de lo que es la vida, las relaciones de los seres humanos en las distintas formas y espacios y sus relaciones con la naturaleza.  Por el otro, vamos uniendo las piezas del andamiaje institucional, las ideas, los procesos, los actores que hacen posible el ejercicio de esos derechos.  Todo ello, junto a los otros importantes componentes que las distintas mesas han traducido en artículos de profundo significado, va configurando la estructura de un país realmente diferente.    

-  Ahora bien, en estos dos días varios colegas asambleístas y entre ellos, Betty Tola, Norman Wray, brillantemente sostuvieron que sólo el conjunto de elementos y factores interrelacionados, y que se han plasmado en el articulado respectivo propuesto por la Mesa 7, es lo que permite el cumplimiento de los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza. Estos elementos están enmarcados en el gran Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social; y esta es la herramienta para su viabilización, para que el Estado cumpla en la práctica sus compromisos del desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

-  Por eso, tal como lo reconoció ayer el Compañero Pedro Morales, un componente fundamental está faltando y es el Sistema de Comunicación Social. Indispensable, porque la sociedad del conocimiento y de los saberes implica la conjunción de la educación, la comunicación, la ciencia, la tecnología y la cultura.

-  Más allá de lo que manifesté en el Pleno hace dos días, hay dos grandes coincidencias entre los 130 asambleístas: la defensa de la libertad de expresión y el criterio de que en el ámbito de la comunicación, el Estado no debe ejercer control en nada más allá de lo que atenta a los derechos de las personas y colectividades, a los bienes públicos.  Por tanto, esta Asamblea no permitirá que se controlen contenidos comunicativos, que exista censura o confiscaciones de ningún tipo, peor de los medios.

-  Eso es lo que se plantea al incorporar a la comunicación en el gran sistema del buen vivir, porque nadie puede dudar de su trascendencia, idéntica a la educación, a la cultura, a la ciencia y tecnología, considerando, claro está que la Mesa 7 ha acordado el significado de sistema y que por eso ha adoptado esta línea conceptual y metodológica, para estructurar el Estado a través de sus instituciones, actores, recursos, normas, procesos, políticas, etc. La comunicación es tan sistema como los otros mencionados en este capítulo.  No puede ser reducida a dispositivos mediáticos que funcionan bajo sus propias reglas.

-  De ahí que solicito a la mesa incorporar dos artículos y una disposición transitoria, referidos a este sistema, que se plantea en las líneas siguientes.

-  Se debe aclarar que en ninguna línea de estos artículos se menciona formas de control o censura o imposición a los medios; por el contrario, se rescata el sentido multidimensional de la comunicación y se precautela la participación ciudadana en la defensa de la libertad de expresión y de la democratización de la comunicación. 

-  Se entrega a la Mesa 7 y a la Mesa Directiva los dos artículos y la disposición transitoria, para el tratamiento respectivo. Cuyo texto reproduzco a continuación.

REGIMEN DE DESARROLLO

CAPITULO 4: DE UNA VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS

SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

03 – 07 – 08

Art. 1.- El Sistema de Comunicación Social posibilita el cumplimiento de los derechos de la comunicación y de la información; fortalece la participación ciudadana, la concienciación, la movilización social y el protagonismo de las personas, organizaciones, pueblos y nacionalidades; promueve el acceso a las tecnologías de información y comunicación y el desarrollo de las capacidades para su uso; la investigación y generación de conocimiento en comunicación. Se guiará por los principios generales  del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.

Forman parte las instituciones; las políticas públicas; la normatividad; los actores de la comunicación; los recursos; la entidad rectora responsable de promulgar la política pública de comunicación y regular las actividades y entidades del sector; un órgano de participación ciudadana para promover las iniciativas de la sociedad civil en el ejercicio de la comunicación; y, el organismo de control correspondiente.

