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1. FERNANDO TINAJERO en Marzo 31, 2008 12:50

   Quito, 30 de marzo de 2008

   PARA LA ASAMBLEÍSTA TANIA HERMIDA, EL VICEMINISTRO RAMIRO NORIEGA Y SU EQUIPO DE TRABAJO.

   Estimados amigos:

   Después del foro del pasado jueves he quedado con un mal sabor en la boca. Durante estos días he procurado encontrar el motivo de esta desagradable sensación y he tropezado una y otra vez con las opiniones que ese mismo día me comunicaron algunos de los participantes. Según ellas, el foro había sido un show montado con el propósito de dar una apariencia «democrática» a las decisiones que ya están tomadas respecto al tratamiento del tema cultural. He buscado entonces una buena razón para rechazar esas pesimistas opiniones, pero no he acabado de encontrarlas. Sigo resistiéndome, sin embargo, a aceptar la idea de que tantas personas hayamos sido utilizadas para legitimar un proyecto sobre el cual muchos tenemos varias observaciones, y me resisto por la sencilla razón de que no puedo creer que hayan podido prestarse a tales maniobras quienes han sido capaces de producir obras de arte que presuponen una absoluta honestidad. Por eso me decido a escribirles, convencido de la rectitud de sus propósitos y de que solo la comunicación y el diálogo pueden vencer mis dudas. Sospecho que ustedes recelan de mis intenciones, no tanto por las opiniones que en diversas ocasiones he expresado de viva voz y por escrito, sino especialmente porque ustedes suelen identificarme exclusivamente como funcionario de la Casa de la Cultura. Si lo soy ahora por obra de una serie de circunstancias que no viene al caso explicar, reivindico ante todo una vida entera dedicada de buena fe a la causa de la cultura, a la cual he sacrificado incluso legítimos intereses personales. No me dirijo a ustedes, por lo tanto, en mi pasajera condición de funcionario de una institución que merecería mejor suerte, sino como intelectual preocupado desde hace más de cuarenta años por alcanzar para el Ecuador las condiciones que hagan posible el viejo anhelo de dejar atrás el elitismo y la arbitrariedad en el manejo institucional de la cultura.

   El pesimismo de aquellos que consideran inútil la última discusión sobre el proyecto presentado por ustedes, tiene un fundamento: desde la primera versión de ese documento hasta la que a petición mía conocimos el día 27, no hay más que una diferencia, y consiste en que los seis artículos que aparecen destinados a la Constitución se desprenden directamente del extenso texto inicial, dejando algunos temas para una futura Ley de Cultura. La redacción de los textos, sin embargo, casi no ha sufrido modificaciones, y sigue presentando los mismos defectos que se hicieron visibles desde el comienzo: imprecisiones conceptuales, exceso de retórica, contradicciones, y sobre todo, un trasfondo ideológico que se encuentra más próximo al estatismo que al pregonado «socialismo del siglo XXI». Es posible preguntar, por lo tanto, de qué sirvieron todos los foros anteriormente realizados en distintas ciudades del país con el propósito confesado de recoger las opiniones, propuestas y sugerencias de todos los actores culturales. ¿Es que en todas partes todos estuvieron siempre de acuerdo en todo? Es difícil creerlo, no tanto por conocer nuestro medio cultural, más proclive a la confrontación que al diálogo, sino especialmente porque no se puede admitir que todas las personas puedan estar siempre completamente de acuerdo, y menos todavía cuando se trata de un tema tan complejo como el de la cultura y el manejo de las políticas culturales.

   La única respuesta válida que ustedes pueden dar al aludido pesimismo será, por consiguiente, la incorporación de las observaciones hechas en el último foro al documento que están patrocinando. Así podrán ustedes demostrar prácticamente que su intención de recoger opiniones, sugerencias y propuestas no es una simple declaración destinada a dar una apariencia democrática al proceso, sino un auténtico gesto de apertura. No se trata, desde luego, de que ustedes deban aceptar todas las sugerencias o propuestas: se trata de que muestren su disposición a acoger aquellas que tienen fundamento.

   Permítanme, por lo tanto, presentar ahora por escrito mis observaciones, propuestas y sugerencias, algunas de las cuales las he hecho ya de viva voz. Creo necesario insistir en esto porque el resumen presentado por el relator del grupo 7, en el cual participé, no fue lo suficientemente amplio, y no porque haya habido alguna deficiencia en el trabajo de Pablo Mogrovejo (quien, por el contrario, merece un aplauso), sino simplemente porque no hubo tiempo para que pudiera elaborar mejor su documento.

