Por Manabí, porque hace cien años germinó en este mismo lugar una historia de esperanza que hoy retomamos con fuerza, y seremos los y las manabitas quienes estaremos vigilantes de que esta esperanza no muera y se convierta en la maravillosa realidad que el país se merece.

Voto sí por esta Constitución porque en ella hemos plasmado los anhelos de la ciudadanía, porque es la primera vez que el pueblo pasa por un proceso constituyente.

Voto sí porque desde el primer día un grupo de asambleístas con nuestros asesores y asesoras hemos trabajado con responsabilidad en la elaboración de artículos y en los debates profundos, porque no hubo apuros ni confusiones sino la claridad de los ideales.

Voto sí, por la Constitución que nos abre la puerta al cambio, no está todo hecho, ahora empieza el duro camino de defender lo alcanzado, de ejercer los derechos, de aplicar los principios, de vigilar la justicia, de acompañar a los gobernantes, de participar desde los espacios ciudadanos.

Voto sí, por cuanto desde que entre en vigencia esta Constitución terminarán los privilegios de las minorías y empezará la equidad para la gran mayoría de nuestro país.

Voto sí por un país plurinacional, lo hemos sido desde siempre y en ese marco rescatamos nuestros valores ancestrales. Es la primera vez que se reconocen los derechos de la naturaleza, entendiendo que el ser humano es parte de ella, de la Pachamama.

Voto sí por la Constitución de la vida, vida para todos y todas. Para los niños y niñas, para sus madres, para las mujeres. Y en esta Carta Magna queda la puerta abierta para continuar en la lucha por la real igualdad y equidad de género.

Voto sí por la Constitución que obliga al Estado a volver sus ojos a una sociedad en constante evolución, que necesita reconocerse en la diversidad y en la equidad de los derechos del otro.

Voto sí, por esta Constitución que dijeron que teníamos escrita, y sí estaba escrita en nuestros corazones desde hace décadas, estaba escrita en los anhelos de quienes soñaron en un país diferente y hoy ya no están con nosotros y nosostras.

Voto sí por el sumak kawsay, por el buen vivir; por una forma de ver la vida en la que las personas recuperaremos finalmente nuestra humanidad y pertenencia al entorno.

Voto sí por el futuro, por mi país, un Ecuador que nos sigue esperando.

Compartirlo!

Concluímos con esto casi ocho meses desde que llegamos con la responsabilidad que el pueblo ecuatoriano nos encomendó, y siempre al calor de debates enriquecedores, en los que participamos los 13 miembros de la mesa, hemos ido generando la carta de Derechos Fundamentales que hoy presentamos para recibir de ustedes las últimas observaciones.

Vida y mujeres embarazadas

Debe quedar muy claro que ESTA es la Constitución de la vida, pese a la campaña mediática contradictoria y de desinformación que se ha generado desde ciertos sectores de la sociedad.

La Mesa 1 ha trabajado en función de ello, ya en la declaración de derechos este plenario en el capítulo de los derechos civiles aprobó la inviolabilidad de la vida para todas las personas.

Como muchas veces se ha afirmado en este recinto ESTA Constitución de la vida, la garantiza en toda su amplitud, una vida con dignidad y en esa dirección van un sinnúmero de artículos de otras mesas.

Hemos avanzado drástica y efectivamente en esta protección, en la Constitución del 98, era una declaración y como tal no podía ser materia de reclamo judicial. Cuando hoy agregamos, en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el cuidado y protección desde la concepción, estamos exigiendo al Estado políticas públicas para cuidar al no nacido y a la madre. Si el Estado no cumple con su obligación podremos demandarlo, transformando así una frase declarativa en verdaderos derechos judiciables, es decir, que pueden ser reclamados ante la Corte Constitucional o ante la justicia ordinaria, como resultado el juez o la corte obligarían al Estado para que cumpla con la obligación de cuidado y protección, lo cual incluye salud, alimentación, medicinas, atención prenatal, entre otros. Esto se enlaza con los derechos de las mujeres embarazadas y con los artículos de salud que presentó la mesa 7 el día de ayer.

Estamos protegiendo la vida de los niños y niñas antes de su nacimiento pero también la vida de las madres. Ninguna mujer merece morir por dar la vida, y ningún no nato merece no nacer por falta de cuidado y protección. La vida es nuestro más alto derecho.

Con el texto aprobado de que “Los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”, la ciudadanía ya no puede confundirse con falsas afirmaciones, nosotros garantizamos y obligamos al Estado en la práctica, a que con eficiencia y eficacia se ocupe de la vida. Reitero una vez mas no es una Constitución abortista, ESTA es la Constitución que protege, reconoce y garantiza la vida.

Se escucha muchas veces que se intenta privilegiar la vida de la madre a la del no nato, me pregunto yo, podría llegar naturalmente a feliz término un embarazo si la madre no está viva? La vida de los niños y niñas depende de las condiciones de la madre. Y debemos dejar claro que en todos los debates se ha determinado que sin los derechos de las mujeres embarazadas no se podrá jamás garantizar la vida, mucho menos la protección y cuidado desde la concepción.

Mantenemos la sección de las mujeres embarazadas dentro de los grupos de atención prioritaria, que por un error se ha titulado de las mujeres, pero esto será corregido, pues ya fue conversado en la mesa. En los artículos pertinentes está determinado que el Estado garantizará la protección y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y post parto. Como ya mencioné, la protección a las mujeres embarazadas es la garantía para la protección de los no natos, pues son ellas las que permiten que esas nuevas vidas se gesten.