Art.- 2

El Estado asignará las frecuencias radioeléctricas entre medios públicos, privados y comunitarios, en igualdad de condiciones, de conformidad con la Ley. Se prohíbe la transferencia de concesiones de frecuencias. Los concesionarios solo podrán ser ecuatorianos y ecuatorianas.

Disposición Transitoria

Concluida la Asamblea Constituyente, en un plazo máximo de 30 días, la Función Legislativa conformará una comisión especial multisectorial para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión, cuyo informe se entregará en un plazo máximo de 90 días desde la conformación de la Comisión. Mientras se realiza este proceso no se podrá asignar ninguna  frecuencia.

Simultáneamente, esta comisión elaborará en un plazo máximo de 120 días la Ley Orgánica de Comunicación, que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional en un plazo máximo de 180 días.   

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Lucro y pecado

CATALINA LEON

cleon@telegrafo.com.ec

¿Cómo se cuecen las noticias? Lo entendí una tarde de junio, escuchando las deliberaciones en Ciudad Alfaro. El tema del día: los derechos civiles. Muchos planteamientos respondían al espíritu liberal clásico: libertad de conciencia y religión, de asociación y reunión; otros enfocaban cosas nuevas: ahora l@s ecuatorian@s tendremos derecho “al honor, al buen nombre, a la imagen y a la voz”; muy novedoso es el articulado sobre los derechos reproductivos y los sexuales. Hay que informarse para ejercer responsablemente la sexualidad. ¿No es cierto?

A un sector se le antojó que el artículo sobre los derechos reproductivos da a la Constitución un sesgo “abortista”; la réplica de dos opositor@s, duró, exagerando, 15 minutos. ¡La noticia estaba hecha! Las otras innovaciones en materia civil no contaron, y los medios volvieron a la carga durante toda la semana. ¡Con solo cuarto de hora de golosina!

¿Faltó veracidad? Si y no, porque siendo cierta la obcecación conservadora en contra de los derechos sexuales, lo mentiroso es el efecto informativo, pues es falso que en la Asamblea solo se hable de sexo. El sesgo no sorprende, pero indigna, pues la ´verdad´ mediática, en este caso, desinforma, apela a los más rancios valores, a los fantasmas que, a lo mejor, no trasnocharían ni a la mismísima Reina Victoria.

“¿Dónde queda el derecho a enterarse

de todo y no solo de un segmento magnificado?”

¿Es posible dar rienda suelta al libertinaje informativo, a título de libertad de expresión? ¿Y dónde queda el derecho ciudadano a enterarse de todo y no solo de un segmento magnificado? ¿Es ético orientar así a la opinión pública? Recuerdo la obscenidad sexista de los anuncios que se pasan, por algún canal, de gente de toda edad y ciudad que ofrece relaciones “en serio” o sexo pagado, a vista y paciencia de infantes y adolescentes. ¿Cómo entender el moralismo de la derecha, qué mismo quiere? ¿Se le olvidó que el contrato social limita el exceso de libertades individuales en nombre del bien y la libertad del conjunto?

Por si acaso, en la última década la información mediática no ha tenido límite. ¿Ha habido, sin embargo, objetividad y responsabilidad? Para el cumplimiento de los derechos ciudadanos a la información, más que garantías, hoy se requiere de mecanismos públicos que precautelen el equilibrio, sin coartar el derecho a la libertad de expresión, poniendo en el tapete los intereses de los actores equitativamente.

La asambleísta Pilar Núñez ha propuesto la creación del Sistema Nacional de Comunicación. Formarían parte de él actores públicos, privados y comunitarios. Las restricciones allí generadas serían consensuadas, y nadie renunciaría a su porción del espectro radioeléctrico, de fiel conformidad con el espíritu contractualista. ¿Por qué entonces la campaña de desprestigio desatada por la mayoría de medios? Me aventuro con la respuesta: sufren por la inclusión de los otros y por el miedo a la fuga del lucro sin parangón que genera la ambivalencia del enunciado mediático, entre el pecado y el destape, en medio del goce adrenalínico, ante las imágenes públicas de manzanas prohibidas.