   OBSERVACIONES FORMALES

   Lo que acabo de decir me lleva a formular las siguientes observaciones:

   1. En el aspecto formal, el foro tuvo por lo menos tres defectos: el primero fue haber propuesto un temario excesivamente extenso para un tiempo excesivamente corto con la participación de un número excesivamente elevado de expositores. Esto puede explicarse por la necesidad de no dilatar el tratamiento de un tema que debe ser puesto a consideración de la Asamblea Constituyente en un plazo muy breve, y puede también decirse que la solución para ese inconveniente fue dada con el establecimiento de distintos grupos de trabajo . Cada grupo, sin embargo, tuvo que hacer frente a temas de gran complejidad, que involucran no solo a diversas instituciones del Estado sino también diversas perspectivas que no siempre son fácilmente conciliables. En el tema 1, por ejemplo, no solo que intervienen diversas cuestiones políticas, sociales, territoriales, económicas, ambientales e internacionales, y no exclusivamente culturales, sino que es necesario contar con el punto de vista de los directamente involucrados, que son los pueblos indígenas, cuya presencia fue casi insignificante en el foro y pasó casi desapercibida (al menos en las sesiones a las que concurrí). Igualmente, en el tema 5 (lo tomo al azar) es importante la participación de los organismos públicos y privados que se ocupan de la economía, las finanzas, la industria, la artesanía y el comercio; y así podríamos decir de todos los demás temas. En rigor, si de verdad se desea estudiar seriamente esos temas, habría que dedicar a cada uno un seminario distinto, de no menos de tres días cada uno.

   2. El segundo defecto formal se refiere precisamente a los grupos de trabajo inicialmente propuestos. Fueron seis y debían tratar los siguientes temas: 1.Plurinacionalidad e interculturalidad en contextos de globalización; 2. Derechos culturales, sujetos colectivos y participación ciudadana; 3. Espacio público y medios de comunicación; 4. Memoria y patrimonio cultural; 5. Sistema económico e industrias culturales; 6. Educación en las artes. Aparte de la complejidad ya anotada, es demasiado notoria la ausencia de un tema capital para el ordenamiento constitucional, y ese tema es el de las instituciones de cultura, sin las cuales los principios y las políticas no pasan de ser bellos discursos líricos. Por la naturaleza del tema omitido, su ausencia no puede menos que provocar muchas suspicacias: ¿por qué no se incluyó desde el principio la discusión sobre ese tema? ¿se la consideró sin importancia? ¿se quiso evitar los temas que provocan confrontación, para fortalecer los que pueden conducir a acuerdos? ¿se quiso pasar sin discusión el proyecto relativo al Sistema Nacional de Cultura, que hasta hoy es solamente un nombre acompañado de una vaga exposición sobre lo que será el Ministerio de Cultura? Confieso que no acabo de entenderlo.

   3. El tercer defecto formal fue de carácter logístico: la Mesa 9 de la Asamblea Constituyente, la SENPLADES y el Ministerio de Cultura fueron claros en el objetivo del foro que habían convocado: se trataba de discutir un proyecto oficial para la parte de la Constitución que tratará de la cultura. Lo que me llamó la atención desde el principio, sin embargo, fue que el documento que debía debatirse no había llegado a manos de los participantes. Solamente en el acto inaugural, los proponentes (Tania y Ramiro, en su orden) hablaron sobre dicha propuesta, exhibiendo su justificación teórica (no su texto) en una pantalla que dejaba ver por poquísimos minutos cada párrafo, de modo que para cualquier participante era imposible formarse una idea del conjunto. Ese fue uno de los casos en que los árboles no dejaban ver el bosque. ¿Por qué no se hizo con anticipación una reproducción del documento, como sucede en cualquier seminario bien organizado? ¿Fue una «falla logística», como suele decirse cada vez que se quiere diluir la responsabilidad? ¿fue una omisión deliberada, para que nadie pudiera referirse concretamente al texto del proyecto?

   4. Mi última observación formal es la siguiente: en la sesión plenaria se presentaron los resúmenes del trabajo de cada grupo: ¿qué va a pasar con ellos? ¿fueron discutidos en el foro, al que ya no pude quedarme por tener que atender otras urgencias? ¿se tomaron resoluciones? ¿qué se hará con las recomendaciones contradictorias? ¿quién decidirá en última instancia?