Familia

Hay otros temas que han estado preocupando a nuestra sociedad que va cambiando, el mismo fenómeno migratorio nos ha obligado a vivir nuevas realidades y debe reflejarse en la Constitución. Por este motivo se reconoce a la familia en su diversidad, no solo a la tradicional familia nuclear o elemental, ahora el Estado reconocerá los diversos tipos de familia que existen: la familia extensa, la familia monoparental, la familia de madre soltera, la familia de padres separados, las familias que nacen del proceso migratorio que vive nuestro país, las familias que se conforman en la cotidianidad, todas ellas son el eje de la sociedad. De esta forma la norma rige para nuestra realidad, para una sociedad en constante evolución protegiendo desde la Constitución y el Estado la diversidad de familias.

La realidad nos demuestra que dentro de las familias también se dan relaciones de poder, que generan situaciones dolorosas y violentas muchas veces, por eso ratificamos la obligación del Estado a través de un organismo especializado, de ejecutar y formular políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de género es un eje transversal de esta Constitución. Los principios deben transformarse en acciones tangibles y por eso hemos declarado que para el sector público sean de obligatoria aplicación este principio fundamental.

Paternidad y maternidad responsables, el cumplimiento de deberes y derechos entre padres e hijos y la igualdad de derechos en la administración de la sociedad conyugal son, entre otros, los legítimos derechos de los integrantes de las familias, las mismas que se basarán en la igualdad de derechos y de oportunidades para todos sus integrantes sin DISCRIMINACIÓN ni SESGO.

Como una reivindicación largamente esperada se reconoce la unión estable y monogámica entre dos personas, generando los mismos derechos que los de una unión conyugal de hecho, pero este reconocimiento se amplía a las uniones entre personas del mismo sexo para proteger los derechos PATRIMONIALES que juntos construyan, quedando muy bien aclarado en el texto constitucional que la adopción será exclusivamente para las parejas conformadas por un hombre y una mujer pero haciendo justicia con la protección al patrimonio material de todas las parejas.

DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

En la Constitución del 98, a los grupos de atención prioritaria se los denominaba grupos vulnerables, ahora cambiamos la denominación pues son personas iguales pero que necesitan una atención especial por parte del Estado pues hoy sufren todo tipo de discriminación e incluso violencia, nuestro texto propone superar esta realidad.

Niños niñas y adolescentes

Los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser el futuro en los discursos, pues sabemos que son el presente, y en esta línea el Estado debe garantizarles todos sus derechos, además de los comunes al ser humano se les garantiza otros propios de su edad, en este sentido el Estado será el responsable de la alimentación, salud y cuidado diario de los menores de seis años. Se protege a niños niñas y adolescentes contra todo tipo de explotación económica, se prohíbe el trabajo a menores de quince años y el trabajo de los adolescentes será excepcional siempre y cuando no afecte ni su salud ni el acceso a su educación.

Como un elemento nuevo en el artículo 4 se agrega que recibirán protección y asistencia especial cuando uno o los dos progenitores estén privados de la libertad y también cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.

De los jóvenes

Los jóvenes que nos han visitado han reclamado ser visibilizados dentro de los grupos de atención prioritaria, como respuesta a esta demando estamos determinando que los jóvenes tienen todos los derechos comunes al ser humano y además la garantía de estos a través de políticas públicas que fomenten su participación en todos los ámbitos; además que también se determina que el Estado fomentará la incorporación al mundo laboral impulsando el acceso al primer empleo, una aspiración expresada en las constantes visitas que nos hicieron y también reflejada en su propuesta y en los foros realizados. Estas aspiraciones se enlazan con la participación que se les ha reconocido en espacios políticos, en este mismo proceso constituyente a través de textos aprobados en otras mesas.

De las personas adultas mayores

Los adultos mayores son aquellos seres que recorrieron ya los caminos por los que ahora transitamos, ellos y ellas nos han abierto muchas puertas con sus luchas cotidianas, con sus grandes y pequeñas batallas. A pesar de esto han sido discriminados y, principalmente olvidados. En este contexto hemos aprobado un articulado que se presenta como muy reglamentario, pero es imperioso dejar determinada la protección y atención especial que ellos se merecen en todos los aspectos.

De las personas con discapacidad

De la misma forma hemos desarrollado un extenso articulado en referencia a las personas con discapacidad, quienes han sido siempre relegados y relegadas y para quienes ahora tenemos la oportunidad de hacer justicia.

De esta manera reconocemos la necesidad de atención médica especializada, el acceso a medicamentos que requieran de manera gratuita, con los descuentos necesarios y exoneraciones en lo que por Ley les fuese aplicable. El Estado así mismo -y entre otras cosas- proveerá centros de acogida diurnos y nocturnos para albergar a quienes no puedan ser atendidos por su familia, o no tengan donde residir, educación especializada, y en general medidas de inclusión social, política, cultural y educativa. Se garantizará facilidades para el acceso a créditos. Por otra parte, sancionamos todos los actos de personas o instituciones que incurran en abuso, trato inhumano, degradante o cualquier tipo de discriminación.

Personas que sufren de enfermedades catastróficas o de alta complejidad

Se mantiene dentro de este grupo de atención prioritaria a las personas que sufren enfermedades catastróficas o de alta complejidad y en el artículo 5 determinamos la garantía del Estado para que reciban atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente, lo que hace posible que sin importar su condición económica puedan mantener condiciones de salud dignas. El calvario de estas personas y sus familias lo conocemos, está en las calles, en los hospitales, en los hogares más pobres y es justo que termine con acciones responsables por parte del Estado y con la compresión, inclusión y solidaridad nuestra.