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Oficio E-36PNC

Arquitecto

Fernando Cordero

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Presente

Señor Presidente:

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 43 de la Reforma al Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente envío a usted, y por su intermedio a la Secretaría General, las observaciones realizadas al articulado sobre Naturaleza y Ambiente, presentado por la Mesa 2 para segundo debate en Sesión Extraordinaria, el 28 de junio de 2008.

Atentamente,

PILAR NÚÑEZ C.

ASAMBLEISTA POR PICHINCHA

VICEPRESIDENTA MESA 2

OBSERVACIONES AL ARTICULADO SOBRE LA NATURALEZA Y EL AMBIENTE, TRATADO EN EL PLENO DE 28 DE JUNIO DE 2008

Pilar Núñez C.

Con el presente documento me permito insistir en mis observaciones respecto al articulado que la Mesa 5 presentó en el Primer Debate del Pleno.

No voy a plantear nuevamente los fundamentos para mis observaciones, a fin de no distraer a la comisión encargada de la redacción final, previo a la aprobación de los artículos en el Pleno.

Si la Asamblea ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos, es fundamental que el presente articulado de la Mesa 5 la incorpore en cada uno de los acápites que corresponda, de lo contrario, se estaría cometiendo un grave error: no incorporar a la naturaleza como elemento sustantivo en la relación con el ser humano y no solamente al ambiente.

Con el reconocimiento debe venir la modificación en el lenguaje: ¿Por qué el término “explotación” es “malo” cuando se refiere a las relaciones humanas y, en cambio, es socialmente aceptado y legitimado cuando se trata de los recursos naturales? Si el hombre y la naturaleza son reconocidos como sujetos, ninguno puede sufrir los estragos de la explotación.

Hay sobradas razones para insistir en un tratamiento integral del tema de la naturaleza que no se reduce solo al concepto del ambiente, y el conjunto de artículos propuestos por la Mesa 5 invita a hacer una referencia a tal integralidad.

Se plantean algunas observaciones:

1. Sugerimos que los artículos correspondientes a los principios sean formulados como tales y no como garantías del Estado. Esto supone hacer un esfuerzo por delimitar conceptualmente cada uno de los términos utilizados, y hacerlo con la mayor precisión y claridad sin abundar en elementos que pueden provocar confusión. En el presente texto, nos permitimos proponer una redacción de los artículos correspondientes a los principios en los términos señalados. Así, cuando se habla de desarrollo sostenible, este concepto es definido como un modelo orientado a “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”, tal como fue definido por el Informe Brundtland (1987).

2. En cuanto al principio de precaución, hay que referirse a la Resolución de Niza, aprobada por el Consejo Europeo en el año 2000, que trata de reducir al máximo los efectos de potenciales desastres ecológicos, mediante la adopción de medidas basadas no en criterios técnicos sino políticos. Aún cuando no se conozca a ciencia cierta la ocurrencia de una catástrofe, su sola presunción es suficiente para adoptar medidas que minimicen el riesgo y protejan la naturaleza y la vida. Hay que diferenciarlo claramente del principio de prevención que obliga a adoptar medidas bajo la certidumbre, proporcionada por la investigación científica, de la inminencia de un desastre.

3. En cuanto al principio de transversalidad, debe ser formulado de manera tal que se entienda con claridad que el aspecto ecológico es un eje tanto horizontal, pues atraviesa toda actividad particular y pública, como vertical, pues incluye las acciones gubernamentales desde los altos niveles de decisión, el gobierno central, hasta los niveles locales. Esto significa que toda política pública, toda acción de formación ciudadana, todo acto hasta el más elemental debe realizarse teniendo siempre como referente la defensa, la protección y el respeto a la Naturaleza.

Hay otros temas que no son de exclusiva incumbencia de la Mesa 5, como la constitución del Sistema de la Naturaleza y el Ambiente, la conformación de la Superintendencia del Ambiente, al igual que la Defensoría, de tal manera que sugerimos que antes de tomar decisiones al respecto se debate conjuntamente con las otras mesas involucradas, previo a la aprobación en el Pleno.