   OBSERVACIONES DE CONTENIDO

   Permítanme pasar ahora a las cuestiones de contenido. Al respecto tengo una sola observación que se desdobla en dos aspectos: ellos se refieren a la extensión y al desorden del proyecto, y pueden ser conjuntamente considerados.

   Bajo el título de «PRIMERA PARTE. Articulado constitucional propuesto para comentarios y aportes de todas las mesas», el documento que fue repartido entre los participantes del grupo 7 contiene seis artículos que se refieren exclusivamente al tema de los derechos culturales. En efecto, sus temas específicos son los siguientes: 1. Principio de titularidad individual y colectiva; 2. Derecho al intercambio y al diálogo intercultural; 3. Derecho al libre desarrollo de la creatividad; 4. Derecho a la identidad cultural; 5. Derecho al espacio público; 6, Derecho de los pueblos y nacionalidades a conservar el uso que tradicionalmente han dado al espacio público. Pero si se lee la tercera página del documento (no están numeradas), se encuentra otro título que dice: «SEGUNDA PARTE. Otras propuestas para otros lugares del articulado constitucional y/o para Ley Orgánica de Cultura. Escoger y aportar según la temática de cada mesa», y allí aparecen los siguientes temas: 1. Sistema Nacional de Cultura; 2. Objetivos del Sistema Nacional de Cultura; 3. Definición ampliada de espacio público; 4. Definición de Política Pública sobre el espacio público; 5. Normativa sobre comunicación; 6. Comunicaciones electrónicas; 7. Principios de Radio y Televisión; 8. Régimen de Patrimonio Cultural; 9. Diversidad Cultural; 10. Industrias Culturales; 11. Derechos derivados del libre desarrollo de la creatividad; 12. Limitaciones al ejercicio de otros derechos; 13. Políticas públicas en educación intercultural; 14. Derecho al patrimonio cultural.

   La simple lectura de estos enunciados, cada uno de los cuales corresponde a lo que sería un artículo constitucional, deja en claro tres cosas: la primera, que los proponentes tienen una serie de reales preocupaciones por el espectro cultural, lo cual es digno de aplauso; la segunda, que no tienen una idea precisa sobre el orden ni la jerarquización de los temas, cuya totalidad no han terminado de sistematizar; la tercera, que no disponen de una adecuada asesoría jurídica que les pueda orientar sobre la forma de organizar un cuerpo legal. Esto último es importante: al fin y al cabo, no se trata de un texto cualquiera, sino de la Constitución Política del Estado, y por mucho que se quiera introducir muchas novedades, es preciso dar a ese documento la forma jurídica que le corresponde.

   Al respecto es indispensable pedirles una breve reflexión sobre lo que significa un texto constitucional. Es, para usar una imagen, como el plano de la casa que se desea construir: un plano en el que deben constar los cimientos, las columnas, las losas, las instalaciones de agua y electricidad, la distribución del espacio entre los diferentes servicios, y todos esos elementos que configuran la estructura de la casa. Si apuramos un poco al arquitecto, hasta podríamos pedirle detalles de los interiores: tipo de puertas y ventanas, cielos rasos, cenefas, tipo de sanitarios e instalaciones de cocina… Ningún arquitecto, sin embargo, incluirá en el plano el lugar destinado al florero preferido de la señora de la casa, ni el sitio donde se pondrá el retrato de los abuelos. Si acaso, esos detalles quedarán para que los diseñe después un experto en decoración.

   Dicho simplemente: la constitución de un país, como dicen los juristas, solo debe contener la estructura fundamental del Estado, cuyos detalles deberán ser luego desarrollados en las leyes. Por eso la constitución debe limitarse a establecer los grandes principios, los lineamientos más generales, y conviene que lo haga en orden, para que la consulta de las normas sea accesible a cualquier persona y no solo a los iniciados en la técnica del derecho, que tampoco debe ser un saber esotérico. «La claridad es la cortesía del filósofo», decía Ortega, y estas palabras son aplicables al legislador.