De las personas privadas de libertad

El Sistema de Rehabilitación Social también será cambiado por nuestra Constitución, y en la mesa 1 para estar acorde con los cambios que se vienen hemos integrado a las personas privadas de la libertad a los grupos de atención prioritaria. De esta forma se garantizarán sus derechos mientras estén cumpliendo con las sanciones pertinentes luego de cometer un delito. No a las medidas de aislamiento, a la incomunicación, al silencio frente a los maltratos, y sí a las mediadas para las personas que dependan de ellos o ellas, para brindarles la oportunidad de la reinserción social en igualdad.

DERECHOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES.

En el campo de los Derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, dos de los grandes avances que se ha realizado es la equiparación de derechos del pueblo afrodescendiente y la inclusión de los derechos del pueblo montubio. Por eso hoy es un día de fiesta, finalmente la larga lucha por el reconocimiento de sus derechos rinde frutos en este proyecto de Constitución esta Asamblea entrega para su aplicación al Ecuador y para su ejemplo al mundo.

La ampliación en el tema de derechos colectivos nos enfrenta con uno de los mayores logros de esta Constitución, el reconocimiento pleno de que el Ecuador es un Estado Plurinacional, que siempre lo ha sido, desde sus orígenes. Esto solo, es un motivo de orgullo para quienes finalmente nos decidimos a sacarnos la venda de los ojos y reconocer en la Constitución LO EVIDENTE.

A los sujetos de derechos colectivos se les reconoce como pueblos y nacionalidades indígenas, incorporando en lo aplicable a los afroecuatorianos y montubios, entre otros, los derechos a mantener sus prácticas de manejo de la biodiversidad, de su entorno natural y de medicina tradicional. Mantener el sistema de educación intercultural bilingüe conforme al concepto de preservación, dignidad y diversidad de sus culturas, a mantener y desarrollar sus identidades, tradiciones y ver su historia reflejada en la educación pública, además de acceder a medios de comunicación e información pública.

Se pone énfasis en la propiedad de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e indivisibles además de poder obtener su adjudicación conforme a la ley. Así mismo se protegen los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de los territorios ancestrales. Se reconoce el derecho a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables en sus tierras. En este último caso se requerirá una consulta previa, libre e informada y se garantizará la participación en los beneficios.

En cuanto al derecho de organizarse, se reconoce el derecho a desarrollar sus propias formas organización social, a participar en los organismos oficiales, en la definición de la política pública que les concierna, así como diseñar y dar sus prioridades en los proyectos del Estado. Es importante resaltar que se podrá ejercer la autoridad en sus territorios y practicar su derecho propio o consuetudinario en los mismos.

Hemos dado un particular tratamiento a los pueblos en aislamiento voluntario a quienes se les reconoce posesión ancestral irreductible e intangible de sus territorios, así mismo, se prohíbe todo tipo de actividad extractiva en ellos. De manera especial el Estado adopta medidas legislativas, administrativas y de otros tipos para garantizar sus vidas, sus derechos colectivos y el derecho a permanecer en aislamiento voluntario. Expresamente consta en la Constitución que la violación de los derechos constituye delito de genocidio y etnocidio.

Derechos culturales.

En el tema de los derechos culturales, es indispensable recalcar que se ha superado en esta nueva constitución el concepto de cultura, ya que el mismo limitaba el proceso dinámico de construcción cultural, tanto de manera colectiva como individual. Es en este sentido el mayor avance al presentar una secuencia desglosada y pormenorizada de derechos culturales y es precisamente la redacción que consagra los derechos culturales la que permitirá al Estado, establecer obligaciones pro activas y exigibles.

Particularmente importantes aquí son las identidades, hay una ampliación en el ámbito de la normativa cultural que ya no recae sobre lo que se ha entendido en la anterior Constitución como “CULTURA” sino en los sujetos de derecho: todos los sujetos culturalmente diversos y se elimina el elitismo – que históricamente ha implicado un tratamiento jurídico residual (cultura como tema especializado o bien jurídico excéntrico) en leyes secundarias y no como ejercicio jurídico cotidiano o vital, íntimamente ligado ahora al libre desarrollo de la personalidad, y la convicción de que estén vigentes en cuanto representan la protección de los proyectos de vida de tod@s.

Del Medio Ambiente

La importancia del concepto del buen vivir es otro de loS grandes avances de esta constitución y en ese razonamiento, el derecho al ambiente sano vinculado muy cercanamente al concepto del sumak kawsai, logra superar las diferencias culturales para establecer un nueva manera de relacionarnos con el medio ambiente, con la Pacha Mama en su integralidad.

El hecho de promover por parte del Estado, en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto y proteger la soberanía alimentaria y el agua, es fundamental para entender otro modelo de desarrollo.

De la movilidad Humana.

El desarrollo más amplio del derecho a la libertad de circulación, ahora considerado como movilidad humana evidencia, la capacidad de nuestra constitución para generar los vínculos con la realidad del Ecuador los mismos que permiten reconocer la realidad de la migración no solo la interna sino la que ha ido generando nuestra quinta región, de esta manera se consagra el derecho a migrar, se protege la familia transnacional, y algo importante, en el ejercicio de derechos fundamentales, y en una acción que demuestra el progresos de nuestra sociedad, superando ahora las condiciones de discriminación en el Ecuador nunca más una persona será considerada ilegal por su condición migratoria.