A continuación, la propuesta de articulado:

ARTÍCULOS DE LA MESA 5: DE LA NATURALEZA Y DEL AMBIENTE

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Oficio E-31PNC

Arquitecto

Fernando Cordero

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE (E)

Presente

Señor Presidente:

De acuerdo a lo dispuesto en  el Art. 43 de la Reforma al Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente envío a usted, y por su intermedio a la Secretaría General, las observaciones realizadas al articulado sobre Soberanía Alimentaria, presentado por la Mesa 2 para  segundo debate en el Pleno No. 67, el 24 de junio de 2008.

Atentamente,

PILAR NÚÑEZ  C.

ASAMBLEISTA POR PICHINCHA

VICEPRESIDENTA MESA 2

OBSERVACIONES AL ARTICULADO DE LA MESA 6 SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA, DEBATIDO EN EL PLENO N. 67 DE 24 DE JUNIO DE 2008

Pilar Núñez C.

ASAMBLEÍSTA

En general se recomienda realizar una síntesis especialmente de los 17 numerales considerados como obligaciones del Estado. Hay muchos de ellos que solo de manera indirecta tienen que ver con la soberanía alimentaria. En particular, me permito solicitar se tomen en cuenta las siguientes observaciones: 

1.     Los numerales 2, 7 y 9 del artículo 2 se refieren a un mismo objeto que dice relación a las políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria. Por lo tanto, deben sintetizarse en un solo artículo.  No se puede establecer políticas aisladas para cada ámbito.

2.     El numeral 8 no expresa una obligación del Estado; es más bien una declaración que debe formularse como tal en un artículo aparte que podría ser el 3.

3.     El numeral 17 debe redactarse mejor, eliminando la frase que dice “por parte del Estado”.

4.     En las disposiciones transitorias, debe eliminarse el primer párrafo que nada tiene que ver con una disposición transitoria. En el párrafo segundo debe especificarse la fecha a partir de la cual corre el plazo de los 360 días. En la segunda transitoria, el plazo establecido de 180 días para la elaboración y aprobación de la ley respectiva no puede establecerse a partir de la “instalación” de la Asamblea, sino a partir de la promulgación de la Constitución.

24 de junio de 2008

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Oficio E-15PNC

Señor Economista
ALBERTO ACOSTA ESPINOSA
PRESIDENTE ASAMBLEA  CONSTITUYENTE
Presente

Señor Presidente:

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 40 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, envía a Ud., y por su intermedio a la Secretaría de la Asamblea, las observaciones generales al texto referente al Régimen de Propiedad, presentados por la Mesa 6 y sometidos a debate en el Pleno de 29 de mayo.

Atentamente,

Pilar Núñez C.

ASAMBLEISTA

OBSERVACIONES A LOS ARTÍCULOS SOBRE REGIMEN DE PROPIEDAD, PRESENTADOS POR LA MESA 6 EN EL PLENO DE 29 DE MAYO DE 2008

Pilar Núñez C.

Art. 1  Tipos de Propiedad y Función Social.-  Para la organización de la economía y la sociedad, se reconocen los siguientes tipos de propiedad, que cumplan la función social y ambiental:

1.  Todas las personas, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a ejercer la propiedad sobre los bienes materiales y culturales en la forma determinada por la Constitución y la ley.

2.  El Estado ejercerá el dominio exclusivo sobre los bienes estratégicos para preservar la soberanía nacional: los bienes del subsuelo, la plataforma marina (etc….)

3.  La sociedad ejercerá el dominio sobre los bienes de uso público que serán administrados por los órganos del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de derecho público de acuerdo a la Constitución y la ley.