   PROPUESTAS

   Llegado a este punto me parece conveniente presentar propuestas para mejorar el texto que llegará a la Asamblea Nacional Constituyente. No son propuestas nuevas: fueron preparadas por mí, con la colaboración estrecha e invalorable de Humberto Vinueza, y la Casa de la Cultura las acogió como propias. Ustedes ya las conocen, aunque nunca han dicho una sola palabra sobre ellas, lo cual solo podría explicarse de dos modos: o es que se trata de una propuesta tan mala que no vale la pena gastar el tiempo en argumentar sobre ella, o es que por haber sido presentada por la Casa de la Cultura se ha querido dejarla de lado, revelando así una actitud preconcebida sobre dicha institución. Supongo (y nada me induce a pensar todavía en lo contrario) que su silencio se debe a la segunda razón, y si esto no es así, me gustaría oírlo de ustedes.

   Como dije ya durante la sesión de trabajo del grupo 7, lo primero que se necesita es determinar qué temas relativos a la cultura deben ser incluidos en la carta constitucional. De acuerdo a la propuesta de la Casa, esos temas son los siguientes: 1. Definición de cultura; 2. Responsabilidad del Estado frente a la cultura; 3. Responsabilidad de la sociedad frente a la cultura; 4. Patrimonio cultural; 5.Derechos culturales; 6. Instituciones de cultura.

   ¿Qué contenido corresponde a estos temas, y cuál es la razón de incluirlos? Trataré de explicarlo.

   1. Las definiciones son importantes en las leyes, no porque las leyes deban convertirse en tratados teóricos, sino porque es preciso que los conceptos polisémicos sean asimilados unívocamente. En otros términos: así como el Código Civil define, por ejemplo, el matrimonio, a fin de que todo ciudadano sepa que en la ley se trata de un contrato solemne y no de un sacramento católico, así también la Constitución debe definir términos como el de «cultura», que por su propia polisemia y por la diversidad de teorías sobre ella, podría dar lugar a equívocos. A fin de evitarlos, la definición debe determinar el campo semántico que corresponde a ese término.

   La definición que Vinueza y yo redactamos y que la Casa de la Cultura ha acogido como propia es la siguiente: «La cultura es patrimonio material y espiritual del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad multiétnica. Comprende las lenguas, las costumbres, las tradiciones y creencias, los valores, las representaciones simbólicas, las expresiones artísticas y literarias, el pensamiento, las ciencias y la tecnología.»

   Las dos partes de esta definición tienen su razón de ser. La primera prescribe que, para los fines de la ley, se ha de considerar a la cultura como un patrimonio, cuyo titular es el pueblo, reconociendo a la vez la identidad multiétnica de ese pueblo. O sea, allí está ya consagrado el principio de la unidad en la diversidad: el pueblo (en singular) es uno solo, y es el pueblo ecuatoriano; pero este pueblo es a la vez diverso: su identidad es multiétnica. Y ese pueblo es el titular de un derecho de propiedad transmisible de generación en generación: por eso no es una propiedad cualquiera, sino una propiedad patrimonial colectiva, y por lo tanto, le son aplicables todas las normas que en las distintas leyes se refieren al patrimonio, incluyendo su carácter de no poder ser enajenado.

   La segunda parte de la definición enumera los elementos constitutivos de la cultura, a fin de que a nadie se le ocurra reducir las políticas públicas sobre la cultura a un conjunto de acciones orientadas a uno solo de estos elementos, como ha ocurrido hasta ahora. En efecto, la concepción tradicional de cultura la asimiló exclusivamente como el complejo formado por las artes, las letras y las humanidades: todas las políticas del Estado, si es que las hubo, se dirigieron por consiguiente a esa área, importante sí, pero no exclusiva, y el resultado fue una política cultural elitaria que sirvió para consagrar privilegios. A fin de remediar este defecto grave, que implica una profunda injusticia, es importante que en la Constitución consten todos los elementos que configuran la cultura, a fin de que las políticas públicas se ocupen de todos ellos y pueda ser reconocible cualquier omisión al respecto, lo mismo que cualquier inequidad. He ahí cómo, sin necesidad de abundar en un léxico que empieza ya a ser fatigante, se están consagrando los principios de la tendencia política actualmente dominante.

   Una última intención al redactar la definición propuesta fue la de contar con una pauta para organizar la institucionalidad del Estado en el campo cultural. Desde ya la enumeración propuesta nos dice que será necesario contar con instituciones especializadas en cada uno de los ámbitos que corresponden a los diversos elementos de la cultura, y que no es aconsejable una institución que se ocupe al mismo tiempo de todo. Aquí está, por lo tanto, el fundamento de lo que diré más adelante acerca del Sistema Nacional de Cultura.