De los consumidores

Es fundamental resaltar que de una manera clara queda consagrado el derecho de los individuos, a disponer de bienes y servicios de calidad y a elegirlos libremente, así como a una información precisa, no engañosa, sobre el contenido y características de los productos y servicios que consume, de esta manera se protege a las personas y se logra superar la imposibilitad de reclamos tanto al Estado como a las empresas privadas por no brindar servicio y productos de calidad, el progreso en la nueva constitución es innegable le da la oportunidad a los consumidores para asociarse y de esta manera poder reclamar sus derechos en forma colectiva y finalmente toda persona en el ejercicio de su profesión, arte u oficio será responsable por la mala práctica, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas, estando en total concordancia con los art. que consagran la inviolabilidad de la vida.

Culmino reafirmando que esta es la Constitución que protege la vida, es la Constitución de la vida y nuestro articulado, la propuesta de la Mesa 1 de Derechos Fundamentales, así lo demuestra. La vida con dignidad es el eje fundamental que se entrelaza en todos los artículos que se han ido generando en las diferentes mesas.

Esta Constitución representa los cambios que el país necesita y lo estamos haciendo de manera articulada entre todas las mesas constituyentes. Este es el último grupo de artículos que la mesa 1 propone en este plenario, y tenemos el firme convencimiento de que hemos trabajado con tesón para escribir esta Constitución con el alma de nuestro país, con los sueños de quienes nos visitaron, de aquellos que conocimos en campaña y de la gran mayoría que siempre soñó con un país diferente. Eso es lo que estamos construyendo en esta Carta Magna.

Gracias.

Compartirlo!

El derecho a la comunicación está íntimamente vinculado a la libertad de expresión. Es un derecho humano fundamental que no integra solamente a comunicadores y medios sino a todos los miembros de la sociedad, siendo el mismo vital para el desenvolvimiento y desarrollo de ella.

La comunicación y la información son ese amplio espacio donde nos encontramos todos y todas y nos ayuda a generar nuevas realidades; convirtiéndose en la base de la organización social. Precisamente a través de esta interacción igualitaria y no discriminatoria se puede contriubuir de manera efectiva a la diversidad cultural y al ejercicio de los demás derechos.

La Constitución debe plasmar no solamente el frio derecho sino incorporar elementos progresistas y a la vez cotidianos que fueron desechados por el poder constituido por ser altamente peligrosos, para ellos y su estabilidad, por ejemplo la voz del ciudadano, la voz del colectivo o la voz de la nación. La comunicación como negocio cumplía varias funciones las de defensa de lo establecido, el ataque de los enemigos del poder instituido y guardián de éste, conductor de la opinión pública, forjador de la agenda nacional, entre otros; ante esto planteamos un cambio radical, ver a la comunicación como la base de la democracia, pero no partimos de esa interpretación de la democracia excluyente sino de la democracia participativa, igualitaria y universal.

Ya aprobamos en este mismo plenario, dentro de los Derechos Civiles, el derecho a la comunicación; la libertad de opinión y de expresión del pensamiento; el derecho a la réplica, rectificación o respuesta para toda persona que haya sido agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por cualquier medio de comunicación social; la libertad de conciencia; y, el derecho al honor y al buen nombre. Para complementar estos derechos civiles está la sección específica donde se consagran los derechos de la comunicación e información cuyo articulado presentamos hoy para segundo debate.

El trabajo en los derechos de la comunicación empezó meses atrás con reuniones, visitas y foros con todos los sectores de la sociedad. Luego del primer plenario recibimos 26 propuestas las mismas que fueron consideradas al igual que las intervenciones directas en el plenario, todas ellas fueron tratadas al interior de la mesa con el interés de enriquecer los artículos y aclarar sus contenidos.

En primer lugar, eliminamos la definición de la comunicación para que no se restrinja su concepción y considerando que el contenido de la misma se reflejaba en el resto de los artículos.

Se determina el derecho de todas las personas a la comunicación, y que la misma se de por cualquier medio, forma y espacio con sus propios símbolos y lenguas, para ejercitar la interculturalidad en el marco de un país plurinacional. Se mantiene el acceso a todas las formas de comunicación que permitan la inclusión de las personas con discapacidad.

Además de los derechos tradicionalmente reconocidos se integra el acceso universal a las tecnologías de comunicación, este derecho es una condición necesaria para el desarrollo de las personas y los pueblos.

Uno de los grandes avances del derecho a la comunicación es la participación de las personas en la contraloría y veeduría de la comunicación social. Este ejercicio permitirá que se efectivicen las garantías y derechos ciudadanos a la comunicación.

Para garantizar el acceso a los medios de comunicación en forma equitativa se le da la responsabilidad al Estado de fomentar medios de comunicación en favor de los pueblos y nacionalidades, democratizando, además el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Se determina el derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, a la información, aclarando que la misma no tendrá censura previa, para garantizar la libertad, pero sí responsabilidad ulterior.

La asignación de frecuencias será equitativa y en igualdad de condiciones y siempre se precautelará que en su utilización prime el interés público por sobre el privado. Se impide el oligopolio o monopolio de la propiedad de los medios y el nexo de estos con los grupos económicos y financieros vinculados, de esta forma se garantiza la objetividad de estos servicios de comunicación e información.

Como se comentó nuestra redacción aparentemente atraía una extrema injerencia del Estado, lo cual fue corregido, se eliminó el control sobre la programación y la publicidad. En lugar de ello se mantiene la prohibición de la publicidad que induzca a la violencia, discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos fundamentales.