4.  Los individuos y las familias ejercerán el dominio exclusivo sobre todos los bienes de uso, tanto materiales como culturales, que sean fruto de su trabajo, producto de herencia o de otros medios legales y legítimos, sin restricciones. El Estado no podrá embargar, expropiar o confiscar estos bienes, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley.

5. Las personas naturales o jurídicas tienen el derecho a ejercer el dominio sobre los medios de producción obtenidos legítimamente, siempre y cuando cumplan su función social y ambiental. Los dueños de los medios de producción que no cumplan esta función serán sancionados de acuerdo a la ley.

6. Las comunidades rurales ejercerán la propiedad sobre las tierras y los bienes de uso asentados en su superficie, los mismos que serán administrados comunitariamente haciendo uso de sus formas propias.

7. Las cooperativas y otras formas de organización económica y social tienen derecho a la propiedad de los bienes adquiridos como tales. Se someterán la régimen jurídico de la propiedad privada en los términos establecidos por la Ley correspondiente.

8.  El Estado puede participar acionariamente en  las empresas privadas de cualquier índole. La fusión de los capitales privados y estatales da lugar a la empresa mixta, cuya propiedad será garantizada por el Estado en los términos establecidos por la ley.

Art. 2  La función social y ambiental de la propiedad sobre los medios de producción se cumple bajo los parámetros de eficiencia productiva, preservación de la vida de las personas y los pueblos, preservación del medio ambiente y respeto por la naturaleza.

Art. 3.  Expropiación.- Para fines de bienestar colectivo e interés social, las instituciones del Estado pueden declarar de utilidad pública y expropiar cualquier tipo de bien, previa justa valoración, pago e indemnización; se prohíbe toda confiscación.

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Señor Economista
ALBERTO ACOSTA ESPINOSA
PRESIDENTE ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Presente

Señor Presidente:

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 40 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, le envíamos a Ud., y por su intermedio a la Secretaría de la Asamblea, las observaciones generales al texto referente a: DERECHOS CIVILES, DEBIDO PROCESO, DERECHOS POLÍTICOS Y DERECHOS A LA COMUNICACIÓN en lo referido a los Derechos a la Comunicación, presentados por la Mesa 1 y sometidos a debate en el Pleno del 22 de los corrientes.

Atentamente,

Pilar Núñez C. Mónica Chuji

ASAMBLEÍSTA ASAMBLEÍSTA

OBSERVACIONES A LOS ARTÍCULOS SOBRE DERECHOS A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ANALIZADOS EN EL PLENO DE 22 – 05 - 2008

DE LA COMUNICACIÓN

Art.- Derechos a la comunicación.- Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho:

1. A una comunicación libre, intercultural, equitativa, incluyente, democrática, fundamental para el buen vivir y para construir sus propias formas de poder social.

2. A expresarse libremente desde la diversidad, por cualquier medio, forma y espacios, con sus símbolos y lenguas propias.

3. Al acceso universal, abierto y al libre uso de las tecnologías de información y comunicación, sin discriminación alguna y en función del desarrollo del conocimiento, de sus capacidades y potencialidades y de su participación política y social

4. A desarrollar medios públicos, privados y comunitarios, así como formas, espacios y procesos alternativos de comunicación.

5. A la asignación, en equidad de condiciones y transparencia, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para fundar estaciones de radio y televisión públicas, comunitarias o comerciales, en la tercera parte del espectro reservada para cada tipo de medio; así al acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.

6. A participar en el ejercicio del control social y de la regulación de las múltiples dimensiones, medios, formas y contenidos de la comunicación.

DE LA INFORMACIÓN

Art.- Derechos a la información.- Todas las personas, en forma individual y colectiva, tienen derecho:

1. A buscar, recibir, intercambiar, producir y socializar toda clase de información a través de cualquier medio o forma, que enriquezca el conocimiento científico, la sabiduría tradicional y ancestral y promueva la interacción cultural.

2. A la información verificada, oportuna, contextualizada, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, acerca de las ideas, acontecimientos y procesos de interés general, siempre que se respeten los derechos y garantías constitucionales.