   2. El segundo tema que contiene la propuesta adoptada por la Casa de la Cultura se refiere a la responsabilidad del Estado frente a la cultura. Considero que, en lugar de diluir esa responsabilidad en múltiples artículos sobre temas que por su propia variedad quedarán dispersos (así me hace pensar el título puesto a la segunda parte del documento presentado por ustedes), conviene determinar, en términos sintéticos, las responsabilidades que se le pueden exigir al Estado.

   Estas responsabilidades están en tres incisos que dicen así: «1. El Estado valorará, promoverá y estimulará el desarrollo de las culturas, la conciencia de nacionalidad y ciudadanía, las relaciones interculturales, la creación y la formación artística y la investigación científica. Promoverá por todos los medios a su alcance los procesos de integración mediante la cultura.- 2. El Estado establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como la difusión de su conocimiento y del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran, dentro de la unidad, la identidad nacional pluricultural y multiétnica.- 3. Será política de estado el desarrollo cultural del país. El Estado fomentará y estimulará las relaciones interculturales, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.»

   El contenido de este largo artículo dividido en tres incisos tiene un doble propósito: por un lado, se trata de dejar expresamente señaladas las obligaciones del Estado frente a la cultura, a fin de que sean adecuadamente exigibles en los términos que luego quedarán consagrados en la Ley; y, por otro lado, se trata de establecer una pauta para la definición de las políticas públicas relativas a los individuos y a las colectividades (pueblos, nacionalidades, grupos vulnerables, etc.), al patrimonio cultural y a las instituciones de cultura, que deberán ser integradas según los principios de equidad e igualdad. El texto propuesto puede admitir una mejor redacción, una mayor especificación de obligaciones y una mejor correspondencia con lo que más adelante debe decirse en relación con los derechos, puesto que todo derecho ciudadano corresponde a una obligación del Estado. Sin embargo, considero que la propuesta es válida, al menos como base de entendimiento.

   3. El siguiente tema es el de la responsabilidad de la sociedad. En efecto, es preciso considerar que no solo el Estado tiene obligaciones frente a la cultura: también los tiene la sociedad en general, y particularmente ciertas instituciones no estatales.

   Bajo esta consideración, el artículo pertinente dice así: «El Estado garantizará a todos sus habitantes y a los ecuatorianos residentes en el exterior, en igualdad de condiciones y oportunidades, la participación en el diseño de políticas, así como el disfrute de los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones, así como la protección de los derechos culturales y la defensa de la identidad nacional conforme a lo establecido por la Ley.»

   En honor a la objetividad creo que este artículo debe ser mejorado. En realidad, su texto se refiere a dos cuestiones distintas, que son la de los derechos culturales y la de las obligaciones de la sociedad. Considero, por lo tanto, que muy bien puede dividírselo: en este mismo lugar debe quedar el texto de la segunda parte («El Estado adoptará medidas para que la sociedad, el sistema educativo…», etc., hasta el final), dejando la primera parte (desde «El Estado garantizará a todos sus habitantes…», hasta «…bienes, servicios y manifestaciones de la cultura.» ) para otro inciso que deberá incluirse en el artículo relativo a los derechos culturales.

   4. Seguidamente se encuentra otro artículo relativo al patrimonio cultural. Dice así: «1. Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad particular que sean parte del patrimonio cultural se sujetarán a lo dispuesto en la Ley. 2. El Estado adoptará las medidas necesarias para conservar, restaurar, preservar y revalorar los bienes tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio cultural de la nación y difundir su conocimiento, conforme a la Ley.»

   La importancia de este artículo es obvia y no cabe demostrarla; es preciso reconocer, no obstante, que los dos incisos que aparecen en la propuesta no son suficientes. En virtud de las mismas razones ya presentadas para justificar la necesidad de incluir en la Constitución una definición de cultura, ahora considero necesario empezar por incluir una definición de lo que se considera como patrimonio cultural, agregando luego, con el mismo carácter sintético, algunas de las ideas que sí han sido consideradas en el proyecto presentado por ustedes.