En lo referente a programación en el artículo 5 se consagra el hecho de que la ley garantizará la prevamencia de contenidos con fines educativos, informativos y culturales y la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

Al igual que en la Constitución actual se mantienen los derechos a la cláusula de conciencia, a la reserva de la fuente y los derechos de autor.

Con este articulado la Mesa 1 propone al país y a este plenario el ejercicio de una comunicación plena y democrática, garantizando la inclusión de los sectores que tradicionalmente han sido excluídos, la inclusión de quienes hasta ahora no han tenido voz.

María Soledad Vela Cheroni

Compartirlo!

La bravata por medio de la cual un grupo de oposición al trabajo eficaz, de no más de treinta personas intentaron equivocada e ineficazmente provocar el caos en la Asamblea, demuestra que cuando se acaban los argumentos y las ideas, no queda otra cosa que el alarido.

Simbólicamente, más allá de una lectura coyuntural o inmediatista – la que se hizo por la elección del presidente y las vicepresidencias – este asunto tiene un valor de significado más profundo. Los gritos de este grupo opuesto al progreso del trabajo constituyente, entre otras cosas clamaban por ‘Democracia’, ‘Libertad’, ‘respeto al reglamento’, e imprecaban ‘Dictadura’, ‘Abuso’, ‘Atropello’.

Paradójico, una derecha caduca, reclamando por los valores de la democracia, una democracia que en tantos años nunca pudieron dar. Y cínicamente pusieron en sus bocas los clamores de la izquierda en un intento de replicar contra el grito verdadero del pueblo que está en esta Asamblea, un pueblo que trabaja para cambiar el país en el que vivimos.

No hay ideas, no hay discurso… Lo que hay es simplemente incompetencia. Este pretendido golpe mediático representó muy bien a sus componentes. Aquellos que metidos en el edificio de la Asamblea, asesores de la derecha, repetían los estribillos las frases de sus líderes, pero cuando no había necesidad de escándalo reían y se preguntaban por el partido de Liga. Ese es el compromiso que tenemos con el Ecuador? Vociferar en medio del plenario ‘tengo hambre’ será la forma de expresar la responsabilidad asumida como asambleístas ante la ciudadanía?

Lo que ha quedado claro es que a pesar de lo que ocurra, hay asambleístas que hemos venido a trabajar con responsabilidad, a construir la Constitución que la ciudadanía nos encomendó visibilizando sus propuestas y aspiraciones. Hay asesores y asistentes que nos acompañan con mística, con conciencia. Estamos seguros de que este es un proceso de cambio que no se repetirá en la historia, pues luego del mismo el Ecuador será diferente.

Estamos cumpliendo el mandato soberano del pueblo, estamos construyendo un nuevo Ecuador y no habrá fuerza que nos detenga. El país de los sueños compartidos está aquí, delineándose en Montecristi con todas las voces de cambio del país.

Compartirlo!

También en esta fecha los cantones Montecristi y Jipijapa celebran sus respectivas cantonizaciones fortaleciendo la importancia de este día para Manabí.

Cada 25 de junio debe convertirse en momento de profunda reflexión frente al avance de nuestra provincia y el aporte personal que a ello hacemos. Sigamos adelante con el ejemplo de nuestro gran revolucionario, Eloy Alfaro Delgado, que sus ideales renazcan cada día en nuestras aspiraciones y tesón para alcanzarlas.

María Soledad Vela Cheroni

Compartirlo!

El ejercicio de los derechos políticos, es lo que nos ha llevado a estar aquí. Ese mismo ejercicio es requisito sine equa non y pilar fundamental de la legitimidad que debemos tener los mandatarios respecto de nuestros mandantes.

La comisión encargada de acoger las propuestas y redactar los derechos políticos para ser presentados a votación, luego del debate en segundo plenario ha decidido acoger ciertas observaciones para fortalecer su ejercicio.

Se integra nuevamente en el artículo primero, en el que se consagran los derechos políticos, la participación ciudadana por ser considerada trascendental para el ejercicio de los derechos políticos. En este mismo artículo se generaliza la iniciativa legislativa, concediendo el derecho a la ciudadanía de “presentar proyectos de iniciativa popular normativa.”

Es deseable en extremo ampliar de la manera más incluyente los derechos políticos. Más allá del discurso, en la práctica, tal como Alfaro alguna vez lo hizo, la idea es otorgar voz y voto a quienes son grandes minorías sin voz, sin representación y lograr que en nuestra sociedad la inclusión de todas las voces sirva para juntos y juntas forjar no solo el futuro sino un presente enmarcado en el buen vivir.

La situación de los compatriotas en el exterior es conocida por la sociedad, siendo ellos grandes aportantes a la economía del Ecuador, no tenían la capacidad de elegir ni ser elegidos para ocupar cargos de decisión que ciertamente les afectaban. Ahora ya están incluso representados en esta Asamblea Constituyente. El acto de reconocerlos como sujetos políticos válidos no es una concesión, es un derecho… para nosotros un deber inexcusable el elevarlo a nivel cosntitucional para que este derecho no pueda ser vulnerado por ningún motivo.

Así mismo, en relación a las fuerzas del orden, militares y policías. Creemos fírmemente que tienen el derecho de tener una posición política, expresarla y emitirla conforme a los mecanismos democráticos. Nosotros NO le tenemos miedo a la democracia, insisto, no le tenemos a la democracia. Estos ciudadanos lo son tanto como cualquiera de nosotros, conferirles este derecho, es simplemente reconocer su existencia dentro de la democracia, no es un favor con ánimo de congraciarse con nadie, es una opción por la democracia, por la justicia, por la equidad.