3. A la información pública transparente y a su difusión sin reserva alguna, excepto por razones de seguridad nacional y otras establecidas en la ley. En caso de violación a derechos humanos ninguna entidad pública negará la entrega de la información requerida.

4. A la información generada en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado.

PARA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Estos artículos, deben ser incluidos dependiendo del tratamiento que la mesa 1 otorgue a las garantías constitucionales para el ejercicio de todos los derechos de las personas y pueblos:

1. El Estado promueve y garantiza la creación de medios, formas y espacios públicos, privados, comunitarios y alternativos de comunicación, que reflejen la diversidad de los ciudadanos y las ciudadanas, pueblos y nacionalidades.

2 El Estado, como administrador del espectro radioeléctrico, garantiza la distribución equitativa, previo concurso público, de las frecuencias para iniciativas comunicacionales públicas, privadas y comunitarias, reservando un tercio de dicho espectro para cada sector. Todos los medios tendrán las mismas oportunidades de potencia y publicidad. Sólo podrán ser concesionarios los ecuatorianos y ecuatorianas.

3. El Estado impedirá el oligopolio o monopolio directo o indirecto de la propiedad de los medios y del uso de las frecuencias, así como la vinculación de los medios con los grupos de poder económico y financiero.

4. El Estado garantiza el acceso universal y abierto y al libre uso de las tecnologías de información y comunicación, sin discriminación alguna; fomenta la innovación tecnológica, la construcción de la infraestructura necesaria y el desarrollo de capacidades de la población.

5. El Estado garantiza el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual y auditiva y de los adelantos tecnológicos que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

6. El Estado garantiza la cláusula de conciencia y la reserva de la fuente para quienes informan o emiten sus opiniones a través de los medios o cualquier otra forma de comunicación.

Pilar Núñez C. Mónica Chuji

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ALBERTO ACOSTA ESPINOSA
PRESIDENTE ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Presente

Señor Presidente:

Pilar Núñez C, Asambleísta por Pichincha, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 40 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, envía a Ud., y por su intermedio a la Secretaría de la Asamblea, las observaciones generales al texto referente a: DERECHOS CIVILES, AL DEBIDO PROCESO Y UNA JUSTICIA SIN DILACIONES, POLITICOS Y COMUNICACIÓN, en lo referido a los Derechos Civiles, presentados por la Mesa 1 y sometido a debate en el plenario.

Qué difícil la construcción de un conjunto de derechos sobre todas las materias que constituyen la vida de las personas en la sociedad nacional. De ahí el mayor mérito de los y las integrantes de la mesa 1 y especialmente en lo que compete a los derechos civiles, cuya delimitación requiere mayor rigor y acuciosidad. Los derechos civiles, como sabemos, son aquellos que la sociedad reconoce a cada persona en sus relaciones con los demás en un país determinado. En este sentido, se recogen en lo fundamental los derechos más importantes incorporando incluso algunos que no han sido contemplados en constituciones anteriores – como es el caso de los derechos a la sexualidad, a la integridad en este ámbito de la vida y los reproductivos, por ejemplo. Por ello mismo y a fin de salvaguardar que los intentos sean plasmado con claridad en el texto, es necesario hacer algunas observaciones.

En el primer artículo debe aclararse el enunciado pues es inentendible, parecería que se quiere decir que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos constantes en todos los instrumentos nacionales e internacionales pertinentes, y en la presente constitución.

Me permito recomendar una vez más se observen con mayor prolijidad las reglas gramaticales en la redacción del articulado. Y no lo digo por preocupaciones estéticas o literarias que tanto afectan a algunos asambleístas, quienes creen que estamos construyendo poemas o paquetazos, como afirma el asambleísta Viteri simplemente porque queremos fundamentar filosófica y políticamente los acertos. Lo hago porque algunos de los textos tal como están redactados se prestan a confusión.