   5. El tema que viene a continuación es el relativo a los derechos culturales. En la propuesta de la Casa de la Cultura se lee esto: «1. El Estado garantiza la libertad plena para la creación y expresión de todas las manifestaciones culturales. En todo caso, la libertad de expresión no podrá atentar contra los derechos morales y culturales de los habitantes de la República.- 2. El Estado promoverá la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios de difusión e información que emplean las tecnologías contemporáneas, utilizando para ello los medios legislativos, administrativos y financieros que fueren necesarios.- 3. El Estado garantiza los derechos morales y materiales de la propiedad intelectual comunitaria e individual y el aprovechamiento de los saberes ancestrales y de las nuevas creaciones artísticas, literarias, filosóficas, científicas y tecnológicas. La Ley regulará el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.»

   También este artículo es deficiente. Es indudable que en el proyecto presentado por ustedes hay un mejor tratamiento del tema de los derechos, aunque su exposición merece ser reelaborada para guardar concordancia con el estilo legal. En cualquier caso, no hay que olvidar que el párrafo que propongo extraer del tercer artículo debe también incorporarse en este artículo, cuyo conjunto debe armonizarse además con las disposiciones relativas a las obligaciones del Estado.

   6. Finalmente, la propuesta que estoy presentando contiene un artículo en dos incisos y se refiere a las instituciones de cultura. El texto propuesto dice así: «1. La Ley establecerá el Sistema Nacional de Cultura que integrará a todas las instituciones especializadas tanto del sector público como del sector privado, a fin de llevar a la práctica sus políticas culturales de aplicación obligatoria, incluyendo los objetivos nacionales en esta materia, en coordinación con los que se establecieren en los campos económico, social, ambiental, educativo, de salud, de las comunicaciones y de relaciones internacionales, y los recursos que se le asignen serán considerados como inversión. Las políticas culturales formarán parte orgánica de los planes de desarrollo, de conformidad con la Ley.- 2. El Estado reconoce la autonomía económica, administrativa y funcional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que, como parte del Sistema Nacional de Cultura, establecerá una organización y funcionamiento democrático, descentralizado y desconcentrado.»

   Debo decir paladinamente que no me encuentro muy satisfecho con este texto. Creo que en él se mezclan tres cuestiones que deben ser adecuadamente separadas. La primera es la que se refiere a las políticas culturales (y no se debe olvidar que entre los derechos culturales se ha propuesto ya el que tienen todos los habitantes de la República para participar en el diseño de tales políticas); la segunda es la que se refiere al Sistema Nacional de Cultura propiamente dicho, aunque no se dice si se trata de un organismo, una red, o una super-institución; la tercera es la que trata de la autonomía de la Casa de la Cultura, que se encuentra justificada, pero no se entiende la razón para no garantizar también la autonomía de otras instituciones (Academia de la Lengua o de la Historia, Instituto de Patrimonio y otras de ese estilo, y aun de otras, como por ejemplo el Centro Cultural de Azuayos residentes en Quito, o la Posada de las Artes Kingman).

   Mi opinión al respecto es que el tema de las políticas culturales debe ser tratado en un artículo aparte, y se deberá distinguir entre la formulación de tales políticas (para la cual será necesario que le Ley establezca un mecanismo adecuado) y su administración, que deberá estar a cargo del Ministerio de Cultura.

   En cuanto al Sistema Nacional de Cultura, será preciso que la Constitución se limite a disponer que la Ley lo organice, puesto que todavía hay mucho que discutir sobre la forma que debe adoptar tal organización. Las explicaciones que al respecto ha aportado Ramiro no cubren en realidad la totalidad de ese Sistema, sino exclusivamente la organización que según el proyecto se deberá dar al Ministerio de Cultura. Es una organización razonable; para avanzar sugiero que para cada uno de los cuatro ejes que Ramiro ha presentado, se definan cuatro instituciones que vendrían a ser una suerte de centros de subsistemas: uno para los asuntos de interculturalidad, otro para artes y humanidades, etc. Estas instituciones, que están por definirse, deben ser una especie de puentes entre el Ministerio y las instituciones menores que se incluyan en su correspondiente subsistema. Me adelanto a sugerir que una de esas instituciones-eje debe ser la Casa de la Cultura, en cuyo contorno deben agruparse todas las demás que se ocupan de las artes y las humanidades. Esto, desde luego, presupone una completa reconceptualización de la Casa, pero todos estamos de acuerdo en que ella es ya urgente e inaplazable. Lo que todavía queda por definir, aparte de lo ya dicho, es si las instituciones del sector privado deben también incluirse en el Sistema Nacional de Cultura. ¿En qué condiciones? ¿A qué título? ¿Cómo se podría conciliar esa inclusión con el derecho ya declarado de libertad irrestricta de todos los actores culturales?