Esta amplitud de la que hablo, se relaciona también con lo que hemos podido palpar en este proceso constituyente y en diversos foros: La capacidad crítica y de aporte de la juventud y los adolescentes. Los jóvenes, los adolescentes son el presente de nuestro país, tienen la capacidad de expresar su criterio político. Son nuestros fiscalizadores, también serán los que nos pidan cuentas por lo que hacemos y dejamos de hacer… Entonces, ¿Por qué no reconocerles la capacidad de decidir? Justamente hemos determinado el voto optativo para mayores de 16 años y menores de 18 para ser coherentes con estas ideas.

Me permito insistir en que nuestro objetivo ha sido, conforme al espíritu de esta Constitución, reconocer los derechos de la población. De toda la población, en la magnitud que esto comprende. No vamos a diferenciar en razón de conceptos excluyentes, pertenecientes a una vieja e injusta política. Si se habla de democracia, esta debe ser plena. Así, reconocemos el derecho del sufragio también a los extranjeros residentes en nuestro país; esto considerando que siendo ´partícipes de la vida, social, cultural y económica.. también lo pueden ser de la política , donde precisamente se toman las decisiones que afectan la vida de todos y de todas.

Se mantiene el voto obligatorio de la ciudadanía, sinembargo fortalecimos con las propuestas el criterio inicial de la mesa, de que el voto facultativo de las personas analfabetas debe constar solo en la disposición transitoria que se explica por sí misma: “Constituye una política de Estado la erradicación del analfabetismo, mientras éste subsista el voto de las personas analfabetas será facultativo.”

En relación a otros temas, también hemos ampliado -como debe ser- los derechos constitucionalmente reconocidos, así hablamos del refugio y el principio de no devolución como un derecho fundamental, la inclusión real y la paridad de género en las lides electorales es otro, la adopción de medidas afirmativas para fomentar la participación de sectores discriminados o la garantía por parte del Estado del acceso a los ´procesos electorales para personas con discapacidad, para que las mismas tengan acceso a los recintos y también las medidas técnicas necesarias para que ejerzan su derecho facultativo al voto.

Las mujeres hemos recorrido un camino largo, que no le pertenece a las generaciones presentes sino a mujeres que han venido caminando hace más de un siglo atrás, mujeres que lucharon y nos fueron legando sus ideales, para alcanzar lo que hoy tenemos. Por este motivo seguimos reconociendo nuestros derechos y especialmente el derecho a la representación paritaria en todos los cargos de decisión y otras instancias relativas a la vida del Estado, incluyendo los partidos y movimientos políticos. Solo el momento en que logremos que las decisiones de nuestra sociedad sean tomadas por igual por hombres y mujeres podremos hablar de una sociedad equitativa y se verán reflejadas las aspiraciones y necesidades de todos y todas.

Nuestro objetivo es la inclusión real, verdadera. Eso hemos reflejado en este trabajo final sobre los derechos políticos con los compañeros Rommel Rivera y Virgilio Hernández, miembros junto a mi persona de la comisión redactora.

María Soledad Vela Cheroni

Compartirlo!

Una de las expresiones más significativas de esta situación en la que nos desenvolvemos es el limitado acceso de las mujeres a la propiedad, hecho doblemente injusto si se considera que las mujeres aportamos con la mayor proporción del total del tiempo trabajado en el país. Así por ejemplo, sólo el 13% de hogares que tiene un negocio propio con RUC está dirigido por mujeres, y el 68% de hogares rurales pobres con jefatura femenina carece de propiedad de la tierra.

Definitivamente la participación plena e igualitaria de la mujer en todos los ámbitos incide de manera determinante en el desarrollo de la comunidad. En este sentido, ya aprobamos en este mismo plenario el principio de igualdad en la diversidad y no discriminación y dentro de los derechos civiles tenemos planteado el derecho a la propiedad para segundo debate, ambos presentados por la Mesa de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales.

La Constitución vigente ya contempló esta problemática respecto a la propiedad en su artículo 34 que dice: “El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la propiedad.”

El compromiso ciudadano que adquirimos como asambleístas fue el de elaborar una Constitución cuyo elemento central sea la progresividad. Esto se vuelve especialmente importante cuando se trata de enunciados que buscan superar injusticias y desigualdades, que plasman las luchas y expectativas sociales para construir la igualdad.

A pesar de esto en el articulado propuesto por la mesa 6 sobre el Régimen de Propiedad no se contempla esta garantía y considero que el tema debe mantenerse dentro de la sección de propiedad que hoy se define, con una formulación más concreta, para dar una paso más hacia la igualdad de oportunidades y derechos y hacia dignidad humana.

La propuesta es:

Art. xx.- El Estado garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y a los recursos para la producción, en su uso y manejo, y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal.

Para la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos la propiedad es un medio, no un fin: ese principio que compartimos en la ética colectiva debe reflejarse en esta nueva Constitución. No avanzaremos sin propiciar justicia económica para las mujeres. Retrocederemos si omitimos hoy aquello que ya fue recogido en 1998.

Compartirlo!

Los derechos políticos permiten a las personas construir y participar de la vida pública y política del Estado, crean la relación entre el pueblo como mandante y los gobernantes como mandatarios. Estos derechos integran al individuo a la vida de su comunidad y para ejercer muchos de ellos, es necesario cumplir requisitos. En este sentido cada vez se amplía más el espectro de participación para lograr una real inclusión de la población en las decisiones políticas y administrativas del Ecuador.