Voy a referirme a algunos:

1. en el artículo derecho a la objeción de conciencia, debe constar en el sentido de que la objeción de conciencia es un derecho que permite oponerse al cumplimiento de una norma cuando ésta obliga a actuar en contra de los mandatos de la conciencia personal.

2. Hay otros artículos en los cuales, se introducen prohibiciones lo cual puede dar lugar a creer que otros no implican prohibiciones. Frente a un derecho está una obligación o prohibición, de ahí que estos enunciados deben modificarse en sentido positivo para que guarden congruencia con el conjunto de la redacción.

3. No es suficiente con defender la vida desde el punto de vista físico, ateniéndose al principio de la inviolabilidad. Hay que ir más allá: a defender el derecho a una vida digna y de calidad. Se propone fundir en uno solo los dos artículos. Así se evita la confusión de que la vida solo implica parir. El concepto de “calidad de vida” se expresa en estándares internacionales determinados por las Naciones Unidas, de tal manera que no hace falta detallar sus elementos.

4. El derecho sexual no es correcto en su formulación, pues se trata del derecho a la sexualidad libre, con cualquier orientación sexual, etc.

5. Los derechos reproductivos están bien planteados, y no deben redundar con la última frase referida a los hijos.

6. hay artículos que se quedan solo en el título. Parece importante formular un contenido, por pequeño que sea, que dé cuenta del sentido que tiene el derecho respectivo.

7. No se tiene derecho al honor sino más bien derecho al respeto al honor, etc. etc.

8. No es correcto seguir hablando de acceso a la justicia, por más que esté esto escrito en varios documentos normativos. El derecho es a la atención debida por parte de la justicia.

9. No es derecho a participar en la vida cultural sino a la libre construcción de la cultura.

10. El derecho a la comunicación como derecho civil, no implica la constitución de redes sino la explicitación del significado de la comunicación.

11. El derecho a vivir en ambiente sano, no corresponde a derecho civil.

12. En el derecho a la libre expresión no puede introducirse un contenido que tiene relación más estrecha con el derecho al respeto al honor y honra de las personas.

Finalmente, no creo correcto hablar de derecho a la libertad, pues ésta es esencia del ser humano; quizá el derecho sea el respeto a la libertad de cada persona. Este es, probablemente, un tema de carácter filosófico pero que, a mi juicio, marca la diferencia respecto a concepciones o visiones del mundo presentes en constituciones anteriores.

El otro tema tiene que ver con la sanción a la “publicidad engañosa” cuando se trata del derecho a exigir bienes y servicios de calidad. Una manera de ejercer este derecho es precisamente obligando al vendedor a proporcionar información precisa, no engañosa, sobre la utilidad y la calidad del producto que se compra y se vende. Por esta razón sugiero incorporar, en el artículo correspondiente, la sanción a la publicidad engañosa.

Estas observaciones y el articulado correspondiente hago llegar a la Mesa por los canales correspondientes.

MESA 1

Asambleísta Pilar Núñez C.

Asesor Marcelo Villamarín

Ciudad Alfaro, 20 de mayo de 2008

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Ahí estamos, en la casita del rezo y del recogimiento de Compuene Central, escuchando al sabio Manuel, quien pide perdón por la pobreza del lugar y por la sencillez del alimento. Este hermano de Margarita Morocho, nuestra compañera asambleísta, nos restregó en el alma el verdadero significado de la vida, nos puso de cara a la realidad, la de aquellas criaturas de rostros cuarteados por el sol y el viento que no les impiden expresar la dulzura de su sonrisa y la ingenuidad de su infantil mirada. Y claro, cuánta vergüenza sentí, recordando que ayer no más, alguien allá en Ciudad Alfaro hablaba de la vida, sin siquiera entender lo que es la vida, y otro alguien recriminaba –como casi todos los días- la sensibilidad de quienes queremos construir un andamiaje de pensamiento y palabras que nos lleven a defender realmente la vida.