   Finalmente, el tema de la autonomía, que ha sido acaso el más álgido de todos porque afecta no solamente a una tradición honrosa sino también (hay que reconocerlo) a algunos intereses de grupo, no debe ser tratado exclusivamente en relación con la Casa de la Cultura, sino teniendo a la vista todas las instituciones que entrarían a formar parte del Sistema. Al respecto, es importante considerar que tal autonomía será la única forma de evitar que en algún momento, no necesariamente del presente, haya tendencias estatizantes que pretendan convertir al Sistema en un instrumento político extremadamente peligroso. El equilibrio entre lo público y lo privado es la meta que debe buscarse en este sentido, y tal equilibrio podría asegurarse mediante la autonomía de las instituciones centrales de cada subsistema, las cuales, sin embargo, deberán actuar en coordinación con el Ministerio de Cultura. Para decirlo brevemente, la fórmula clave será coordinación, sí; dependencia, no.

   FINAL
   Estimados amigos: tengo la convicción de que, tanto a ustedes como a mí, nos mueven los mismos propósitos, y acaso pueda decir, los mismos sueños. Lo menos que podemos hacer, por lo tanto, es comunicarnos. He escrito esta larga carta con el propósito de poner en claro mis propias ideas sobre el tema tan complejo de la cultura en la Constitución, y no está por demás insistir en que estas ideas no son necesariamente las de los dirigentes de la Casa de la Cultura, ni de la Casa como tal. He tratado de ser objetivo en mis observaciones sobre su proyecto y no he ocultado las deficiencias que ahora encuentro en el que, siendo de la Casa en forma oficial, lo siento mío por haberlo redactado de principio a fin. He puesto sobre el tapete los puntos que aún pueden ser conflictivos y merecen un tratamiento más detenido, y aquellos otros en los que fácilmente podemos llegar a un acuerdo. He silenciado otros temas que, a mi juicio, no corresponden a la Constitución, sino a la Ley (el de las industrias culturales, por ejemplo). No es la confrontación, sino el acercamiento lo que estoy buscando. Espero, por lo tanto, que ustedes sepan dar a estas ideas la atención que ellas creen merecer. Al fin y al cabo, ni ustedes ni yo estamos trabajando para nuestros intereses, sino para el país que amamos y que deseamos engrandecer mediante la cultura. No hace falta agregar que me encuentro dispuesto a reunirme con ustedes cuantas veces sea necesario, a fin de llegar a lo que todos anhelamos.

   Sepan ustedes que soy, por encima de todo, un cordial amigo.

   Fernando Tinajero

2. Tania Hermida en Marzo 31, 2008 14:05

   RESPUESTA DEL VICEMINISTRO NORIEGA:

   Estimado Fernando,
   acabo de recibir su correo. Lo abrí ya, lo he recorrido velozmente y volveré a él en cuanto pueda. Mi primera reacción, sin embargo, es la de agradecerle por el envío, me parece que esa es la mejor manera de avanzar: comunicándonos.
   Sobre lo otro, pierda cuidado, no estamos manipulando a nadie, esa no es ni ha sido ni será la intención de ninguno de nosotros. Me resisto a creer que todos los gestos que hacemos deban responder a oscuras intenciones. En mi caso, lo único que me mueve (porque además no tengo “agenda” personal) es el deseo de trabajar por un mejor país.
   En términos generales, debemos seguir afinando las herramientas de comunicación, de socialización de los proyectos que nos incumben. Por supuesto. Todos tenemos mucho que aprender; de hecho, me parece que una de las perversidades del modelo hasta aquí imperante es justamente que, como sociedad, no hemos producido suficientes contenidos sobre cultura, esa dispersión y aridez son dramáticas y resolver este panorama debe ser una de nuestras tareas.
   Sobre los contenidos de la propuesta, es importante decir que ésta es tan significativa como las que varios sectores han presentado o están por presentar. En términos muy personales, en muchos sentidos me parece que tan o más importante que el texto en sí mismo, es la incorporación del tema en el tejido social. En esa medida, todas las voces nos deben parecer substanciales.
   Como usted, yo también creo que es indispensable precisar en el texto final lo que entendemos como “cultura”, y lo que el “ejercicio” de lo cultural significa. Del mismo modo, opino que es indispesable ahondar en lo del Sistema Nacional. Ahí tenemos unas tareas pendientes, que espero las podamos realizar colectivamente.
   Perdone por la respuesta vertiginosa, el tiempo y el deseo de responderle.