Luego de analizar las 18 propuestas realizadas sobre los artículos de derechos políticos, y del debate al interior de la mesa de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales presentamos a consideración del plenario los cambios que hemos realizado.

Los integrantes de la mesa nos encontramos frente a la recomendación de que al redactar los derechos políticos nos refiramos a los ciudadanos y ciudadanas, sin embargo y considerando que hay sectores de la población que no se identifican con el término ‘ciudadano’ y mas bien se sienten excluidos por eo mismo, hemos decidido seguir hablando de ecuatorianos y ecuatorianas, por considerarlo más incluyente de acuerdo a las ponencias que hemos recibido desde que se inició esta Asamblea por parte de sectores campesinos, indígenas y otros.

En el artículo 1, se eliminó el inciso 8, en ese sentido acogimos varias propuestas de eliminar de los derechos políticos la participación ciudadana, la misma que no se circunscribe únicamente al ámbito político sino que tiene una concepción mucho más completa.

Para ampliar la participación política de la población hemos considerado mantener las inclusiones al derecho al voto en el artículo 2. Nos ratificamos en el voto facultativo a los adolecentes desde los 16 a los 18 años, hemos recibido las propuestas de este sector de la población por un país mejor, y hemos conocido en las visitas a la mesa de la gran capacidad de análisis que tienen los chicos y chicas de esta edad, porqué marginarlos de escoger a sus autoridades si estamos seguros que si tienen capacidad para hacerlo?. Hay que reconocer que cambió el desarrollo del ser humano, y hoy con el amplio acceso a la información, los adolecentes están preparados para participar con su voto, con propuestas serias y razonadas o formando parte de la contraloría social.

Y con este mismo espíritu de inclusión, luego de un profundo análisis, consideramos que es oportuno mantener el voto facultativo a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; con esto no se politizarán estas instituciones sino que los integraremos al convivir democrático, a las decisiones trascendentales del país, y a elegir sus mandatarios.

De igual manera el voto para los extranjeros residentes en el Ecuador por cinco años será facultativo, sin esperar convenios de reciprocidad pues consideramos que están participando activamente de la vida del ecuador y bien pueden ser parte de las decisiones políticas fundamentales que se tomen en un país en que voluntariamente han escogido para vivir.

En este mismo artículo 2 incluimos el voto facultativo de los analfabetos que en la propuesta anterior estaba mencionada en una disposición transitoria por considerar los miembros de la mesa que la erradicación del analfabetismo es una política de Estado. De cualquier forma mantenemos esta disposición transitoria pues es un objetivo primordial que no puede perderse de vista.

Los ecuatorianos residentes en el exterior tendrán el derecho al voto para elegir presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta, así como los representantes de su circunscripción a la Asamblea Nacional y a otras formas de participación política, manteniendo unión de quienes han tenido que salir a vivir a otros países con la vida política y económica del Ecuador.

Para el primer debate propusimos en el artículo 4 que para presentarse a las candidaturas pluripersonales se requiere tener al menos 20 años, incluimos en este mismo artículo que en el caso de las juntas parroquiales los candidatos y candidatas podrán tener al menos 18 años, requisito de edad que ya se estipula en nuestra actual legislación.

Cambiamos la redacción del artículo 6 referente al derecho al asilo, pues el Estado ecuatoriano no garantiza el derecho al asilo de ecuatorianos y ecuatorianas sino que esta decisión depende de otros Estados. Así mismo si un ecuatoriano es perseguido en el exterior, no necesita que se le otorgue el asilo en su propio país, es su derecho retornar al Ecuador. Se incluye también el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a no ser extraditados por razones políticas o cuando el delito haya sido cometido en el Ecuador.

Cabe anotar que en el tercer inciso del artículo 6, ‘El Estado ecuatoriano no reconoce la aplicación extraterritorial de la ley’, se refiere a que no se podrá perseguir a los ciudadanos o ciudadanos en territorio ecuatoriano, ninguna fuerza de seguridad ni ningún juez extranjero podrán perseguir, investigar o tener jurisdicción en el Ecuador.

Enmarcados en los principios de aplicación de los derechos, específicamente en el de igualdad en la diversidad, que aprobó esta Asamblea, y también en concordancia con la conformación paritaria entre hombre y mujeres en las directivas de partidos y movimientos políticos que ya presentó la mesa 2 en este plenario, la mesa reconoce las medidas de acción afirmativa protegiendo los derechos de género en el artículo 7.

Quedan a consideración de la Asamblea estos artículos referentes a los derechos poíticos para en este segundo debate lograr la claridad necesaria en todos los puntos tratados, y sobre todo para alcanzar el país equitativo, inclusivo, justo y solidario con el que todos y todas hemos venido soñando por tanto tiempo.

Gracias

Compartirlo!

Hay quienes todavía sienten temores que evidencian el etnocentrismo y el desconocimiento o el afán de dominación de muchos grupos; no porque nunca lo hayamos reconocido dejamos de ser un Estado plurinacional. Lo fuimos desde nuestros orígenes.

Creo también que en un proceso diferente de reconocimiento es imperativo apoyar solidariamente la lucha de pueblos invisibilizados como el montubio.

Lógicamente la plurinacionalidad genera problemas para ciertos grupos a los cuales les resulta difícil ceder los espacios de dominación ganados y fundamentados en la inequidad y la discriminación.

Los pueblos y nacionalidades ancestrales que habitan en nuestro país han luchado por años, posicionando sus culturas, sus identidades, sus derechos, porque la historia los condenó a ello, a la lucha tenaz.