Y fue Virgilio Hernández, quien a nombre de todos y todas las asambleístas de la Mesa 2, pidió perdón, más bien, por la pobreza de este sistema y nuestra complicidad por haber permitido que no se comprenda la riqueza de ese puñado de seres que, como en todos los rincones del país, nos dan lecciones para luchar por el cambio.

Allí hablaron nuestros hermanos y hermanas del Chimborazo, exigiendo una vida digna y compartiendo con nosotros la importancia de la participación y de la organización social, “una de las pocas armas que le queda al pueblo” para lograrlo, como decía uno de los líderes participantes; para demandar al Estado y a la propia sociedad se devuelva lo que pertenece a todas y todos; para trabajar en equipo en la construcción del desarrollo, respetando la diversidad, consolidando la interculturalidad, demandando la equidad y la justicia.

Allí sonrieron cuando les contamos que la Mesa 2 ha aprobado un articulado en respuesta a sus demandas, puesto que se reconoce a todas las personas como sujetos protagónicos en la toma de decisiones, en la gestión y en el control de los representantes, instituciones del estado y de la sociedad, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano y del buen vivir. Que se reconocen todas las formas de auto organización colectiva de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar sus procesos de autodeterminación; que las personas pueden conformar organizaciones colectivas y territoriales con potestad de articularse entre sí y con todos los niveles de gobierno; que los ecuatorianos y ecuatorianas domiciliados en el exterior tendrán la misma potestad; que se reconoce el voluntariado de acción social en todas sus formas.

Sonrieron también cuando les contamos que los artículos definen que las diversas instancias de auto organización pueden conformarse en los niveles local, regional y nacional, garantizando eso sí, su democracia interna, la equidad, la corresponsabilidad, la rendición de cuentas y tienen capacidad para desarrollar acciones, demandar por daños, formular propuestas de reivindicación económica, política, social y cultural y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. Les informamos que el Estado promoverá, especialmente, la organización de los niños, niñas y adolescentes, en el sistema nacional descentralizado de protección integral a la niñez y la adolescencia; que las organizaciones sociales

Y se alegraron mucho al saber que los ciudadanos y ciudadanas y las colectividades podrán ejercer su derecho a la resistencia frente al poder público y frente a las personas naturales o jurídicas no estatales, que afecten y/o atenten sus derechos consagrados en el ámbito nacional e internacional.

En fin, coincidimos en aceptar cuán importantes son estos artículos juntos a todos aquellos en donde se estipula las formas de democracia directa y representativa, la revocatoria del mandato, la consulta popular, la nueva visión sobre los partidos y movimientos políticos, como las más importantes mediaciones políticas entre la ciudadanía y la conducción del Estado.

¿No es esto hablar del significado de la vida? Pusimos especial énfasis en algunos aspectos de la organización social y en su relación con las instancias gubernamentales, precisamente, porque son altamente significativos en la construcción de una nueva democracia en el país y para alcanzar el objetivo del buen vivir. Y eh ahí otra paradoja: mientras en Compuene Central. aquella pequeñita comunidad indígena a 45 minutos de distancia de Riobamba , las y los pobladores de varios rincones de la provincia del Chimborazo, disfrutaban desde ya la aprobación de los artículos de la Mesa 2, tenía en mis manos los recortes de algunas notas periodísticas en donde nada se habla de la integralidad de la propuesta. Varios medios destacaron algunos elementos, pero en forma aislada del contexto, sin otorgar la debida trascendencia a todo el texto; interesan otros aspectos, por ahí la revocatoria del mandato, o la reinscripción de los partidos políticos; podrá alguien decir ¿por qué? En todo caso, ello no permite al lector contar con una información completa sobre la importancia del proceso de trabajo de la Mesa, en respuesta a las demandas de la población ecuatoriana.

Entonces, cabe repetir la pregunta inicial ¿comprendemos la trascendencia de la vida y la participación ciudadana?

PILAR NÚÑEZ C.

ASAMBLEISTA

Montecristi-Ciudad Alfaro, 20 de mayo de 2008.

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