3. Luis Bravo Aucancela en Abril 2, 2008 16:23

   Gracias a la invitación abierta hecha por las personas y entidades organizadoras, pude asistir -en representación de SIPROBIIDA- al Foro “Soberanía Cultural y Derechos Culturales en la Constituyente”, efectuado el jueves 27 de marzo 2008, en Quito. Felicito por ese modo de dar apertura a la participación de diversos actores culturales.
   Sin embargo, dada la gran cantidad de personas asistentes y algunos inconvenientes metodológicos surgidos en la mesa 6, (tal como informó la coordinación) no fue posible abordar a fondo el tema EDUCACIÓN EN LAS ARTES, propuesto en el documento referencial, pese a ser quizá el más importante.
   Por ello, y más aún a sabiendas que urge elaborar la Ley Orgánica de Soberanía Cultural, me permito sugerir sean tenidas en cuenta las puntualizaciones siguientes y una propuesta de redacción que va en la parte final.
   1. La Educación artística es un derecho cultural de niñas, niños y adolescentes, sin excepción. Es una manera segura de cimentar la construcción de ciudadanía cultural, mediante procesos prácticos que desarrollen -por igual- varias destrezas expresivas y la necesaria capacidad apreciativa. La Formación Artística corresponde a instancias especializadas que también deberían estar alineadas con las metas culturales del país.
   2. En la actualidad, la educación artística se enuncia como área de Cultura Estética en el currículo de la Educación Básica, pero carece de una sistematización adecuada. La Formación Artística, según el art. 28 del Reglamento a la Ley de Educación, debió ser responsabilidad de la anterior subsecretaría de cultura, pero ésta jamás elaboró ni siquiera la normativa para el funcionamiento de ese tipo de instituciones.

   3. En la nueva Constitución, el artículo correspondiente debería mencionar: “DE LA EDUCACION Y FORMACION ARTISTICA”.

   4. Tanto la Educación Artística como la Formación Artística especializada deberían ser orientadas, controladas y financiadas por el el Ministerio de Cultura, ya que el Min. de Educación siempre está ocupado en otras prioridades. Además, para fomentar niveles complementarios de cultivo artístico, las organizaciones barriales, comunitarias y parroquiales deberían tener la capacidad de crear espacios e incentivos para la actividad grupal de los artistas aficionados; y la Ley debe contemplar la exoneración del pago de impuestos en la importación de instrumentos, equipos tecnológicos, textos científicos, repertorios, materiales, implementos e insumos destinados a la ejecución de este ámbito de programas y proyectos.

   PROPUESTA DE REDACCION

   ART… DE LA EDUCACIÓN Y FORMACION ARTISTICA
   La educación artística es componente indispensable en la construcción de ciudadanía cultural, en la configuración de equilibrio emocional y en la expansión intelectual de las nuevas generaciones. El currículo de la educación inicial, básica y media integrará obligatoriamente aprendizajes prácticos de apreciación y expresión artística. Las organizaciones barriales, comunitarias y parroquiales crearán espacios y programas de apoyo al cultivo artístico aficionado, con inversión estatal y/o privado.
   La formación artística descubre, orienta y especializa a las mejores vocaciones y talentos humanos que se constituirán en los nuevos profesionales del cultivo, investigación, creación, dirección o enseñanza de las artes. Esto se concreta a través de escuelas, colegios, institutos, conservatorios y demás instituciones, públicas y privadas del ramo, cuya regulación, asesoramiento, control y financiamiento están determinados por la Ley.
   Como estímulo efectivo a la educación, formación y cultivo artístico, las organizaciones e instituciones del SNC serán exoneradas del pago de impuestos en la importación de instrumentos, equipos tecnológicos, textos científicos, repertorios, materiales, implementos e insumos destinados a la ejecución de sus programas y proyectos.

   La interculturarilidad, el ejercicio de la identidad y la promoción de la diversidad de expresiones culturales …

   atte
   Luis Bravo A.

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