La globalización pretendió vender la idea de un mundo donde los territorios, las identidades y las diferentes culturas perderían fuerza. El efecto fue el contrario, la resistencia natural ha logrado poner en valor real la identidad, el territorio y la cultura de las diferentes nacionalidades y pueblos ancestrales. Marchamos hacia el reconocimiento total de la diversidad.

En este primer debate del “Carácter y elementos constitutivos del Estado” estamos revocando la condena histórica que hicimos en nuestro país, es un momento en el que nuestras nacionalidades originarias recuperan el reconocimiento que se les quitó sin siquiera preguntar, y sus integrantes nunca pudieron expresar su temor, su descontento, su desconocimiento.

Basta ya de actitudes temerosas que lo único que demuestran es que todavía existen voces que no aceptan la equidad. La plurinacionalidad será la base para que la unidad de nuestro país sea real, esperamos que estos temores infundados vayan desapareciendo con las definiciones que se irán haciendo en los respectivos debates constituyentes.

Comparto el pensamiento de Boaventura de Sousa: “Es importante defender otro tipo de unidad en la diversidad que no sea simplemente aceptada sino celebrada. La unidad no tiene por que ser homogénea y tampoco la diversidad tiene que ser desintegración. Estos son los retos que tiene que enfrentar la nueva Constitución para que efectivamente el actual proceso político implique una importante ruptura con el colonialismo que no terminó con las independencias.”

Apoyo y celebraré la declaratoria del Estado ecuatoriano como plurinacional porque lo ha sido desde siempre.

María Soledad Vela Cheroni

Compartirlo!

Los jóvenes se alejaron de la política desde hace décadas, desencantados y sin espacios en los cuales participar activamente. Es innegable que este proceso de la Revolución Ciudadana liderado por nuestro presidente Rafael Correa despertó nuevamente la esperanza y la gran participación de la juventud en el proceso, de esto soy testigo pues cuando iniciamos la lucha en el Catnón Sucre fueron los jóvenes quienes nos acompañaron. Hasta ahora tenemos una directiva que cuenta con el 70% de jóvenes menores de 25 años.

Ellos son producto de una actitud crítica frente a la sociedad que no se creó en un día, sino que simplemente no podía expresarse.Y esta experiencia podríamos afirmar que se repitió en la casi totalidad de los cantones del país. Esto demuestra la entrega, dinamismo, transparencia, ideales, optimismo y valores que muchos y muchas vamos perdiendo en el camino, pero como he dicho estos jóvenes tienen una trayectoria de entrega silenciosa y alejada de la política electoral que no ha logrado satisfacer sus anhelos.

Por este motivo en todo este proceso constituyente hemos prestado mucha atención a las demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ellos son la voz del presente. Y, entre esas aspiraciones que nos han presentado está el voto facultativo de los adolecentes mayores de 16 hasta 18 años.

Hay varios países de América Latina que han acogido esta norma y también muchos países europeos. Los adolescentes tienen el derecho y la capacidad de participar en las decisiones políticas, tienen el conocimiento y el interés en la realidad que los rodea y desean ser sujetos activos de los procesos de cambio.

Recordemos que hasta hace 100 años las mujeres no podían votar con argumentos similares a los que hoy se esgrimen en contra del voto facultativo de los adolescentes, falta de desarrollo psicológico, incapacidad para decidir, entre otros. Hoy nos encontramos con sectores que se oponen a que la opinión adolescente sea tomada en cuenta, respondiendo a una larga tradición que desconocía a los menores de 18 años como sujetos de derechos.

A los 16 años, los seres humanos se encuentran en la etapa de la adolescencia tardía, momento en el cual los proceso del pensamiento hacen que los chicos y chicas piensen con mayor frecuencia en conceptos globales como la justicia, la historia, la política y el patriotismo, dirigiendo su pensamiento hacia el rol que desempeñan en la sociedad y adquiere plenamente una personalidad propia.

Como integrantes de la Mesa de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales hemos sido testigos de este hecho, muchas delegaciones nos han visitado exponiendo sus criterios frente a la Constitución que se está elaborando.

La participación, como una práctica que sustenta el ejercicio de los derechos, debe no solamente aprenderse sino ejercitarse. En este marco es importante el papel del Estado, el mismo debe fortalecer el escenario en el cual los adolescentes pueden aprender a expresar sus puntos de vista, a ser parte de la definición colectiva de políticas y a asumir responsabilidades, de esta manera recalcamos enfáticamente que involucrar más a los jóvenes en la toma de decisiones, es el reconocimiento justo al pedido hecho por ellos mismos con representantes de todas partes del país ante la Asamblea Nacional Constituyente, es de la misma forma un reconocimiento a los años de participación democrática en diferentes procesos del país.

Es una realidad que los niños, niñas y adolecentes en la actualidad están mejor preparados, tienen mayor acceso a la información e incluso poseen las facultades para discernir sobre los conocimientos que van adquiriendo. Es hora de que sean tomados en cuenta como ciudadanos de primera clase y se fortalezca el proceso de madurez en temas políticos y sociales.

Se permite el trabajo de los adolescentes desde los quince años, pero se quiere negar el voto. Están capacitados para aportar con su contingente a la economía, pero no para decidir sobre el futuro de su patria.

El voto facultativo desde los 16 años ratifica el firme compromiso de la Mesa 1 de construir el camino por el cual se fortalece la democracia, cumpliendo con la propuesta de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin su participación en el presente no hay futuro posible para ese otro Ecuador que soñamos.

Compartirlo!